Susana Ariza. 15 de mayo. El Partido Popular, por boca de su presidente, ha anunciado que presentará un recurso ante el Constitucional contra la nueva Ley del Aborto que pretende aprobar el Gobierno. Una ley, que, si bien en la forma es todavía más aberrante que la anterior, en la práctica tendrá los mismos efectos, ya que en la actualidad, se puede decir, sin temor a errar, que el aborto es, de facto, libre en España.

De esta consideración se extrae, aplicando un sencillo sentido de la lógica, la siguiente conclusión:

Cuando el Partido Popular expresa una postura oficial contra la nueva ley, no está declarando su oposición radical al aborto, sino únicamente a la nueva ley que propone el Gobierno. Mostrando así, como ya venía haciendo desde hace años y como manifiestan sin pudor sus propios líderes, su aceptación expresa de la ley actualmente vigente que está legitimada, según defienden, por un ‘amplio consenso social’.

Sin embargo, para los escépticos, o mejor, para los excesivamente crédulos, hay una noticia que ha pasado de puntillas entre tanto enredo político, y que, sin embargo, es delatoramente descriptiva de la auténtica actitud del PP: un total de 12.244 preservativos se han vendido en las 150 máquinas expendedoras de profilácticos instaladas por la Comunidad de Madrid en las estaciones de la red de Metro desde su puesta en marcha, el pasado 11 de noviembre, según datos facilitados hoy por el Gobierno regional. (Informa: Servimedia) 12.244 condones expedidos por máquinas instaladas por la Consejería de Sanidad de Madrid, esto es, Juan José Güemes, con una subvención de la Comunidad de un 60%, lo que reduce el precio de los preservativos a más de la mitad. Usted y yo financiamos el resto, con la firma benévola de la presidenta regional, Esperanza Aguirre.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid también ha anunciado en esta festividad de San Isidro, por boca de su Alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, que seguirá dispensando la píldora postcoital de forma gratuita en sus centros de salud, aunque –eso sí…- exigiendo la receta médica. Es decir, de nuevo, los madrileños financiando el 100% de una pastilla que puede asesinar a un recién concebido, por el rápido medio de impedir su implantación en el útero.

Una vez más, la conclusión es sencilla y clara: dos figuras políticas que habitualmente se presentan como antagónicas dentro de la misma formación mantienen exactamente la misma posición respecto al fomento y la subvención pública de la anticoncepción y el aborto. Una postura que coincide, curiosamente, con las de los socialistas, cuyas tesis morales en este asunto tantas críticas reciben desde las filas del Partido Popular.

Entretanto, el PP promete un recurso contra la nueva ley. El argumento: “hay que respetar la ley actual, fruto de un amplio consenso social y de un equilibrio jurídico avalado por el Tribunal Constitucional”. Una ley que produce un total de 100.000 asesinatos cada año.