Redacción Madrid. 2 de noviembre. Los ediles de la ilegalizada ANV, que aún sigue gobernando en unos cuarenta municipios del País Vasco, se están subiendo las retribuciones, aumentando las dietas o remunerando de forma individual por conceptos como ser presidente de comisión. De esta forma logran compensar las cantidades que pierden al haber sido disueltos como grupo. Según fuentes jurídicas consultadas, la Abogacía del Estado está estudiando recurrir estas decisiones para lo que tiene tres vías posibles: contencioso-administrativo, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.  Uno de los primeros municipios en el que sus concejales acordó incrementar su retribución fue el de Mondragón, aunque ahora le han seguido otros. No todos utilizan las mismas fórmulas aunque el resultado es el mismo: compensar las pérdidas por la desaparición del grupo ANV. Hay al menos una docena de ayuntamientos --entre ellos, Bergara, Azkoitia, Legazpia, Soraluce, Usurbil-- que ya han dado este paso y otros están en trámites de reliazarlo.

  En el caso de Mondragón, los ediles de ANV crearon el grupo mixto y se pasaron todos a él y además, modificaron las bases de ejecución del presupuesto, así como el reglamento municipal y los cambios quedaron definitivamente aprobados el 18 de septiembre con los votos en contra de PSE y PP.

   La consecuencia es que ahora, los concejales de ANV cobrarán unos 240 euros más al mes, como 'plus' por presidir comisiones, con lo cual percibirán en total 1.090 euros mensuales, frente a los poco más de ochocientos que cobraban antes. De esta forma compensarán los 1.250 euros al mes que pierden por dejar de tener grupo.

  El texto aprobado en Mondragón analizaba el informe municipal sobre "las consecuencias jurídicas y económicas" derivadas de la aplicación del auto judicial del 8 de febrero de 2008, por el que se consideraba que el grupo de ANV quedaba "judicialmente suspendido".

   En el documento se destacaba que la regulación general vigente en materia de derechos económicos de los órganos de gobierno parte "del respeto al principio de autonomía y capacidad de autoorganización de cada grupo municipal, al entender que corresponde a los mismos decidir sobre la forma concreta como debe utilizarse la asignación económica aprobada en los presupuestos municipales".

   "Desde esta perspectiva, se considera que lo lógico y conveniente es aprobar una modificación específicamente destinada a dar respuesta exclusivamente a la problemática de los concejales afectados por la suspensión del grupo dispuesta en el auto judicial", añadía el texto, que precisaba que "la medida de suspensión no afecta a las actividades que, como personas individuales y titulares exclusivos de los correspondientes escaños, puedan ostentar personas integradas en la formación política ANV, por lo que, en consecuencia, deberán respetarse los derechos políticos y económicos inherentes al ejercicio del cargo de concejal".

   Esta misma técnica utilizada en Mondragón, en la que los concejales de ANV se pasan al grupo mixto y después se han subido las retribuciones ha sido aplicada en otros municipios como Bergara. Las fuentes consultadas explicaron que, en estos casos, la Abogacía del Estado se ha planteado recurrir ante la Audiencia Nacional por entender que el paso al grupo mixto viola la resolución dictada por el juez Baltasar Garzón, cuando acordó la suspensión de actividades de ANV.

     En otros ayuntamientos gobernados por ANV, el grupo se ha disuelto y sus concejales han pasado a ser "no adscritos", pero también se han subido las retribuciones mediante diversas fórmulas.

   Así, en unos casos ha habido incrementos de asignación al alcalde; en otros, el pago de dietas y en algunos casos, con asignaciones para asesoría. Esto es lo que ha ocurrido en pueblos como Azkoitia, Legazpi, Soraluce, Urretzu, Usurbil, Villabona o Zumaya.

   En algún caso, las fuentes consultadas explicaron que no hay ningún indicio de que ANV se haya disuelto como grupo y que siguen funcionando como lo venían haciendo, como ocurre en Escoriatza. Mientras que en Hernani han cambiado de nombre y siguen funcionando como grupo, con un nombre diferente, con lo que siguen percibiendo la asignación como grupo municipal.

   Las fuentes consultadas precisaron que la compensación económica, tras perder el grupo, se ha producido también en algún municipio gobernado por el PNV, como es el caso de Urnieta, donde el grupo ANV está disuelto pero se ha producido una compensación a sus concejales.

   Aunque en otros municipios que también gobierna el Partido Nacionalista Vasco sí se ha procedido a la disolución del grupo ANV, como en Orio o en Hondarribia, sin compensar a sus concejales. Esto último, disolver el grupo ANV, en aplicación de la resolución del juez Garzón, es lo que ha sucedido en los ayuntamientos gobernados por el PSE en Guipúzcoa, como Rentería, Lasarte o Irún.

   El hecho de que buena parte de los municipios gobernados por la ilegalizada ANV esté aplicando una medida cuyo resultado es el mismo, es decir, destinar más fondos a los ediles que provenían de esta formación, ha provocado que la Abogacía del Estado esté recopilando las actas de los plenos y la información necesaria para analizar el tipo de recurso a presentar, según informaron fuentes jurídicas.

  Con la información de que ya disponen, consideran que hay tres posibles vías de recurso, la contencioso-administrativa, que tendría que presentarse en el País Vasco o el recurso por incumplimiento de sentencia ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo, que dictó la ilegalización de ANV el pasado 16 de septiembre, o la presentación de un recurso penal ante la Audiencia Nacional, por la decisión del juez Baltasar Garzón, de febrero de este año, de suspender las actividades de ANV. La decisión de la vía que se elegirá aún no está tomada.

   No obstante, si se opta por recurrir al Supremo por incumplimiento de sentencia, la Abogacía del Estado tiene que tener en cuenta que la Sala del 61 aún no ha procedido a la ejecución de la sentencia que dictó en septiembre.

  Según precisaron fuentes del Alto Tribunal, la ejecución de sentencia tienen que pedirla las partes, es decir, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Una petición que aún no se ha cursado. Esto se debe, según explicaron, a que, tras dictar sentencia, se abre un plazo por si se presenta algún incidente de nulidad.