Redacción

La recesión que comenzó a experimentar la economía española a principios de 2008, agravada después en 2009 y la política económica-poco afortunada que se siguió después años para hacerle frente, llevaron a la acumulación de algunos desequilibrios macroeconómicos insostenibles. Para que estos no puedan ser solucionados parcialmente, haciendo inviable la recuperación por el camino del crecimiento estable de la economía española, se puso de manifiesto a lo largo de 2011 una leve recuperación posterior, junto con el resto de la zona euro, que pueda dar lugar a que se produzca una nueva caída o entrada en otro nuevo periodo recesivo.

Con este motivo, el Ministerio de Sanidad está elaborando una orden que será sometida inmediatamente a la consideración del Consejo Territorial de Dependencia. Según ella, las Comunidades autonómicas tendrán que certificar por escrito, mensualmente y todos los años, en qué han gastado el dinero que, con este fin, han ido recibiendo del Estado.

Según parece, el texto la futura Orden Ministerial creará un nuevo sistema de información del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SISAAD). Se establece que un cargo Autonómico, con un rango no inferior al de director general, deberá presentar todos los meses un escrito en el que de fe de la veracidad de los datos que en él citada aporta su Comunidad, especificándose claramente las altas o bajas que se hayan producido entre los posibles beneficiarios, así como la descripción de los servicios y prestaciones que se le han dispensado. La idea responde a la necesidad y obligatoriedad de mejorar la “calidad de la transparencia en esta materia. La obligatoriedad de esta medida se basa en el hecho de que su Comunidad recibe una dotación económica que está directamente relacionada con la población que ha atendido y en la medida en que se ha hecho. Se hace a instancias de la solicitud realizada por el Tribunal de Cuentas, que afecta a la revisión real de los cuidados que, en principio, se ha propuesto que se van a dispensar a su población dependiente. Según parece ahora mismo hay 12.000 expedientes con irregularidades, entre los que hay personas ya fallecidas que no han sido dadas de baja.

El titular competente del órgano correspondiente de cada Comunidad Autónoma, expedirá anualmente, antes de cada 30 de abril, la certificación correspondiente con el visto bueno del representante de la intervención de dicho organismo comunitario, para que los datos que se especifican en el preceptivo informe sean correctos. Además, el día 25 de cada mes deberán remitir al Imserso, a través de un formulario específico con todos los datos económicos necesarios, indicando las altas y bajas que se han producido en el sistema durante el mes anterior.

En la nueva regulación del SISAAD se recogen varias novedades, como la creación en el Imserso de un sistema informático que sirva para introducir la información que desde las comunidades autonómicas envíen para la elaboración de una base de datos con carácter personal, a la que estas pueden acudir con su perfil de usuario. No obstante, según se contemplará en el citado Decreto, se contempla la posibilidad de que cada Comunidad pueda establecer sus propios sistemas de información.