Redacción Madrid. 21 de noviembre.

La principal organización estadounidense de defensa de los derechos civiles, la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), ha hecho públicos varios documentos recientemente desclasificados del Departamento de Defensa que aportan nuevas evidencias de que los abusos en los centros de detención norteamericanos en Irak han sido "sistemáticos".

   Los documentos, obtenidos en aplicación de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), revelan también que las investigaciones abiertas por el Ejército estadounidense sobre los abusos en Irak se vieron dificultadas por la desaparición de archivos, por interrogatorios defectuosos y por problemas de memoria en algunos de los testigos.

   "Estos documentos aportan más evidencias de que los abusos contra los prisioneros en Irak eran sistemáticos y no se limitaban a ningún centro de detención o unidad militar en particular", declaró el director del proyecto de Seguridad Nacional de ACLU, Jameel Jaffer. Durante la administración del presidente George W. Bush, manifestó, se creó "una cultura de la impunidad" y "un clima en el que el abuso estaba tolerado incluso cuando no había sido apoyado expresamente".

   "De cara a la próxima entrada de una nueva administración en la Casa Blanca, debemos recordar que el tono que marquen los altos responsables militares y de Inteligencia tendrá implicaciones muy reales en lo que suceda en los centros de detención estadounidenses en el extranjero", prosiguió. Por ello, la nueva administración del presidente electo Barack Obama "debe dejar claro desde el principio que no hará la vista gorda ante las torturas y los abusos", manifestó Jaffer.

   Los documentos, hechos públicos este pasado miércoles, dan cuenta de ocho investigaciones sobre abusos contra detenidos efectuadas entre 2003 y 2004. Los cargos por abusos que se citan en los documentos incluyen la privación de alimentos y de sueño, el uso abusivo de Tasers (pistolas de descargas eléctricas), amenazas sexuales, derramamiento de orina sobre los detenidos, sometimiento a posturas estresantes y utilización de perros para intimidar a los prisioneros.

   En uno de los archivos aparece la declaración de un militar destinado en el campamento Cropper, en Irak, según la cual "los soldados ataban de pies y manos a los prisioneros por pura frustración, porque los detenidos continuamente les pedían agua o, de alguna forma, no se mostraban dóciles".

   En otro documento, un prisionero encarcelado en el centro de detención 'Kilometer 22' aseguraba que había sido golpeado reiteradamente en la cara con una sandalia por un intérprete egipcio cada vez que no respondía a los investigadores estadounidenses a las preguntas que éstos le hacían.

   Aparte de revelar "abusos sistemáticos", los documentos permiten demostrar que las propias unidades militares interpusieron todo tipo de obstáculos a los investigadores o se negaron a cooperar con ellos.

   Seis de las ocho investigaciones se complicaron por la imposibilidad de localizar archivos fundamentales. Asimismo, otros tres casos abiertos incluyen documentos en los que miembros del personal militar reconocieron que sus instalaciones estaban tan desorganizadas que era imposible obtener archivos sobre los detenidos.

   Otras se complicaron porque los investigadores sencillamente no reconocieron los nombres de los centros de detención o de las unidades militares que habían capturado a los detenidos. No obstante, según ACLU, es evidente que al menos uno de esos centros existe realmente, porque su nombre figura en otros documentos del Departamento de Defensa obtenidos por la Asociación a lo largo de los últimos cuatro años.

   En octubre de 2003, la ACLU --junto a otras organizaciones, como el Centro para los Derechos Constitucionales, Médicos por los Derechos Humanos, Veteranos por el Sentido Común y Veteranos por la Paz-- presentó una demanda en virtud de la FOIA relativa a los documentos sobre tratos a prisioneros en los centros de detención estadounidenses. Hasta la fecha, y en respuesta a esta iniciativa, han sido desclasificadas 100.000 páginas de documentos gubernamentales.

   La ACLU, fundada en 1920, cuenta en la actualidad con más de 500.000 miembros y simpatizantes y sus oficinas atienden cada año cerca de 6.000 casos de violaciones de las libertades civiles en prácticamente todos los Estados del país, según informó la propia organización en su página de Internet.