Teresa García-Noblejas
Profesionales por la Ética

Una delegación de la asociación Profesionales por la Ética encabezada por su presidente, Jaime Urcelay, presentó el martes, en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas el informe elaborado por la asociación bajo el título «La versión española de Educación para la Ciudadanía: una agresión a la libertad de educación en Europa», en el que explica la dimensión europea de un conflicto que afecta a miles de familias españolas.

Como ha expuesto Jaime Urcelay ante medio centenar de eurodiputados del Grupo Popular Europeo (el mayoritario en el Parlamento), «amparándose en la Recomendación 12/2002 del Consejo de Europa y otras directrices europeas el Gobierno español implantó en 2006, sin el consenso deseable, un conjunto de materias escolares que conforman un área curricular, obligatoria y evaluable, denominada Educación para la Ciudadanía (EpC)».

«Aunque la denominación de las nuevas materias escolares españolas puede coincidir con la de las existentes en otros países europeos», ha aclarado Urcelay, «las diferencias son notables. En España, las asignaturas de EpC son obligatorias y evaluables y están destinadas expresamente (según reconoce el currículo legal) a formar la conciencia moral de los alumnos, introduciéndose en sus valores y en su intimidad personal y familiar.

Por su parte, Leonor Tamayo, Coordinadora de la Campaña de Objeción a EpC, ha recordado que los padres españoles han presentado, a lo largo de los tres últimos años, 55.000 declaraciones de objeción de conciencia a estas asignaturas, negándose a que sus hijos asistieran a las correspondientes clases.

«El conflicto», ha afirmado Tamayo, «ha dado lugar a más de 2. 000 procedimientos judiciales que no se han paralizado a pesar de que el Tribunal Supremo (en una votación muy dividida) negó a los padres la posibilidad de objetar a estas asignaturas. El pasado 19 de marzo, 305 españoles presentaran demanda contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo por vulneración de derechos fundamentales. La demanda incluye 105 casos de menores que están siendo acosados por objetar a alguna de las asignaturas de EpC.

Por último, Urcelay ha concluido afirmando que «esta realidad aconseja una toma de conciencia por parte de las instituciones de la Unión Europea y, de manera muy especial, por parte de los representantes de la ciudadanía en su asamblea parlamentaria. El conflicto de EpC ha cruzado las fronteras españolas y ha adoptado una dimensión europea ya que están en juego derechos fundamentales amparados por la legislación comunitaria».

Por ese motivo, Urcelay ha anunciado la creación de la Red Europea de Libertad de Educación, una iniciativa impulsada por Profesionales por la Ética para promover el intercambio de información y experiencias y la coordinación de actuaciones entre entidades europeas que defiendan la libertad de los padres para educar a sus hijos.

En representación de los eurodiputados asistentes a la reunión, ha intervenido Jaime Mayor Oreja, vicepresidente del Grupo Popular Europeo, quien agradeció a la asociación el esfuerzo de haberse desplazado hasta Bruselas para presentar este trabajo