Ángel David Martín Rubio. Al paso que se va enfriando la polémica y la sana reacción por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, algunos obispos españoles, bien de manera individual o colectiva, han hecho públicos sendos documentos en los que se reitera la condena de las prácticas abortivas en los términos que vienen siendo habituales desde 1985.

Ahora bien, de manera sistemática, los prelados españoles han eludido una serie de cuestiones que juzgamos del máximo interés y se han limitado a recordar la doctrina sobre la defensa de la vida partiendo generalmente de los principios personalistas y existencialistas que sirven de fundamento a la Nueva Teología.

De ahí las reiteradas alusiones al “derecho a la vida” natural sin que haya paralela insistencia en recordar que el aborto trunca el derecho del hombre a la vida sobrenatural a la que es llamado (y de la cual resulta excluido si, como ocurre por norma, el feto abortado no es bautizado). Al mismo tiempo, se considera el derecho a la vida como inherente a la pura existencia del hombre, cuando en realidad deriva de su fin moral. Por consiguiente, se silencia que no existe un derecho incondicionado a los bienes de la vida temporal; el único derecho verdaderamente inviolable es al fin último: a la verdad, la virtud y la felicidad, y a los medios necesarios para conseguirlas (cfr. Romano Amerio, Iota Unum, Salamanca, 1994, 297-307).

Las cuestiones que los obispos no abordan se pueden ordenar en torno a tres focos de atención: la responsabilidad de las más altas magistraturas del Estado en la sanción y aplicación de esta ley; las consecuencias en el juicio moral sobre el marco constitucional vigente en España y la determinación de formas de apoyo concretas para los católicos que se sitúen en la necesaria postura de insumisión que reclama esta ley.
Sanción de esta ley y responsabilidad moral
1. Plantea serias dudas que el comportamiento del Jefe del Estado al sancionar y firmar ésta y otras leyes, pueda compaginarse con la moral católica en los términos en que vaticinó el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Martínez Camino («seguro que sabrá, como católico, adecuarse en sus actuaciones a la moral católica, que es una para todos los católicos»).
A pesar de estar en juego la vida de cientos de miles de seres humanos, no se ha seguido el criterio (minoritario) de los juristas que sostienen la capacidad legal del Jefe del Estado para negar la sanción a una Ley en el ordenamiento vigente. Es más, aunque es bien sabido que los católicos que con leyes o actos de gobierno, promueven, facilitan y protegen jurídicamente la práctica del aborto merecen la calificación moral de pecadores públicos, no tenemos noticia de que se estén tomando las medidas que están previstas para estos casos por el Código de Derecho Canónico, sobre todo en lo que a la administración de los Sacramentos se refiere.
Menos aún nos consta que se haya requerido públicamente a las más altas instancias del poder político para que reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos. Como decía Mons. Guerra Campos en una circunstancia semejante: “¿Qué se ha hecho, en determinados ambientes eclesiásticos, de las tan cacareadas “denuncia profética”, “voz de los que no tienen voz”, “conciencia crítica de la sociedad”? ¿Dónde está Juan Bautista diciendo a los poderosos: “No te es lícito” Los profetas, ¿se nos han vuelto de pronto complacientes cortesanos?” (13-julio-1985).
Valoración del marco constritucional
2. Cuando se pretende eludir las responsabilidades más altas como si la intervención de los Poderes públicos se limitara a dar fe de la “voluntad popular” conviene recordar lo contradictorio que resulta dar por bueno un sistema que lleva jurídicamente a efectos inadmisibles moralmente y que no es posible en conciencia instalarse tranquilamente en él, sin hacer lo necesario por enderezarlo y por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir. Tampoco se puede dar por bueno ningún orden constitucional por el que la suprema Magistratura se vea obligada a sancionar leyes absolutamente inmorales y de todo esto, necesariamente, se derivan consecuencias que no se exponen a la hora de valorar moralmente el sistema político implantado en España en 1978 y, sobre todo, a la hora de orientar la actuación de los católicos en este marco.
Queda también por definir la situación moral en que quedan los católicos que dan su voto a los partidos que han  promovido y aprobado esta ley o han apoyado a la vigente hasta ahora. Y no me refiero a frases genéricas del tipo “cada uno vote en conciencia” sino a indicaciones concretas, señalando a los católicos con criterios claros cuáles son las fuerzas políticas a las que es ilícito apoyar con el voto. De no hacerlo así, se estaría afirmando tácitamente, que la defensa de millones de vidas inocentes es menos importante a la hora de concretar criterios concretos de actuación en la vida política que, por ejemplo, circunstancias como las que movieron a Pío XII a determinar la situación en la que están los católicos que apoyan al Partido Comunista.
Apoyo a los insumisos
3. Por último, como las invitaciones hechas por algunos de estos obispos parecen dirigidas a estimular la resistencia a esta ley, convendría precisar cuál va a ser la acogida, orientación y respaldo que desde instancias oficiales de la Iglesia van a encontrar los médicos, personal sanitario, cargos públicos, etc. que adopten semejante actitud.
Y es que la experiencia del pasado no invita a ser optimista: basta recordar el nulo respaldo recibido por los padres que han objetado ante la asignatura de educación para la ciudadanía mientras que miembros de institutos seculares y religiosos y colegios católicos imparten dicha asignatura con toda tranquilidad.
Hace algunos meses, alguien titulaba un artículo en los siguientes términos: “¿Mártires por el crucifijo?: Las mitras primero, please”. Totalmente de acuerdo: las mitras primero, please. Que para echar unas risitas junto a poderosos con las manos manchadas de sangre, servimos también los demás.
O a lo mejor no servimos, y por eso estamos como estamos.
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