eutaTeresa García-Noblejas

La ministra de Sanidad ha presentado al Consejo de Ministros un Informe sobre el anteproyecto de la Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el proceso final de la vida.

La nueva norma omite le expresión «muerte digna» (expresión y reproduce las líneas básicas de leyes similares aprobadas en Andalucía y Aragón e impulsadas igualmente por el PSOE.

Los aspectos más cuestionables desde el punto de vista ético son los siguientes:

• El derecho a la sedación. La sedación es un tratamiento que debe decidir el profesional conforme a su criterio y a la buena práctica médica. Exigirla como derecho y obligar al médico a prescribirla puede poner en peligro la vida del paciente (ya que hay casos en los que la sedación está contraindicada) y, en todo caso, obliga al profesional a obedecer criterios ajenos a la ética profesional.
• La obligación de la Administración de respetar la voluntad del paciente sobre el proceso final de su vida. Hasta ahora la legislación garantizaba este respeto estableciendo como límite la buena práctica médica. En el Informe presentado hoy al Consejo de Ministros se omite la referencia a cualquier límite, lo que de hecho podría obligar a los profesionales sanitarios a realizar acciones contra la vida del paciente, como retirar la alimentación o la hidratación o atender peticiones de eutanasia. 
• Se hace mención de la lex artis (buen hacer profesional) en el apartado de propuestas de intervenciones al final de la vida y no en el apartado los derechos de los pacientes. Esta afirmación crea una indeseable divergencia entre los derechos de los pacientes (que podrían ser malinterpretados como ilimitados) y los deberes profesionales (entre los que se hace referencia al deber de respetar las normas de buena práctica clínica). 
• Los pacientes podrán ser considerados en situación de “incapacidad de hecho” quedando a merced de la decisión del médico que los atiende y de sus familiares, otorgando al médico el poder último de cómo y cuándo pueden inducirse sedaciones o retiradas de soportes vitales (como la alimentación y la hidratación). Con ello, la confianza en el profesional hasta el final no está garantizada.
• La referencia a los cuidados paliativos es marginal y escasa. No se habla de dotaciones presupuestarias ni desarrollo sistemático y homogéneo en todo el país. Tampoco está incluida en los derechos de los pacientes ni en el título de la ley.

«En definitiva», como explica Carlos Álvarez, portavoz de la campaña Vida Digna, «si la ley es como figura el Informe, los únicos profesionales sanitarios que ven reforzada su situación son aquellos que practican sedaciones irregulares, sobre los que no se prevé ningún tipo de exigencia o control. En cambio, los que quieran seguir optando por ayudar a los pacientes a vivir su vida dignamente hasta el final, aliviando sus síntomas, tendrán que defenderse frente a la opinión de otros facultativos, los familiares del paciente y el personal de enfermería. Lo cual indudablemente facilitará que, debido a las dificultades creadas, probablemente desistan de su actitud».

A juicio de Álvarez, lo más grave será el desamparo tanto de pacientes como de médicos que se opongan a las muertes directamente inducidas. El Informe se centra en situaciones de retirada de tratamientos y de derecho a finalizar la vida, favoreciendo el desánimo y propiciando el abandono de los pacientes terminales.