Redacción Madrid. 25 de septiembre. Los ministros del Interior de la UE aprobaron hoy formalmente el Pacto Europeo de Inmigración promovido por la presidencia francesa, cuyo objetivo es endurecer la lucha contra la inmigración ilegal y promover la inmigración legal y la integración, según informaron fuentes diplomáticas.

   El Pacto, que ya recibió el visto bueno de los Veintisiete en una reunión informal celebrada en la localidad de Cannes el pasado mes de julio, todavía debe ser ratificado en la cumbre que celebrarán en octubre los jefes de Estado y de Gobierno.

   España, que estuvo representada en la reunión por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se encuentra satisfecha con esta iniciativa porque ha participado en su redacción desde el inicio y porque el Gobierno de París ha suprimido las dos cuestiones que más le incomodaban: la referencia a un contrato de integración para los inmigrantes y la intención de prohibir prácticamente las regularizaciones masivas.

   Desde que se discutió en julio sólo se han introducido dos modificaciones. En primer lugar, y a petición de Malta, se prevé para los Estados miembros sometidos a una fuerte presión migratoria un mecanismo voluntario de reparto de los peticionarios de asilo.

   En segundo lugar, y a petición de Dinamarca, se lanza una advertencia para reforzar la vigilancia sobre los matrimonios de conveniencia. Ello responde a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que señala que un cónyuge no europeo de un ciudadano de la UE puede residir en cualquier Estado miembro.

   El Pacto europeo pide a los Estados miembros limitarse a las regularizaciones "caso por caso y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales por motivos humanitarios y económicos".

   Además, invita a los países de la UE a poner en marcha "políticas ambiciosas para favorecer la integración armónica en sus países de acogida de los inmigrantes, con la perspectiva de que se instalen de manera duradera".

   Estas políticas, deben descansar en el equilibrio de los "derechos" de los inmigrantes, como el acceso a la educación, al trabajo, la seguridad y a los servicios públicos y sociales, y de sus "deberes", entre los que menciona el respeto a "las leyes del país de acogida".

   Comporta también medidas específicas para favorecer "el aprendizaje de la lengua y el acceso al empleo, factores esenciales de la integración" y pondrán igualmente el acento en el respeto a las "identidades" de los Estados miembros de la UE, así como a sus "valores fundamentales", como los derechos humanos, la libertad de opinión, la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres y la obligación de escolarizar a sus hijos.

   Respecto a la reagrupación familiar, se pretende que los Estados tengan en cuenta sus capacidades de acogida e integración respecto a las familias, en función de los recursos de éstas, de sus posibilidades de alojamiento en el país de destino y, por ejemplo, su conocimiento de la lengua.

   El Pacto refleja la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal, básicamente garantizando el regreso de los irregulares a sus países de origen o tránsito y pide cooperación entre los Estados miembros para que los extranjeros en situación irregular abandonen el territorio.

   Todo ello se argumenta porque la Unión Europea no tiene los medios para acoger dignamente a todos los inmigrantes y advierte de que una inmigración mal gestionada puede afectar a la cohesión social del país de destino. En este sentido, reclama tener en cuenta las capacidades de acogida del mercado de trabajo, los servicios sanitarios, escolares y sociales.

   Recuerda que el comportamiento de un Estado "puede afectar a los intereses de los otros" y que, por tanto, es "imperativo" que cada Estado miembro tenga en cuenta los intereses de sus socios en la definición y aplicación de sus políticas de inmigración, integración y asilo.

   Igualmente, resalta que las migraciones internacionales pueden ser una oportunidad porque son "un factor de intercambio humano y económico" y "contribuyen al crecimiento económico" de la UE y de sus Estados miembros.

   Quiere que los países tengan dispositivos nacionales para el regreso voluntario de los irregulares, y en el ámbito del refuerzo de las fronteras exteriores, que como muy tarde se generalice el uso de visados biométricos el 1 de enero de 2012 y se refuercen los medios de Frontex, la Agencia europea de fronteras exteriores. Y se inclina por poner en marcha un registro electrónico de entradas y salidas igualmente a partir de 2012.