El enfrentamiento entre los partidos independentistas se precipitó inmediatamente después de que Torrent compareciera a primera hora de la mañana para anunciar que aplazaba el pleno de investidura hasta que el Tribunal Constitucional resuelva las alegaciones que los servicios jurídicos del Parlament presentarán en los próximos días para pedir que se retire el veto sobre la investidura de Puigdemont.

«Ni Soraya Sáenz de Santamaría ni el Tribunal Constitucional decidirán quién tiene que ser el presidente de la Generalitat. Me he comprometido a garantizar la inmunidad de Puigdemont e iré hasta el final», advirtió el presidente de la Cámara catalana en tono solemne. «El pleno se celebrará una vez se pueda asegurar una candidatura efectiva», abundó.

El presidente del Parlament escogió una vía intermedia entre la desobediencia y el acatamiento de las advertencias del Alto Tribunal. No siguió las recomendaciones de los grupos constitucionalistas, que le exigían retirar la candidatura de Puigdemont y abrir una nueva ronda de consultas para proponer un candidato alternativo, pero tampoco se atrevió a permitir una investidura por vía telemática, sabedor de que sería inmediatamente acusado de un delito de desobediencia y que incluso podría acabar incluido en la causa por rebelión que instruye el Tribunal Supremo.

La tercera vía de Torrent enfureció a Junts per Catalunya. Sus diputados pasaron dos horas reunidos digiriendo el enfado antes de comparecer para poner al dirigente de ERC a los pies de los caballos. «Ayer nos fuimos a la una de la madrugada del Parlament con un acuerdo y hoy nos levantamos con esto. Nuestra voluntad es inequívoca: hacer el pleno hoy», defendió Elsa Artadi para, a continuación, recordar a Torrent que «la gente está manifestándose en la calle». La mano derecha de Puigdemont se esforzó en señalar que Torrent actuó «unilateralmente».