Teresa García-Noblejas
El Anteproyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la persona ante el proceso final de vida ha sido anunciado por el Gobierno como una forma de «enriquecer el estatuto de derechos de los ciudadanos españoles».
En su articulado, el texto del Anteproyecto enumera nada menos que 10 derechos:
1. Derecho a la protección de la dignidad de las personas en el proceso final de la vida.
2. Derecho a la información asistencial.
3. Derecho a la toma de decisiones.
4. Derecho a la información asistencial y toma de decisiones en menores.
5. Derechos a la información asistencial y toma de decisiones en situaciones de incapacidad.
6. Derecho a otorgar instrucciones previas.
7. Derecho a revocar o modificar instrucciones previas.
8. Derecho al tratamiento del dolor.
9. Derecho al acompañamiento.
10. Derecho a la intimidad.
Llama la atención, sin embargo, que de los 10 derechos enumerados, 7 ya están claramente recogidos en la Ley 41/2002 Reguladora de la Autonomía del paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica. Los otros 3 no regulados en esa Ley son:
- Derecho a la protección de la dignidad de las personas en el proceso de final de vida.
- Derecho al tratamiento del dolor.
- Derecho al acompañamiento.
Sin embargo, como explica Santiago Díez, portavoz de la campaña Vida Digna, «estos 3 derechos ya están consagrados en la Constitución Española (art. 10.1 y art. 43) por lo que no justificarían una ley, salvo que estuvieran efectivamente amenazados, algo que no parece que suceda en la actualidad. O que, con el pretexto de nuevos derechos, se pretenda encubrir alguna finalidad de distinto carácter y, en concreto, de naturaleza ideológica extraconstitucional».
Es innecesaria una nueva norma cuando la legislación actual ya garantiza claramente los derechos derivados de la legítima autodeterminación del paciente. Según Díez, todo parece indicar que el Anteproyecto de Ley es papel mojado: incluye derechos ya regulados y promesas huecas. A título de ejemplo, explica que el Anteproyecto, al referirse a los derechos de acompañamiento, intimidad y habitación individual, los condiciona a las disponibilidades de los centros. «Por tanto, estos derechos se convierten en una promesa vacía porque si no hay habitaciones individuales no se va a expulsar a los pacientes que estén ocupando esas habitaciones».
«Lo que está claro», concluye Díez, es que «la que anunciaron como Ley de Cuidados Paliativos no aporta nada nuevo a la calidad de vida ni a los derechos de los pacientes y desaprovecha la oportunidad de llevar a cabo una auténtica estrategia y desarrollo de Cuidados Paliativos como han pedido repetidamente las organizaciones profesionales especializadas».
En todo caso, esta valoración es sólo un avance del análisis de los diferentes aspectos del Anteproyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la persona ante el proceso final de vida que está realizando su grupo interdisciplinar de expertos de la campaña Vida Digna.