Los ministros de Interior y Justicia de los Veintisiete tratarán de desbloquear hoy la norma para castigar con sanciones penales a los empresarios que contraten a inmigrantes en situación irregular. Buscarán además dar un impulso a la propuesta de crear una 'tarjeta azul' para facilitar la entrada a la Unión Europea de inmigrantes altamente cualificados.

   Ambas iniciativas fueron presentadas por la Comisión Europea hace un año y desde entonces apenas se ha avanzado en su tramitación. En el último debate celebrado a nivel político en diciembre del año pasado, Alemania, Austria, Países Bajos y República Checa expresaron sus recelos sobre las dos normas por considerar que podrían estar invadiendo competencias nacionales. España las apoya porque las considera piezas fundamentales para crear una política de inmigración común.

   Para salir del impasse, la presidencia francesa ha elevado de nuevo el debate a nivel ministerial y ha puesto sobre la mesa una serie de preguntas para poder reorientar los trabajos. En el caso de la norma para castigar a los empresarios, Paris quiere saber si los ministros están de acuerdo con el principio mismo de imponer sanciones penales. También les pregunta si ven necesario que la directiva establezca un porcentaje mínimo común de inspecciones de trabajo en los sectores que más se prestan a abusos.

   Por lo que se refiere a la 'tarjeta azul', Francia quiere precisar qué criterios se usarán para determinar que un inmigrante está muy cualificado y cómo convivirá este sistema con los regímenes nacionales de entrada de los trabajadores extranjeros que ya existen. España estará representada en el debate por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

   La presidencia francesa confirmará además este jueves el acuerdo preliminar alcanzado por los Veintisiete en la reunión informal del 7 de julio en Cannes sobre el Pacto Europeo de Inmigración. En estos momentos continúa el trabajo técnico para acabar de perfilar el texto, pero sin alterar los elementos de fondo, y el objetivo de París es que el Pacto se apruebe definitivamente en la cumbre de líderes europeos del 15 de octubre.

   Por otro lado, los ministros del Interior aprobarán un proyecto de conclusiones sobre la acogida de refugiados procedentes de Irak en el que se anima a los Estados miembros a recibir a los ciudadanos de este país desplazados por la guerra o por las condiciones de la posguerra aunque no se fija ningún tipo de cuota y se deja plena flexibilidad a cada país para que haga lo que considere oportuno.

   También se debatirá la propuesta de la Comisión de crear un registro europeo de datos de los pasajeros aéreos procedentes de terceros países que entren en territorio comunitario y la iniciativa de la presidencia francesa de elaborar un plan para combatir la cibercriminalidad en la Unión Europea.

COOPERACIÓN REFORZADA EN EL DIVORCIO

   El viernes será el turno de los ministros de Justicia, que tienen previsto aprobar una norma para reforzar el órgano europeo de cooperación judicial, Eurojust, que tiene sede en La Haya. Esta propuesta fue presentada en enero de 2008 por España, Eslovenia, Francia, República Checa, Suecia, Bélgica, Polonia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovaquia, Estonia, Austria y Portugal.

   Para reforzar Eurojust, la norma facilitará la transmisión de información a este órgano, armonizará los poderes mínimos que deben tener los representantes nacionales desplazados a La Haya, creará un mecanismo de coordinación de emergencia, reforzará la base nacional de Eurojust y facilitará la cooperación judicial con terceros países al permitir desplazar a magistrados de enlace.

   Los ministros de Justicia debatirán si activan por primera vez el mecanismo de cooperación reforzada para que aquellos países que quieran puedan adoptar una norma europea para determinar la ley aplicable en caso de divorcio. Esta norma debería aprobarse por unanimidad, pero Suecia ya ha anunciado que no levantará nunca su veto porque no quiere que un tribunal suyo aplique una ley de otro país. Su temor es que esta vía acabe sirviendo para introducir normas más restrictivas en materia de separación.

   El resto de Estados miembros sí que están de acuerdo con esta norma y llevan varios meses debatiendo la posibilidad de iniciar una cooperación reforzada. El Tratado establece que para activarla es necesario que 8 países lo pidan a la Comisión y que luego se apruebe por mayoría cualificada. Y de momento ya hay 9 países que han expresado su intención de solicitarlo: España, Rumanía, Hungría, Austria, Francia, Eslovenia, Italia, Luxemburgo y Grecia.