Javier Navascués Pérez. Luis Felipe Utrera-Molina es licenciado en Derecho y Asesoría de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, socio del prestigioso bufete J.Y. Hernández-Canut Abogados y árbitro de las Cortes de Arbitraje de Madrid, Corte Española de Arbitraje y de la Corte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
La Duquesa de Franco designó a Luis Felipe como albacea universal y contador partidor de su herencia. Después la familia siguió confiando en él para intentar evitar la exhumación de Francisco Franco. En esta entrevista nos explica, con sus conocimientos jurídicos, de forma clara y sencilla, los argumentos por los que Francisco Franco debe quedarse en el Valle de los Caídos.
-Hay que empezar teniendo muy cuenta que en el ordenamiento jurídico español el cadáver pertenece a la familia.
Así es, aunque estrictamente los cadáveres son res extra comercium y por ello están fuera del comercio de los hombres. Por lo tanto no existe un derecho real sobre un cadáver, lo que la doctrina y la jurisprudencia viene estableciendo de forma unánime y pacífica es que la familia es la única que puede disponer del destino del cadáver de sus difuntos.
-Es evidente el carácter sectario de la Ley de Memoria Histórica.
Es una ley absolutamente maniquea por cuanto establece una visión unívoca y sesgada de la Guerra Civil y divide a los españoles entre lucharon en ella en buenos y malos, en víctimas y verdugos, presentando una visión distorsionada de la situación revolucionaria que provocó la guerra civil y estableciendo la falsa premisa de que ésta fue consecuencia de un golpe contra la legalidad constituida, cuando la historia demuestra cómo la legalidad había sido pisoteada ya en las elecciones de Febrero de 1936. Por lo tanto, es una ley sectaria y muy perjudicial en cuanto intenta establecer una visión sesgada de la Historia reciente de España, que debe ser objeto de estudio y debate por los historiadores, pero en ningún caso por el Poder Legislativo ni del Ejecutivo. Los parlamentos están para hacer leyes, pero no para revisar la Historia.
-La exhumación no deriva directamente de La Ley de Memoria Histórica.
Así es, deriva de la aprobación de un Real Decreto que modifica la Ley de Memoria Histórica, en su artículo 16, y que determina que no puede yacer, en el Valle de los Caídos, nadie que no haya fallecido como consecuencia de la Guerra Civil española. Eso implica que se declara de interés público la exhumación no sólo de Francisco Franco, sino de todas personas allí enterradas que no falleciesen como consecuencia de la Guerra Civil, que por cierto son un total de 185. Además de Francisco Franco, 19 monjes y 165 personas inhumadas dentro de la Basílica que fallecieron entre el año 1.939 y 1.959.
-En realidad poco les importa este hecho, es un excusa para sacarlo de allí.
Evidentemente es una excusa porque las leyes no pueden tener carácter particular sino que deben de tener carácter general. Para no decir que no puede estar enterrado allí el cadáver de Francisco Franco, que sería algo absolutamente ilegal, se han buscado esa excusa. Lo que pasa es que esa excusa determina, que con arreglo a la ley, están incorrectamente enterradas 185 personas y debe procederse a la exhumación de las mismas, algo que el propio Gobierno, por desconocimiento, no había previsto.
-A nadie pueden engañar con este pretexto.
Así es porque en nuestro derecho están prohibidas las leyes de caso único y por lo tanto como no podían decir eso, se han buscado un subterfugio para establecer que no puede estar enterrado allí nadie que no haya muerto en la Guerra Civil española. Con lo cuál el Real Decreto deja fuera a José Antonio Primo de Rivera, pero afecta de lleno a Francisco Franco. Lo que ellos no sabían es que había 185 personas que no cumplen con los requisitos del artículo 16. 3 de la Ley de Memoria Histórica.
-En caso de que el juez dictaminase que hay que exhumar a Franco, ¿Cuál sería su reacción?
Nosotros tenemos la posibilidad de recurrir en la vía contencioso administrativa y es lo que haremos.
-Y eso hará que el asunto se vaya alargando a la espera de que otros posibles gobiernos dejen a Franco descansar en paz.
Sin duda la intención es agotar todos los recursos legales a nuestro alcance.
-Hay una cuestión que el Gobierno no ha sopesado, que es el hecho de la inviolabilidad de la Basílica.
Así es y es que sin la autorización del Prior no se puede hacer nada dentro de la Basílica. Una cosa es la titularidad y otra es la jurisdicción. La titularidad de la Basílica pertenece a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que es administrada por Patrimonio Nacional. Pero lo verdaderamente relevante es la jurisdicción y el Estado carece de jurisdicción dentro de la Basílica porque está declarada como lugar de culto. Por el articulo 1.5 del Tratado internacional entre España y la Santa Sede de 1.979 los lugares de culto son inviolables. Este tratado está por encima del Decreto Ley, pues tiene rango normativo superior.
-El Gobierno no podría hacer nada, salvo que altas instancias de la Iglesia presionasen.
Es el Prior el que tiene que decidir y se ha opuesto. Él ha dicho claramente que sin el permiso de la familia no autoriza la exhumación y la familia no está dispuesta.
-En caso de agotar todos los recursos, el Plan B sería llevar los restos a la cripta de la Almudena. ¿Sería un atropello impedirlo pues iría contra la propiedad privada de la familia?
De momento son rumores, pero no sé en qué medida un gobierno podría impedir que alguien utilice una sepultura privada para enterrar a sus muertos. Podrá impedir que se hagan homenajes o se enaltezca su figura si modifican la ley en tal sentido, pero lo que no entiendo es cómo el Gobierno va a impedir a un particular que entierre a sus muertos en una sepultura de su propiedad. Se me antoja ciertamente complejo y desde luego, incompatible con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución,
-Sugieren el Pardo, pero acabarán diciendo que será un lugar de enaltecimiento.
Si realmente lo que dice el Gobierno es que no se pueda enterrar en un sitio en el que pueda ser enaltecido, lo único que uno puede pensar es que quieran tirar sus restos al mar o que se aventen su cenizas, para que nadie pueda enaltecerlo en su tumba, aunque lo cierto y verdad es que quien quiera rendirle homenaje lo hará con tumba o sin ella en el legítimo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión que ningún gobierno puede cercenar de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Algunos estarían dispuestos a convertir en delito rezar un Padrenuestro o ponerle unas flores en la tumba, pero hoy por hoy, estamos en un Estado de derecho y hacer tal cosa sería absolutamente inconstitucional.
-Esto no pasa en ningún país serio, en otros países respetan a sus personajes históricos.
Esto es absolutamente insólito y no tiene precedentes en el mundo civilizado. He hablado con colegas míos franceses e ingleses y no dan crédito. No pueden entender que los españoles estemos así, 43 años después, discutiendo sobre dónde hay que llevar los restos mortales de Francisco Franco, cuando somos un país con tantas posibilidades. Esto es un disparate absoluto, que lo único que genera división y odio y es una pena, porque no aporta nada a las nuevas generaciones, que quieren que el Gobierno se ocupe de sus problemas reales y no de pleitos históricos que solo generan odio y división.
-Volver a enterrarlo con los honores debidos sería, en cierta manera, resucitarlo.
No me extrañaría que el Gobierno esté pensando en legislar para evitar que se rindan honores a Francisco Franco. Pero no olvidemos que el Gobierno no está castigando a Francisco Franco, sino a una familia que tiene el único poder de disposición sobre los restos de su abuelo y a la cuál la están castigando de forma absolutamente injusta, está siendo objeto de una persecución y siendo tratada con una discriminación absoluta, contraria al principio de igualdad ante la ley establecido en la Constitución.
-Para ellos es la familia de un dictador.
Para ellos será lo que sea, pero al final son personas de carne y hueso, que pagan sus impuestos y que yo sepa, no han hecho nada para merecer la persecución y discriminación de la que están siendo objeto. La familia de Francisco Franco lo único que quiere es que dejen los restos de su abuelo en paz.
-La oposición está siendo muy tibia contra este atropello a los derechos más fundamentales.
Aquí el problema no es defender o no a Franco sino defender el Estado de derecho. Frente a una tentación totalitaria de un Gobierno que se mueve por impulsos radicales y con ánimo evidente de truncar la reconciliación entre los españoles que era una realidad antes de la llegada al poder de Rodríguez Zapatero. En definitiva todo esto es una burla al Estado de derecho porque el Real Decreto-ley es profundamente inconstitucional y un precedente peligrosísimo para el resto de los partidos. Es el uso alternativo del derecho y la utilización torticera de un instrumento excepcional, que es el Real Decreto-ley, por motivos políticos y esto es inaceptable en cualquier democracia. Que la oposición constitucionalista permanezca indiferente ante una violación tan grave de la Constitución sienta un precedente muy peligroso.
-La familia sigue muy firme en no ceder.
Absolutamente. Es evidente que nosotros vamos a luchar hasta el final para que se quede donde está, donde lleva 43 años por una decisión del Rey Juan Carlos que la familia aceptó en su día. Argumentos jurídicos tenemos de sobra.
-¿Podría hacernos un resumen muy breve de los principales argumentos a su favor para evitar la exhumación?
Fundamentalmente la existencia de una vulneración del artículo 86 de la Constitución, que regula el Real Decreto-ley y a parte de eso una regulación frontal de los artículos 16 y 18 de la Constitución, el 16 de la intimidad personal y familiar y el artículo 18, que es el de la libertad religiosa, siendo una de sus manifestaciones el derecho a enterrar a sus muertos de acuerdo con sus creencias y el correlativo de que nadie pueda desenterrarlos por motivos políticos.
-¿Quiere añadir algo para finalizar?
Estamos ante una familia que no quiere que utilicen políticamente el cadáver de su abuelo. Quieren que lo dejen donde está y que no lo utilicen para dividir de nuevo a los españoles. En su día la familia aceptó que se le enterrase en el Valle de los Caídos y ahora no está dispuesta a ceder ante el ánimo revanchista de un Gobierno de extrema izquierda que quiere utilizar los restos mortales de su abuelo por motivos estrictamente ideológicos. Hay un ánimo evidente de humillar el cadáver de Franco y a toda una generación de españoles que trabajaron y reconstruyeron España bajo su mandato, mediante la humillación póstuma que no tiene precedentes en el mundo occidental. No podemos olvidar que Franco fue el primero que derrotó al comunismo y esto el comunismo nunca se lo ha perdonado. De alguna manera, uno tiene la impresión de que como no pudieron con él en vida, han decidido humillarlo simbólicamente después de muerto. Un acto de escasa gallardía y que debería repeler a cualquier sociedad civilizada.