Jesús Domingo Martínez

En la reducción de la velocidad en autopistas y autovías hay que pensar que existen otras razones, además de la reducción del consumo de combustible como ha estado demostrado en la primera semana de funcionamiento, que no se han explicado a la opinión pública. Sea o no el motivo de fondo de la decisión, lo cierto es que la disminución de la velocidad máxima trae aparejada un multazo. La Administración se ha cuidado hasta el extremo de silenciar que con los cambios normativos las multas serán superiores e incluso algunas sanciones triplicarán su cuantía. Que se haya ocultado esta novedad demuestra que el Gobierno tendría extraordinarias dificultades en argumentar su decisión en motivos no crematísticos. Y es que los conductores que fueran sorprendidos circulando entre 141 km/h y 150 podían ser multados antes del 7 con 100 euros, pero el mismo día 7 y a partir de él, lo pueden ser con 300. Se calcula que Tráfico incrementará su recaudación un 30%, lo que supondrá un ingreso extra de 21 millones de euros, que son también 21 millones de razones para adoptar la iniciativa. Que el dinero parece ser importante lo prueba también que Interior no modificará la regulación sobre pérdida de puntos. Se pagará más, pero los infractores no tendrán mayores perjuicios. La primera semana ha demostrado que la disminución del consumo no es tal y que el número de muertos en carretera no ha disminuido.

Y es que la vocación obsesiva del Ejecutivo por entrometerse y recortar la libertad de los ciudadanos y su determinación de mejorar la salud financiera del Estado a través de los bolsillos de los españoles no nos convierte en un país mejor ni más próspero ni más justo. Gobernar a golpe de ocurrencia es converger con la mediocridad y no con la excelencia.