Llevamos días masticando la propuesta del grupo parlamentario socialista que
“detalla en una enmienda que el juez o tribunal podrán "acordar motivadamente" un
desalojo en 48 horas en procesos de allanamientos de morada o usurpación de bienes
inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena”. Una medida que se
lleva reclamando años por parte de las plataformas y asociaciones de víctimas de la
ocupación. Una enmienda necesaria, pero totalmente insuficiente, que parece buscar un
lavado de imagen de un partido que ha negado la ocupación hasta hace pocos días, y sin
embargo, por sorpresa presenta una propuesta planteada por otros grupos y que nunca
ha considerado.

Igualmente es llamativo que vea la luz a unos meses de una campaña electoral
que marcará el pulso de las elecciones generales. Pero sobre todo, parece una
incongruencia que sea el PSOE quien la presente cuando ha insistido recurrentemente en
la falsa alarma de la ocupación, en el buen funcionamiento de las herramientas judiciales
para atajar el problema y en considerar bulos a quienes exponían su situación en medios
de comunicación.

Esta medida, que supone la aceptación implícita de la OCUPACIÓN y de la falta
de medidas legales para luchar contra ella, niega el discurso que ha apoyado el partido
durante años, obviando el sufrimiento de las víctimas de este delito, pero sobre todo,
negando la evidente aceptación de la mayoría de la sociedad de la ocupación como un
grave problema social que moviliza conciencias y atrae votos.

Pese a todo, esta medida es insuficiente para ubicar al PSOE en la lucha frontal
contra la ocupación, muestra de ello es la indiferencia que muestra el partido hacia
quienes sufren esta lacra. Valga como ejemplo la ausencia de respuestas a la petición
formal de reunión que ha realizado cada mes, durante el último año, la Plataforma de
Afectados por la Ocupación (@leyantiocupas) a La ministra de Justicia, Pilar Llop, para
tratar la indefensión de los afectados.

Igualmente, la diputada portavoz de vivienda del grupo parlamentario socialista,
Eva Bravo, y el Secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón,
bloquean a las víctimas en sus peticiones e ignoran cualquier comunicación con ellas.
Dos manifestaciones de víctimas por la ocupación han tenido lugar en las puertas
del congreso de los diputados desde septiembre del año 2021, y no ha habido ni una sola
comunicación con la plataforma organizadora de la acción, ni un apoyo de ningún
miembro del partido (a excepción del alcalde de Horche, gran conocedor de la lucha
contra la ocupación).
Con la publicación de esta medida, el PSOE pretender lavarse la cara ante la
evidencia del problema que cada día le estallaba en varios puntos de España, pero que,
sin lugar a dudas, no es una medida suficiente tampoco para acabar con el fenómeno de
la ocupación.

Las víctimas reclaman soluciones y medidas que reviertan los daños causados
que nunca llegan, pero también exigen medidas para atajar la nueva forma de ocupación
que se niegan a reconocer: la inquiocupación.

El descenso en el número de allanamientos en los últimos años hace residual la
aplicación de esta enmienda, por el contrario, se podría aplicar en casos de usurpaciones
–que afectan sobre todo a activos de bancos y fondos de inversión- pero siempre y
cuando no afecte a “familias vulnerables”. El deseo de proteger a quienes más sufren se
está convirtiendo en la llave de acceso a aquellas familias “falsas vulnerables” a ocupar e
inquiocupar viviendas -ante el amparo de Reales Decretos-.

En un juicio por desahucio una familia puede solicitar un informe de
vulnerabilidad, que el juez deriva a los servicios sociales para realizarlo en un plazo de
tiempo limitado –aunque en la mayoría de casos no los cumplen-. Si esta familia es
declarada vulnerable, el juez solicita que sean los mismos servicios sociales los que se
encarguen de buscar un recurso habitacional para esta familia, sin embargo, ante la
inexistencia de vivienda social el gobierno deriva sus responsabilidades sobre familias
de clase media-baja, que ven cómo un RD (Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre y
sus continuas prórrogas) les obliga a mantener a estas familias en sus vivienda ante la
falta de recursos del estado. Un RD sin escrúpulos, que transmite una imagen de un
gobierno que apoya a las familias vulnerables, pero que en realidad recae, ante su
impotencia- en familias que poseen una pequeña propiedad y que, incluso, deben de
asumir los gastos de suministros ante la amenaza de ser denunciados por coacción.
Las víctimas de la ocupación, unidas en la Plataforma de Afectados por la
Ocupación, rechazamos este tipo de medidas electoralistas que lo único que pretenden es
ganar votos en lugar de atajar el problema. El gravísimo problema de la ocupación no se
soluciona poniendo una tirita en la herida superficial, se ataja en la prevención y en las
medias efectivas para curar la hemorragia.

Plataforma de Afectados por la Ocupación