José Manuel Sánchez del Águila Ballabriga. Abogado. Es cierto que la legislación que regula las atribuciones y funciones del Ministerio Fiscal les atribuye, entre otras cosas, la defensa del principio de legalidad. Que no es poco. Pero por muy defensores del principio de legalidad que sean (cualquier “operador jurídico” –y en ellos incluimos a los mismos abogados, pese a lo odioso que me resulta esa expresión- debe de defender a ultranza la legalidad); pues por mucho que sean defensores de la legalidad, nadie podrá discutir que, una vez iniciado un proceso penal, el fiscal no deja de ser una parte más, la acusación pública, por muy importante que sea, pero sin más derechos ni prerrogativas que cualquier otra parte en el proceso, nunca más que otras acusaciones o las defensas de los denunciados, imputados o acusados. A mí esto me lo enseñaron hace muchos años como el principio de “igualdad de las partes en el proceso”.

Y todo esto viene a cuento del caso de Cristina Federica, a la que los medios de comunicación afines y una obsoleta y rancia aristocracia de ya muy escaso abolengo y menor arraigo social, aun se dirige a ella con el título de infanta y con el aún más anacrónico tratamiento de Su Alteza Real.

Pues ocurre que con Cristina Federica ha ocurrido lo insólito, lo inesperado, esas cosas que nunca pasan y que nunca debieran de haber pasado. Lo que ocurre es que en treinta y tres años de ejercicio profesional, este letrado ha visto de todo, ha visto hasta traiciones, conjuras, autoridades que ordeñaron caudales públicos, jueces que prevaricaron con descaro o hasta sin querer queriendo; pero jamás vi, jamás ningún colega me contó de un
fiscal que, abusando escandalosamente de una más que discutible supremacía de parte privilegiada en el proceso, recurriera con énfasis y contundencia una resolución judicial que se limitaba a citar a una persona –Cristina Federica en este caso- para su declaración como imputada en determinada fecha. Yo jamás supe de esto en treinta años merodeando los juzgados y tribunales y no conozco a ningún otro merodeador judicial que me pueda contar algo parecido.

Pero, claro, es que se trata de Cristina Federica, con la que el fiscal que debiera perseguir la corrupción debería de haber seguido el mismo tratamiento que con las restantes “esposas” de los principales imputados. No fue así y por eso escribió una pataleta de muchos folios contra una resolución judicial extrañamente extensa -18 páginas- que citaba de comparecencia a Cristina Federica para el próximo 27 de abril.

Ya todo esto es verdaderamente anormal, es lo nunca visto, ¿un fiscal recurriendo una resolución que ordena una comparecencia ante la judicial presencia en calidad de imputada de una persona –en este caso Cristina Federica-? Yo al menos jamás supe de algo similar, ni siquiera cuando las citaciones eran abiertamente escandalosas - ése Garzón asustando a ancianos falangistas para que declarasen cuando su furiosadesmemoria histórica o histérica, y el fiscal más callado que en una tenida de logia masónica-. Jamás asistí a ninguna actuación del fiscal ante resoluciones de citación como la que hablamos.

Pero ahora viene lo peor. Lo inimaginable, esa barbaridad que aún no acertamos a
comprender. El fiscal recurre lo que ningún fiscal recurre nunca y va el juez instructor
y, contra todo pronóstico, ¡suspende la declaración a la espera del resultado del recurso¡
Inaudito, insólito, una suspensión que a mi juicio es contra legem, como para dejar la
toga y meterse a estudiar perito de minas, por ejemplo.

Así las cosas, con este precedente de un más que obvio blindaje judicial a Cristina
Federica, yo animaría a mis compañeros para que –como el fiscal hogaño- recurrieran
cualquier resolución que citara como imputados a sus clientes solicitando la suspensión
de esa comparecencia hasta que la correspondiente Audiencia Provincial acordase su
procedencia muchos meses después. Sé que si esto se generalizase sería desastroso, que
el sistema judicial se hundiría aún más si cabe. Sé que, como he leído en alguna red
social, si esta forma de actuar –recurso y subsiguiente suspensión de la comparecencia
como imputado/a- se generalizase en el caso de los ERES de Andalucía, la misma jueza
del caso, ya talludita, no nos engañemos, o quien le sustituyese, se jubilaría sin haber
acabado de esclarecer esta maraña inacabable.

Pues eso, que toda esta suma de barbaridades es una suma de despropósitos que algún día
se desvelarán. Pero, de momento, es lo nunca visto.