Teresa García-Noblejas

Acaba de finalizar en Viena una reunión de la red de asociaciones civiles (la Fundamental Rights Platform o FRP) que colaboran habitualmente con la Agencia Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA). La reunión ha tratado sobre la igualdad y la no discriminación.

Durante la primera sesión de la reunión plenaria se presentó el estudio, encargado y financiado con 370.000 euros procedentes de la FRA y realizado por la controvertida ILGA-Europe (que agrupa al «lobby» activista homosexual de Europa); el citado estudio incluye, supuestamente, 93 000 casos de discriminación homófoba en Europa (el 25 % agresiones físicas) y será presentado de manera oficial el 17 de mayo.

«La relevancia de este estudio es», explica Leonor Tamayo, «es que pretende ser la base para impulsar la Directiva Europea de Igualdad de Trato».

Pero la realidad es que numerosos expertos y asociaciones civiles han denunciado la falta de rigor en la metodología y análisis de los datos del estudio además de la escasa coherencia estadística respecto a las denuncias policiales. Así, por ejemplo:

• Es llamativo que el estudio se base en datos no verificables remitidos por personas anónimas que se declaraban gays, lesbianas, transexuales o bi-sexuales sin que hubiese, además, ningún control en la recepción de las respuestas que evitase varias respuestas de un mismo origen.
• Sólo gays y lesbianas podían responder a las preguntas del cuestionario en el que se basa el estudio y, por supuesto, las preguntas se hacían de manera tal que resultaba difícil que las respuestas no se ajustasen a los objetivos de demostrar la discriminación hacia los homosexuales.

La reunión celebrada en Viena y su contenido han alertado a algunos miembros del Parlamento Europeo, como los eslovacos Mikolasik y Zaborska y el polaco Szymanski, que han entregado una pregunta escrita sobre la competencia legal de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales para discutir y promocionar una directiva europea en una reunión de las asociaciones civiles.

«Numerosas asociaciones civiles y ONGs miembros de la FRP también contemplan atónitos cómo la única reunión anual de esta institución se dedica casi en exclusiva a un asunto que ni es de su competencia ni sobre el que hay consenso entre los estados miembros mientras se olvida discutir muchos otros asuntos relacionados con los derechos fundamentales. Es un escándalo que se utilice el dinero público para realizar un estudio para algo que no le compete y que muestra un descarado sesgo ideológico. No se puede consentir que haya convierta a la FRP en trampolín de lanzamiento para la manipulación ideológica y en un jugoso y rentable instrumento en manos del lobby gay europeo para desarrollar su estrategia política de promoción de una legislación que les sitúe en una posición de privilegio frente al resto de ciudadanos a través de la Directiva de Igualdad de Trato», concluye Leonor Tamayo.