José Luis Barceló.

Recientemente, el 1 de junio pasado, Joan López Alegre publicaba en Economía Digital un artículo muy controvertido acerca de los que él llama la “antidiplomacia económica” de Torra y sus consecuencias en el “affaire” Nissan, que ha tenido como consecuencia ultima la huida del grupo nipón del territorio nacional, pero también del catalán. 

Es probable que Torra acelere su dedo acusatorio contra la política “centralista” que se airea desde La Moncloa, especialmente desde la declaración del Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, pero no es menos cierto que el sector del automóvil, y muy especialmente la industria, atraviesa en España unos momentos de crisis que se acrecentaron con la declaración unilateral de independencia y las políticas inciertas del gobierno central en cuanto a la prohibición de los motores de combustión y su posible sustitución por eléctricos o híbridos pero sin apostar decididamente por ello.

La confusión hizo que en los últimos meses de 2019 ya se retrajera la compra de vehículos de manera muy notable. Mientras en Alemania se ha apostado decididamente por impulsar la sustitución de vehículos de combustión por eléctricos financiando hasta con 4.000 euros a fondo perdido por vehículo, en España los costes de la sustitución deben correr a costa del bolsillo del comprador.

Entretanto, no se mira si hace falta gastar en tal o cual cosa ajena al interés común, como son las “embajadas” catalanas.

Las plantas de Seat en Martorell o de Ford en Almussafes no atraviesan mejores momentos, y ya veremos como se fragua el futuro de las mismas cuando escampe la crisis del Covid-19. Si la crisis social y sanitaria parece que empieza a remitir, la económica no ha hecho más que empezar: apenas llevamos dos meses de crisis.

Para Joan López la Generalitat y Colau llevan años trabajando para convertir Cataluña en un desierto industrial, aunque la culpa siempre la atribuyan a España o a terceros. Resulta más fácil echar la culpa a otros que asumir la propia. Es lo que se hace en los juicios cuando te imputan.

Qué casualidad que el Ayuntamiento en Pleno de Barcelona reprobó a Francia por una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre unos hechos sucedidos en 2013 cuando Manuel Valls era ministro del Interior, el mismo día que la planta de Nissan en Barcelona encaminaba sus pasos hacia el país vecino.

No es muy arriesgado afirmar que tanto la alcaldesa Ada Coalu como su mano derecha Janet Sanz cargaron contra el sector industrial, al que suelen tachar entre dientes de “capitalismo salvaje”, aunque obvian que generan puestos de trabajo ansiados por sus empleados y que representan más del 10% del PIB español. Claro que eso a Ada no le debe importar mucho, como también es probable que entre las dos, además de Torra y las fechorías de Puigdemont, hayan sido más que suficiente para que Nissan haya adoptado su decisión.

Pero no ha sido solamente Nissan, han sido decenas de miles de empresas las que se han fugado de la locura de Cataluña desde 2017, algunas tan emblemáticas como CaixaBank, que puso su sede central en Valencia.

Otros protagonistas salvajes de ésta diáspora empresarial son, a parte del propio Torra y  Puigdemont, últimos responsables al frente de la Generalitat, Rufián y Junqueras.

El independentismo y el populismo colauita son expertos en hacer acrecentar el perjuicio  a los catalanes y echar la culpa al resto de los españoles. La culta siempre la tienen fuera de Cataluña, nunca sus gestores.

Pero miremos al pasado. Las llamadas "embajadas catalanas" han sido una herramienta al servicio de la diplomacia económica de otros países. No es difícil imaginar como la diplomacia económica francesa, italiana, alemana o belga difunde en foros internacionales y lugares de influencia y toma de decisiones económicas todas las barbaridades que desde una oficina de una región española, como Cataluña, se dice sobre su propio país, España. Si la diplomacia sirve para algo es para limitar los efectos de tus propios deseos frente a las acciones de los demás. La Generalitat de Puigdemont y Torra ha querido embajadas para sus efectos de propaganda.

Con el tema de las embajadas catalanas se pone ahora de manifiesto que había además intereses exteriores que querían perjudicar a España. Puede parecer increíble, pero España aún tiene enemigos exteriores que pretenden dañarla, bien por ser un flanco débil en la estructura de la OTAN, bien por viejas rencillas más propias de la Leyenda Negra, o incluso por ambas.

Que Marruecos ha comenzado a sustituir a España en la zona del Estrecho y Atlántico es algo que a nadie se le escapa. Desde tiempos de Zapatero, España genera poca o nula confianza a sus aliados, y esa confianza o se restaña o se pierde para siempre. Y alguien habrá que ésta situación le interese.

La mengua de inversiones exteriores en Cataluña, la diáspora industrial y la pérdida de empleo, y, ahora más recientemente, la huida de Nissan, son caras de una misma moneda en la que tanto España como Cataluña, los catalanes y los españoles al mismo tiempo, hemos salido perdiendo. Torra dirá otra cosa, igual que Puigdemont, que se han alegrado cuando las cosas les ha ido mal a España y a Cataluña porque sus objetivos perversos son otros. Los efectos reales han sido un menor crecimiento económico y menor empleo. Y esa curva crece hacia abajo aun más.

Los presupuestos de la Generalitat para 2021 destinados a sus “embajadas” de la propaganda crecen y crecen sin que el Gobierno las limite, hasta la cota de 7 millones más de euros los 2 dedicados al chalet de Waterloo, la gran “macroembajada” con el sumo pontífice Puigdemont al mano de los tapices de terciopelo rojo. Efectivamente, la Casa y el Consell de la República cuestan 2 millones de euros al año.

En 2020 los gastos destinados al llamado “Departamento de Acción Exterior” de Cataluña han ascendido a la nada menos despreciable cifra de 76 millones de euros, de los cuales la Secretaría de Acción Exterior y UE retiene unos 48 millones que se distribuyen en 29 millones para “cooperación al desarrollo” y 7 millones de euros a las Delegaciones exteriores. Habría que indagar acerca de la ejecución presupuestaria de estas partidas y su destino final durante la crisis del Covid-19.

Además de esto, se abonan 1,4 millones de euros al Instituto Catalán por la Paz, y la Generalitat aporta al “Diplocat” 2 millones de euros, aunque tanto en teoría como en la realidad otras entidades como ayuntamientos, diputación, diversas empresas de las que quedan, aportarían otros fondos a éste organismo supuestamente representativo de Cataluña en el exterior. Lo cierto en los últimos meses es que pocas o ninguna empresa ha aportado fondos a esta “administración exterior”.

Pero estemos atentos: en ningún caso ese dinero ha ido destinado a cuestiones tales como evitar la marcha de Nissan. El único fin de ese dinero, el único trabajo de todas y cada una de esas oficinas exteriores de la Generalitat es la difamación, la mentira y la propaganda antiespañola. Putin, Erdogan o Maduro aplauden, nada les sale mejor ni más barato, son los principales interesados en que esas embajadas pululen a lo ancho y alto de nuestro Orbe.

En los 76 millones de presupuesto de la consejería de Exteriores de la Generalitat no cabe pensar en Nissan, todo el dinero se destina a destruir España y a hacer daño a su Sociedad, incluyendo la catalana. Desde esta perspectiva, la marcha de Nissan, que tanto perjudica a Barcelona y a España en su conjunto, es un éxito de la obtusa perseverancia de la acción exterior independentista, dice Joan López en su artículo.

Entre 2019 y 2020 el consejero de Exteriores ha viajado varias veces a Alemania, Suiza, Bélgica, Portugal, Irlanda, además de a diversos países de la exYugoslavia, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos, incluso a las Islas Feroe. En ningún caso el fin era económico ni generaba beneficio alguno a los catalanes, sino que los fines son eminentemente políticos y en la búsqueda de la discordia y de alianzas contra España.

El objetivo de esos viajes y de las oficinas exteriores de la Generalitat, continúa Joan López,  siempre es el mismo: captar adeptos para la independencia de Cataluña. En todos los lugares del mundo siempre hay alguien dispuesto a escuchar, aunque sea sin las tan ansiadas cámaras, siempre hay alguien dispuesto a hacer un informe y siempre hay alguien que podrá utilizarlo. El independentismo cree que sus embajadas debilitan a España y con ello les refuerza a ellos.