La Mesa del Turismo ha acogido con sorpresa y enorme decepción la decisión de la Unión Europea de que sus Estados miembros puedan restringir el uso y duración del llamado Certificado Verde Digital de Vacunación. “El giro en la política de Bruselas es absolutamente incomprensible e inaudito para el sector turístico español, que estaba confiado en la pronta habilitación de un pasaporte de vacunación que facilitaría los viajes de los ciudadanos dentro de las fronteras de la UE, tal como se había anunciado”, explica el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas.
En efecto, la UE presentó hace semanas la idea del pasaporte de vacunación como una herramienta eficaz para reanudar los desplazamientos dentro de Europa con las máximas garantías de seguridad. Este certificado digital habría de reflejar si su titular estaba vacunado, pero también los resultados de las pruebas PCR o de antígenos que se hubiera realizado o, incluso, si estuviera inmunizado por haber superado la enfermedad de la Covid.
El turismo vio con buenos ojos la iniciativa que, combinada con la distribución de nuevas remesas de vacunas a todos los países de Europa, estaba llamada a facilitar en gran medida la recuperación de la movilidad en el corto plazo. Pero la nueva postura de Bruselas lo cambia todo, y no precisamente para bien, en lo que toca al sector turístico, uno de los más afectados en las consecuencias económicas de la pandemia.
“Este cambio de tercio va a acarrear un nuevo contratiempo a una temporada turística crucial para la supervivencia del sector turístico en todos los países europeos, y muy particularmente en España, añadiendo lastre a la recuperación económica”, agrega Molas.
Para la Mesa del Turismo, Bruselas se lava las manos en un asunto de tremenda importancia, dejando al albedrío de los Estados cómo gestionar cada uno su certificado digital y descafeinando una iniciativa que habría sido muy positiva de venir respaldada por la Europa unida y sólida que debería de estar al frente de la gestión comunitaria de la pandemia.
En consecuencia, la asociación empresarial y profesional considera que el Gobierno de España tendría que hacer valer en Bruselas sus intereses en esta materia, los cuales no pueden divergir de los del sector turístico. Las cuentas públicas atraviesan no pocas dificultades y la contribución de la actividad turística al PIB, hundida del 12,5% al 4,88% en apenas un año, no ayudará a solventarlas. “Pero, más allá de esto, no es tolerable que en lugar de decisiones y políticas coordinadas, lo que recibamos de Europa sea un día una cosa y otro día la puerta abierta a la contraria”, proclama el presidente de la Mesa del Turismo, que ha remitido una carta de queja en este sentido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.