Pedro Sáez Martínez de Ubago. Este martes las dos cámara que integran las Cortes Generales han sido escenario de sendos escarnios a los españoles. Por un lado, en el Senado, el ministro de Justicia aseguraba que las víctimas de la guerra civil y de la dictadura contarán con los mismos "recursos, instrumentos y valores de atención" que les ofrecía la oficina destinada a este fin y que ha sido suprimida por el Gobierno. Con estas palabras Ruiz Gallardón respondía en el Pleno del Senado a la pregunta formulada por la senadora de Amaiur, Sra. Mendizábal, sobre la supresión de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, encargada de coordinar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos, cuyas funciones serán en adelante desempeñadas por la División de Gracia y Otros Derechos que dirige la Subsecretaría de Justicia.
Es decir, sin modificar la política socialista sobre las presuntas víctimas del franquismo, el gobierno que preside el señor Rajoy, parece claramente inclinado a ser generoso con los asesinos de ETA. Es decir, mientras en cuanto concierne a la guerra civil y el régimen surgido del alzamiento del 18 de julio, el gobierno va a investigar las acciones de una parte, sin reconocer como víctimas a las decenas de miles de españoles asesinadas por los gobiernos de la segunda república, cientos de las cuales ya han alcanzado la gloria de los altares; en cuanto concierne a las víctimas del terrorismo etarra el gobierno prefiere ignorarlas y tratar con generosidad los asesinos.
¿Qué vamos a esperar de un ministro de justicia que necesita recurrir a argumentos de Manuel Azaña para hablar del derecho natural de las mujeres a ser madres? Rajoy y Gallardón, como gran parte del PP, son los sucesores de aquella Alianza Popular que, junto con media docena de exministros de Franco, fundara Manuel Fraga. Y, siendo dicho común que pocas cosas se odian más que aquellas a las que traiciona, no deja de tener lógica que los miembros del Partido Popular, cegados también por el odio, se acaben asimilando a los socialistas, comunistas y separatistas, principales culpables de que en la segunda república, que hoy se nos quiere vender como idílica y paradisiaca, pero donde, sólo en los cinco meses que median del 16 de febrero al 17 de julio de 1936, se produjeran 334 asesinatos, 1517 heridos, la destrucción y profanación de 96 iglesias, el incendio de 10 periódicos no afines al paradigma democrático que para algunos parece ser el gobierno de Azaña, 192 huelgas generales o 320 huelgas parciales… hasta el punto de que el 17 de julio de 1936 el propio Indalecio Prieto declarara que a pesar de que la guerra iba a ser sin cuartel, más valía que estallase que no seguir con aquella constante sangría, según se recogía en El Liberal de Bilbao.
Y sin cambiar de protagonistas, también el Congreso de los Diputados ha sido este martes marco de otra burla a la nación española, cuando el parlamentario de Amaiur, Rafael Larreina, alguien que aunque dice profesar públicamente la fe católica sólo parece aplicar parcial, sesgada e interesadamente el quinto mandamiento, afirmaba que la izquierda abertzale tiene que contar con el PP para la normalización en Euskadi, pero también el partido del Gobierno debe tener en cuenta a la izquierda abertzale en este proceso; al tiempo que ha pedido que se revoque la sentencia del caso Betaragune y se ponga en libertad a los cinco condenados, entre ellos Arnaldo Otegi, en una rueda de prensa celebrada en el Congreso, en vísperas de que el Tribunal Supremo vea el recurso presentado por la defensa de los condenados del caso Bateragune, exigiendo la revocación de la sentencia de la Audiencia Nacional en virtud de la cual, recordemos, Otegi y Díez Usabiaga fueron condenados a 10 años de prisión por considerarse que actuaron como dirigentes de ETA para tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna, junto con otros condenados como Miren Zabaleta (hija del fundador de Aralar), Sonia Jacinto y Arkaitz Rodriguez.
De esta forma, las Cortes Generales, que, según el artículo 66 de la Constitución, “representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado; y ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución” son usadas por los politicastros de turno de signos aparentemente opuestos para burlase de la inmensa mayoría de ese pueblo a quien honestamente deberían representar y al que, por el contrario, persisten en dividir para el beneficio propio y lucro de sus intereses espurios y partidistas.
Ante semejante despropósito, tan radicalmente opuesto a lo que, en buen criterio. deberían ser, la realidad actual de las Cortes Generales de la Nación Española evoca el cúmulo de contradicciones que muchos recordaremos de aquella canción infantil que decía: “Había una vez un lobito bueno / al que maltrataban todos los corderos; / había también un príncipe feo, / una bruja honrada y un pirata bueno… / Todas estas cosas había una vez / en que yo soñaba / un mundo al revés”.