Luis de Haro

Hasta hace muy poco tiempo desde España podíamos asegurar que teníamos el mejor Sistema Nacional de Sanidad del mundo, con un gasto notablemente inferior al de otros países desarrollados, el ciudadano puede disfrutar de los mejores servicios de salud, grandes profesionales y un desarrollo sostenido.

Pero, ¡cómo ha cambiado la realidad! Siempre pendientes de vender la imagen se ha dejado de lado mantener el desarrollo, y la sostenibilidad tiene un límite cercano. Desde todos los rincones profesionales se lleva anunciando que la situación está cerca de ser irreversible. Un negro futuro que se agrava debido a la actual crisis económica, mundial y local, que no acaba de ver la luz porque los “brotes verdes” distan mucho de ser visibles. De ahí que resulte tan necesario como urgente emplearse a fondo para que se puedan superar las insuficiencias que cada vez con más frecuencia y magnitud están aflorando.

El problema lo tenemos ya con nosotros, claro y evidente. ¿Quién debe afrontarlo o quien debe tomar la iniciativa para abordar esta problemática que ya está adquiriendo dimensiones altamente preocupantes? Es una pregunta en primera persona, para cada uno, cada ámbito de la sanidad, administraciones públicas, entidades privadas, colegios profesionales, profesionales sanitarios, pacientes… Las permanentes vacilaciones, dudas y cambios de criterio en función de la necesidad personal han propiciado que se llegue a esta situación que, de continuar por la misma senda, su solución resultará cada vez más costosa y difícil de resolver.

El desarrollo de la actual Ley General de la Sanidad es un clamor colectivo que todos los estamentos profesionales llevan mucho tiempo reclamando. Este desarrollo es una prioridad básica ya que, a pesar de sus veinticinco años de existencia, debería haberse abordado en la amplitud y detalle que requiere. Una Ley que sentó las bases para que la asistencia sanitaria llegara por igual a todos los rincones de España, que choca ahora frontalmente con una realidad que permite el incomprensible hecho de que en nuestro país se estén realizando diecisiete categorías o grados diferentes de prestaciones, una por comunicad autónoma. Una situación inexplicable sino es desde un punto de vista de político, de pequeñas miras, muy difícil de entender por los pacientes.

La sanidad vende, es un hecho, pero el análisis, la acción y el ajuste no generan votos, generan votos los anuncios de inversiones, los anuncios de grandes servicios hospitalarios. ¿Qué hay que hacer para que se escuche a los profesionales? ¿Hasta cuándo va a ser utilizada la Sanidad Pública por las Comunidades Autonómicas como trampolín o palanca para obtener votos a su favor?

¿Copago sanitario?
El establecimiento del “copago”, cualquiera que sea la cuantía que se establezca, puede realmente , como tanto se ha dicho, resolver o coadyuvar a la solución del problema?. El informe de la Fundación Bamberg lo rechaza frontalmente porque su cobro aportaría más dolores de cabeza que soluciones.

En unas recientes declaraciones, el ex-ministro de Sanidad, Dr. Bernat Soria, apunta algunas recetas o soluciones para que la actual gestión del Sistema Sanitario en España pueda llegar a ser más eficaz y resolutivo. Esquemáticamente centra sus observaciones en los siguientes puntos: Diluir las fronteras de lo público y lo privado, que los profesionales dejen de ser médicos funcionarios y que su sueldo sea variable para que esté directamente relacionado con la actividad que desarrollan, dar más protagonismo al médico de familia y realizar un catálogo único de fármacos.

A estas indicaciones podrían añadirse otras muchas, bastante dignas de tenerse en cuenta, como por ejemplo, que los poderes públicos actúen con mayor coherencia. En este sentido es de sobra conocida la postura del Grupo Popular en el Congreso que defiende la existencia de una mayor cohesión entre los diversos escalones del Sistema Sanitario Nacional. Una recomendación que no sentó nada bien a la FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública). Abordar definitivamente el tema de la obligatoriedad de la Colegiación para ejercer la Medicina, así como la regulación del control de las titulaciones de las personas procedentes de otros países, especialmente de Hispanoamérica. Son ideas muy apoyadas por la mayoría de nuestros Colegios de Médicos, especialmente la segunda porque el descontrol actual está perjudicando mucho a la calidad de los servicios que se prestan al paciente, de manera era especial en los servicios de urgencia.