Decía el abogado, ensayista y novelista francés Henry Bordeaux (1.870-1.963) en su obra  La petite mademoiselle, respeto a los partidos políticos, lo siguiente: “Para que le arrojen a uno de todos los partidos, basta con ser imparcial”. Siempre he sido de derechas y no me importa en absoluto reconocerlo, sin embargo, con la misma franqueza y rotundidad debo decirles que ha llegado el momento en el que el sistema de partidos políticos, al menos el que conocemos y diría, estamos padeciendo en España, el cúmulo de errores, incumplimientos, necedades, ruindades, insensateces y corrupciones de los que han hecho abundante acopio durante los últimos años nos pone, a los ciudadanos de a pie, en el brete de tener que plantearnos si, de verdad, lo que más nos conviene a los españoles es seguir por la senda a la que nos han conducido quienes nos han llevado a rastras desde que el país entró en lo que, equivocadamente, consideramos como una democracia parlamentaria o bien, deberíamos empezar a considerar seriamente, en otro tipo de democracia o lo que se le quiera llamar, en la que se evitara que el poder cayera en manos de aquellos partidos que, en lugar de preocuparse por el bienestar, la salud, la prosperidad y las libertades del pueblo, garantizando la imposibilidad de que las cúpulas directivas de cada uno de ellos se eternicen en el poder, a través de sistemas electorales que los blinden como los que toman las decisiones de quienes deban ser los elegidos para sucederles, sin que las bases tengan mecanismo alguno para evitarlo.

 

Y es que, hay pueblos en los que parece que no existe mejor medio de dirigirlos, ponerlos en vereda y sacarlos adelante que el patrocinado por los césares romanos: disciplina, trabajo duro y respeto por la autoridad, que llevaron a Roma a ser dueña de medio mundo conocido. Sólo cuando la podredumbre moral, las malas costumbres, el debilitamiento del ejército y la indolencia de los césares se apoderó de la nación romana, fue cuando empezó la división del imperio, que quedó confirmada cuando los “bárbaros” se hicieron con el poder, con la caída del emperador romano Rómulo Augusto, depuesto por el caudillo hérulo Odoacro. Puede resultar duro el tener que reconocer que somos un pueblo excesivamente individualista, reacio a dejarnos dirigir, en el que cada ciudadano quisiera gobernar a su antojo, amén de intentar trasladar la representación de la soberanía del pueblo desde las Cortes a las calles, a los corrillos o a las tertulias de enterados de cafés, radios, televisiones y mítines políticos; no obstante, esta es la cruda realidad que quizá podamos atribuir a nuestro carácter mediterráneo pero que, a la hora de la verdad, no nos ayuda para nada a resolver nuestros problemas.

 

Hace años que la sociedad demanda una nueva ley electoral más justa, más equitativa, más abierta a la participación ciudadana y que refleje, con más exactitud y justicia, lo que demande la mayoría, evitando errores como el que, en un determinado momento partidos con pocos votos, a través de complicados vericuetos de la norma, puedan tener más poder que aquellos que gozaron de las preferencias de los votantes. Es evidente que a ninguno de los partidos, al menos de aquellos que pudieran hacerlo, les apetece que se produzca este necesario cambio que, seguramente, les impediría decidir sobre quienes han de ser los candidatos que gozan del apoyo de grupo dirigente pero que, sin duda, utilizando métodos más democráticos permitirían la participación más activa y cercana de los electores.

 

En numerosas ocasiones se ha hablado del sistema de listas abiertas. En otros países, como ocurre en el Reino Unido, existen elecciones de candidatos por distritos electorales que tienen la ventaja de que son escogidos dentro de su jurisdicción, lo que permite a los ciudadanos de cada circunscripción electoral elegir entre personas conocidas que estén al tanto de los problemas que afectan a aquella comunidad y que saben que deberán responder de su gestión ante aquellos que los han elegido, de modo que si fallan en su gestión y no satisfacen las expectativas de sus electores las posibilidades de ser reelegidos no dependerán tanto de los dirigentes de su partido, sino de la voluntad de quienes lo eligieron para ser su representante en el Gobierno o en el Parlamento.

 

Es obvio que, con el actual sistema, con la ley D’Hondt, con el procedimiento de listas cerradas se da el hecho, no deseable, de que las directivas de los partidos se constituyen en los verdaderos manipuladores de los electores que, si quieren votar a un partido con el que se sienten más cómodos, con el que más confían y que más se acerca a su modo de pensar, lo tienen que hacer aceptando completa la lista de candidatos que se le propone, sin que exista la oportunidad de tachar a los que no les agradan o de incluir a otros que, al criterio de cada uno, serían más aptos y apropiados para ocupar aquel lugar entre la totalidad de los propuestos. 

 

Esta especie de clientelismo que se deriva de encomendar a la cúpula del partido el confeccionar las listas de elegibles produce, generalmente, que no se produzca la renovación que a veces se precisa, evita que se puedan aportar nuevas ideas y, por supuesto, se produce una solución de continuidad entre el cordón umbilical que debiera unir a votantes y dirección de cada partido, de modo que los primeros tengan la oportunidad, en cada momento de la correspondiente legislatura, de hacer llegar a quienes dirigen la formación, sus inquietudes, sus formas de pensar o aquellos problemas que estiman que deben resolverse de una forma más urgente, por medio de la persona que eligieron como su representante de su propio lugar de residencia..

 

La democracia no es un coto cerrado de carácter inmovilista y condenado a unas reglas tan estrictas que impidan que los ciudadanos, periódicamente y de acuerdo con la gravedad de los acontecimientos que puedan afectarles, individualmente o colectivamente, puedan demostrar su aprobación o rechazo a sus delegados, con absoluta libertad y sin tener que quedar limitados a un grupo de señores preelegidos por aquellos mismos dirigentes que, quizá, ya no tengan la confianza de los electores, que quisieran poder escoger, como sus dirigentes, a otros posibles candidatos que aportaran nuevas ideas, más energía en la defensa de sus derechos o capacidades reconocidas.

 

Sería deseable que nuestra Constitución, a la vista de los problemas que han ido surgiendo en el régimen autonómico, tal y como fue establecido en ella, fuera objeto de una revisión a fondo para devolver al poder Central muchas de las competencias que fueron delegadas en los gobiernos autonómicos; especialmente a causa de sus respectivos estatutos que, en algunos casos, no fueron establecidos con plena libertad por parte de los anteriores gobiernos socialistas, que tuvieron que aceptar imposiciones que se han demostrado de efectos sumamente graves para la unidad de la nación. La necesidad de mantenerse en el poder movió a los gobiernos socialistas a ceder a los chantajes que los nacionalismos les impusieron. De aquellos polvos estos lodos.

 

Es de todo punto imprescindible una reacción valiente y tajante, para impedir que la deriva nacionalista culmine en situaciones en las que, la vuelta atrás, se haga imposible y que, como consecuencia de ello, nuestra gran nación quede convertido en una caricatura de lo que fue su propia imagen a causa de las dentelladas separatistas. O así lo veo yo, señores, desde la mirilla de observador de la sociedad.