Miguel Massanet

Confucio dijo: “No son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla, sino la negligencia del campesino”. La metáfora del maestro la podríamos trasladar a la labor de los diversos gobiernos, de un color y del otro, que se han ido sucediendo, desde que ha llegado a España esta democracia sui generis que, para desesperación de los que todavía nos sentimos españoles, es algo así como un híbrido de populismo progresista, socialismo radical, confusionismo ideológico, intelectualismo ignorante, feminismo incompetente y enchufismo generoso. Y es, señores, que uno se cruje cuando lee, negro sobre blanco, la cantidad de sandeces que se vienen propalando respecto al, tan traído y llevado, tema de las jubilaciones. Hace ya demasiados años que, desde todos los ámbitos económicos, se viene advirtiendo de que, el actual sistema de nuestras pensiones de jubilación es inviable. Después de la crisis del petróleo de 1.973 España se encontró en una grave situación económica, con una inflación del 44’7%.

No obstante, el gobierno del señor Suárez, supo reaccionar ante el peligro de quiebra, se buscaron acuerdos con Felipe González, Carrillo, y los Sindicatos, para poner remedio a la situación y se consiguió firmar los llamados Pactos de la Moncloa, en los que se tomaron los siguientes acuerdos: “se reconoció una flexibilidad en el despido, el derecho de asociación sindical, la fijación de un límite de incremento para los salarios, se estableció una contención de la masa monetaria, la devaluación de la peseta y la reforma del sistema tributario para contener el déficit público y lograr un sistema más flexible y justo, así como medidas de control financiero a través del Banco de España ante el riesgo de quiebras bancarias y la fuga de capitales al exterior” ¿Les recuerda a ustedes una situación parecida? Sin duda, si tenemos en cuenta la precaria de la democracia en aquellos tiempos y la volatilidad de la estabilidad política, recién estrenada, en unos tiempos en los que el tránsito de la época del general Franco a la de un sistema de partidos, bajo una monarquía parlamentaria, que se sostenía en un difícil equilibrio. En el aspecto económico existía una notable similitud con la situación actual de nuestra nación. Sin embargo, el tema de las pensiones de jubilación estuvo ajeno en aquellos acuerdos, aunque sí hubo restricciones salariales y posibilidades de despedir a trabajadores (hasta el 5% de las respectivas plantillas).

Evidentemente, cuando el país está padeciendo una grave crisis económica, cuando salen a relucir todos los defectos estructurales que viene arrastrando que, no obstante, quedan disimulados en periodos de bonanza. Es posible que, cuando se estableció el sistema de “reparto” para atender a las pensiones de jubilación, fuera una opción razonable dado que, a partir de la finalización de la Guerra Civil, los salarios eran muy bajos y el desempleo se fue recuperando rápidamente ya que, por aquellos tiempos, había mucho que reconstruir, mucha industria que poner en marcha y, la sangría de la guerra había reducido a una gran parte de la juventud española. Entonces España rondaba los 24 millones de habitantes. Las pensiones de jubilación eran exiguas y el Estado estaba muy empeñado en establecer una seguridad social que se adaptase a las realidades de los nuevos tiempos. Sin embargo, es evidente que, a medida que han pasado los años, el sistema ha venido mostrando los graves defectos que han puesto en duda su viabilidad y sostenibilidad. Lo primero que salta a la vista es la inseguridad, para los pensionistas, que ven que el cobro de sus pensiones depende básicamente de que haya bastantes trabajadores en activo para que, con sus contribuciones, puedan generar los ingresos suficientes para atender su pago. En segundo lugar, nadie podía garantizar que la masa obrera en activo se mantuviera dentro de los parámetros precisos para cubrir el montante de las pensiones. En tercer lugar, nadie, ni el Estado, estaba en condiciones de garantizar que, en determinados circunstancias, la nación no pasara por crisis, como sucede actualmente, en la que se produjera una gran cantidad de desempleo, con efectos extremadamente negativos: uno, disminuir las aportaciones de cotizaciones a la Seguridad Social y, por otra parte, la exigencia de atender a las necesidades de los parados, mediante el subsidio de desempleo, lo que suponía el tener que recurrir a la tesorería de la caja única de la Seguridad Social.,el futuro económico de cualquier persona, que ha trabajado durante toda su trayectoria laboral, contribuyendo con su cuota para conseguir una pensión digna; no pueda depender de que la nación pase por una crisis o el Gobierno, en un momento determinado, decida cambiar las condiciones del pago de la retribución que se le prometió que percibiría cuando le obligaron a cotizar por ella. El contrato entre el Estado, que obliga al futuro beneficiario de la pensión, sin darle opción a escoger cualquier otro tipo de seguro privado, no puede ser variado por la voluntad de una parte sin la aceptación de la otra. Estoy convencido de que es inconstitucional, o debiera serlo, por lo que representa de indefensión para el trabajador esta facultad omnímoda y prepotente que se auto concede el Estado. De hecho, los problemas actuales, que la OCDE parece que acaba de descubrir, cuando nos dice que “el futuro de las pensiones será: retirarse a los 70 años cobrando un 30% menos”, no son más que la muestra más indigna de la endémica incompetencia de todos los gobiernos que, por miedo a la impopularidad, se han resistido a cambiar el sistema; cuando lo que debiera de haber impulsado era un cambio, en sucesivas etapas, del sistema de reparto, al que utilizan todas las compañías privadas de seguros para los seguros llamados “de vida”, el conocido por el “sistema de capitalización”

Por mucho que el Gobierno, apretado desde Bruselas, se obstine en alargar la edad de jubilación a los 67 años y prolongar los años para establecer la base de cálculo; todos los que entienden de la materia saben que es pan para hoy y hambre para mañana. En primer lugar, por mucho que la ciencia consiga alargar la vida a las personas, es evidente que, para muchos trabajos, que exigen unas determinadas condiciones físicas, la regla no es válida; por otra parte, la tendencia de la población mundial, ayudada por las modernas técnicas informáticas, robóticas y técnicas, predicen que, cada vez, se trabajará menos y habrá más tiempo de ocio; lo que supondría que, si la población sigue en aumento y la vida se sigue prolongando, cada vez sobrará más gente para cubrir los puestos de trabajo precisos. No habrá sitio, en estas circunstancias para mantener un obsoleto sistema de reparto y, quien quiera hacerse un ahorro para la vejez, deberá procurárselo por si mismo por medio de un seguro privado que le garantice un vitalicio o bien una cantidad determinada que le permita atender sus necesidades dignamente.

Claro que, cuando se ha dejado pasar la ocasión, ahora resulta muy duro decirle al trabajador que, el Estado, le ha tomado el pelo y que lo que debe hacer es contratar un seguro para que, cuando se retire, no se muera de hambre. Si, con tiempo, hace años, un gobierno sensato hubiera diferenciado las cotizaciones por jubilación de las correspondiente a la asistencia sanitaria, eximiendo, a los que hubieran adoptado por ello, de la obligación de cotizar o, al menos, aceptando la posibilidad de cotizar por una parte, y se hubiera informado y enfocado a la gente hacia los seguros privados, incluso a través de mutuas públicas o privadas especializadas directamente a esta actividad; es posible que, como ocurre en otros países, especialmente en los EE.UU., hoy en día, este problema insoluble que existe con las pensiones, no se hubiera producido.