Miguel Massanet Bosch. ¿A dónde pretende llevarnos la señora vicepresidenta del Gobierno, doña Elena Salgado? Si los españoles ya estábamos hartos de que se nos vendiera, desde el Gobierno, gato por liebre, ya no falta más que la señora Salgado, una señora a la que se acogió con la esperanza que sería capaz de convencer al señor ZP de lo erróneo de su deriva económica y que, no obstante, ha demostrado, con su sectarismo, anteponer su fidelidad a ZP a sus obligaciones para con la nación española. Es obvio que se ha desmarcado de lo que le enseñaron en la facultad de Economía respecto a cuales eran las medidas idóneas para luchar contra una situación de recesión económica, como la que azota a España desde hace ya un par de años. En consecuencia, y empecinándose en su error, parece dispuesta a intentar dar una nueva vuelta de rosca, buscando camuflar, vayan ustedes a saber con qué oscuro designio y bajo que clase de presiones, las graves dificultades económicas por las que están pasando los bancos y las cajas. Es un secreto a voces que los bancos se han visto obligados a quedarse un gran número de inmuebles a causa de las quiebras de muchas compañías constructoras, cuyos proyectos, financiados por ellos, se quedaron sin ejecutar. Es también conocido que, la Ley del Suelo del 2007, concedía un plazo de 3 años a los promotores para comenzar a construir en los suelos urbanizables, que contaran con un plan de ordenación urbanística. La crisis ha hecho que muchas de estas construcciones proyectadas dejaran de ejecutarse y, como consecuencia, existe el grave peligro de que, los terrenos urbanizables que se han quedado los bancos, por haber discurrido los plazos sin construir sobre ellos, se conviertan, de nuevo, en terrenos calificados como “rurales”; con la consiguiente desvalorización que ello comportaría.

Pues bien, el Ejecutivo, ante esta situación, en lugar de permitir que las entidades que especularon con los dineros de sus impositores, sufrieran los resultados de su mala gestión, ha preferido (vayan ustedes a saber por qué raros designios) echarles un cable para sacarlos del apuro. La famosa “Ley de Economía sostenible” todavía pendiente de aprobación, recogía en una disposición final del anteproyecto, que cambiaba un aspecto fundamental de la Ley del Suelo, ampliando el plazo máximo para actualizar el valor de los terrenos urbanizables de 3 a 6 años. Pero, como el tiempo les urgía y las quiebras de constructoras se iban sucediendo obligando a las entidades crediticias a incorporar pisos y suelo a los activos de sus balances, la señora Salgado ha tenido que anticiparse con este “documento anticrisis” que se ha sacado de la manga, con el fin de que, los bancos y cajas, puedan respirar y evitar la actualización de la valoración de sus inmuebles que, sin lugar a dudas, causaría verdaderos destrozos en este sector financiero. El hecho es que, la ministra Salgado, pretende con su “documento anticrisis”, incorporar dos nuevas disposiciones para “inflar” el suelo urbanizable y, de paso, el suelo agrícola; según se deduce de un ilustrativo artículo del señor M.Llamas en Libertad Digital. En resumen, en virtud de dichas disposiciones se frena la depreciación del suelo urbanizable, según se establecía en la Ley del Suelo, evitando que se valore como rural; lo que permitirá a las entidades afectadas, continuar valorando sus activos inmobiliarios a un valor ficticio, es decir, a un valor superior al real que nada tendrá que ver con su auténtico precio de mercado.

Algo parecido ocurrirá con el valor del terreno agrícola que, según la Ley del Suelo, se debía valorar en base a la “capitalización de rentas en el suelo rural “ y no en función de las expectativas urbanísticas; lo que, sin duda, de haberse aplicado, como recogía aquella, hubiera hundido su precio. En definitiva, con esta trampa legal, esta chapuza del ministerio de Economía, se pretende camuflar los valores reales de las entidades financieras, cuyos activos inmobiliarios han sufrido la caída de sus valores reales, permitiendo que se mantengan, en sus correspondientes balances, los valores con los que fueron registrados; en virtud de esta ficción contable que la señora ministra de Economía ha tenido a bien promulgar. Resulta verdaderamente inaudito que, el Gobierno, se muestre tan complaciente con aquellos que fueron los principales causantes, los que, con su política financiera equivocada de concesión de créditos e hipotecas desmesurados, especularon y ayudaron a especuladores que construían pensando que, cada año, el valor de la construcción subiría de un 30% a un 40%.

Cuando, tanto la ciudadanía como la industria, están padeciendo los efectos de la recesión económica, en la mayoría de casos debido al recorte drástico, por parte de la banca, de los créditos; tenemos que ver como el gobierno del señor Zapatero, sigue con su política de ayuda, sin límites, a base de inyecciones millonarias a todo el estamento bancario y financiero del país, no siendo la menor de ellas la última, la de 90.000 millones de euros, destinada a este proyecto denominado FROP; algo así como un apoyo a todas aquellas cajas que, por su mala gestión y actividades especulativas, se encontraban en peligro de quiebra. Lo curioso es que lo que se viene promoviendo es la fusión entre ellas, con lo que se juntan el hambre con las ganas de comer y, como diría el gran Murphy, si se juntan dos entidades que van mal la resultante tiene todas las posibilidades de resultar peor. Sin embargo, aquí se presenta una gran cuestión ética que me gustaría plantear como punto de reflexión. Se trata de que, el Gobierno, con estas medidas lo que hace es permitir, a bancos y cajas, el que en sus balances figuren como unos activos saneados, que incluso pueden ayudar a darles beneficios, algo que, en realidad no vale lo que se ha consignado, como es el caso de los inmuebles supervalorados en virtud de esta trampa contable. Y me pregunto: ¿cómo es posible que un banco o una caja pueda dar beneficios e incluso pagar dividendos si, en realidad, en valor liquidativo, resulta que lo que arrastra son pérdidas”. Con estos trucos, lo que se permite es que se de una aparente imagen de solvencia y fortaleza a entidades bancarias y de crédito que puede que, todo lo que tengan, sea mera fachada, apariencia externa, pero, al fin y a la postre, sea como un castillo de naipes que, al menor soplo, se derrumba; con la agravante de que, en su caída, arrastre tras de sí a miles de impositores que, falsamente informados, pusieron su confianza en la entidad.

Lo que no se puede entender es que esto ocurra cuando está en el poder un gobierno de tipo socialista que, en pura ortodoxia, debiera de tener atados cortos a los bancos (vean lo a gusto que se siente, con ZP, el señor Botín del Banco de Santander), como expresión máxima de lo que ellos llaman, en sus mitines, el más puro y duro capitalismo. Resulta curioso que, todo el apoyo ideológico y material que se les da a los sindicatos, todas las subvenciones que se les entregan y toda la influencia que, en estos momentos, tienen dichos organismos para mediatizar la actividad del Ejecutivo, llegando a privarle de llevar a cabo la reforma laboral que España tanto precisa; queda en agua de borrajas cuando entramos en el terreno de las altas finanzas, de los influyentes lobbies bancarios o entidades crediticias que, vean ustedes la paradoja, dan la sensación de manejar los hilos de cuanto sucede en España, desde una tribuna que está a salvo de cualquier alternancia gubernamental porque, sean rojos o sean azules quienes gobiernen, siempre son ellos los que salen beneficiados y los que continúan obteniendo pingües beneficios de sus negocios. Y es que, señores, España no es, como nos dicen, una democracia, no, España está dirigida desde la más asfixiante oligarquía.