Las bolsas de empleo tienen que abrirse y ser rotatorias
Ramiro Grau Morancho. Las recientes elecciones autonómicas y municipales han supuesto una cierta entrada de aire fresco en las hediondas dependencias oficiales.
Pero persisten las viejas prácticas, entre ellas la existencia de una administración paralela, formada por personal enchufado, recomendado, opositores fracasados (en España haber suspendido una oposición es “mérito”, curiosamente), etc. Conozco gente que llevan más de 30 años, que se dice pronto, viviendo del cuento, es decir de su inclusión en una de esas bolsas de personal contratado…
¿Cómo se conjuga la existencia de esas bolsas de acero, inamovibles, con los principios de igualdad (art. 14), mérito y capacidad (art. 23, 2), publicidad (de creación jurisprudencial), y 103, 3, de la Constitución vigente?
Los funcionarios o empleados públicos interinos, sustitutos, contratados, etc., cuándo cesan vuelven a integrarse en la bolsa correspondiente, mejorando su ubicación, pues se les valoran los nuevos servicios prestados.
Con este procedimiento lo cierto es que trabajan prácticamente siempre, mientras que los recién titulados, muchos de ellos con más méritos, mejores expedientes académicos o profesionales, etc., se quedan a verlas venir.
El empleo público es de todos, y todos tenemos derecho a ocuparlo, en condiciones de igualdad. Lo lógico es que se reformase la normativa de esas bolsas, y se hagan rotatorias, de forma y manera que quienes ya hayan sido nombrados o contratados, una vez que cesen pasen al final de la bolsa. Así sucede en la bolsa de empleo de Correos, por ejemplo, única que conozco que aplica este sistema, que me parece el más justo, dicho sea de paso.
Hace unos días cogí en la calle un diario gratuito, y una de sus lectores decía al respecto lo siguiente:
“Las bolsas de trabajo en las administraciones públicas son un atropello a la igualdad de derecho a trabajar en lo público. En teoría, a las opositoras que sin haber conseguido plaza (pero habiendo superado algún ejercicio de la oposición), nos metemos en la bolsa, cuando contratan temporalmente nos deberían llamar por turnos. De este modo trabajan unas y, cuando acaban, nos debería corresponder a las siguientes. Eso sería lo justo en un país honrado.
Pues no, a las que ya han trabajado les dan unos puntos y cuando vuelven a contratar temporalmente, ¡vuelven a contratar a las mismas!, porque las demás no tenemos puntos dado que no hemos trabajado. Es kafkiano, pero con el paro que tenemos los jóvenes, debería de ser ilegal, pero en este país todo vale. Así, hay gente que sin aprobar ninguna oposición lleva años trabajando en las administraciones por este arbitrariedad vergonzosa y, en cambio, otras estamos desamparadas.
Yo no creeré en la honradez de ningún partido político ni de ningún sindicato que no denuncie esta criminal situación. Creo que la administración es un coto cerrado. Han formado una casta de privilegiadas y las demás no tenemos ningún derecho. ¡Vergüenza! D. C. T. (20 Minutos Zaragoza, 12 de junio, pág. 15).
Poco más se puede añadir, salvo suscribir sus palabras, del principio al final. Y decirle –siento tener tan mala uva, pero es la verdad-, que en muchas administraciones públicas se prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer: los que llevan muchos años de servicios, y por consiguiente tienen bastantes puntos, están por delante que quienes han aprobado algún ejercicio de la oposición, y acreditado por consiguiente, de una forma objetiva, su competencia profesional.
¡Qué país! La expresión COTO CERRADO es muy acertada.
Confío y espero que los partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, fundamentalmente, sean capaces de solucionar este problema. Estoy seguro de que, si lo hacen, conseguirán el apoyo de muchos jóvenes valiosos, a los que hoy por hoy el único futuro que les ofrecemos es la emigración…
Ramiro GRAU MORANCHO,
Abogado, Profesor Universitario de Derecho y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
http://www.ramirograumorancho.com