Redacción Madrid. 1 de marzo.

El Estado de México será juzgado el mes que viene ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la presunta impunidad, falta de investigación y de actuación frente a los asesinatos de mujeres que se llevan cometiendo en la localidad mexicana de Ciudad Juárez en la última década, la mayoría de los cuales no conoce una respuesta policial y judicial de acuerdo con la gravedad del caso.

   El juicio tendrá lugar en Santiago (Chile) entre el 27 y el 30 de abril. Los abogados mexicanos Karla Micheel Salas y David Peña se encargarán de la acusación en un proceso que sólo se centrará en los casos de tres mujeres asesinadas, pero para el letrado Emilio Ginés, asesor de los dos anteriores, "se va a juzgar un tema general, el de más de 1.000 mujeres muertas".

   En una entrevista concedida a Europa Press, Ginés explicó que la acusación solicitará a la CIDH que se declare la "responsabilidad internacional" del Estado mexicano "por la impunidad, la falta de investigación, el feminicidio y la violencia de género" en Ciudad Juárez, situada en el estado de Chihuahua. "La falta de actuación da cobertura para que se sigan produciendo estos crímenes", alertó.

   Salas y Peña representan a las familias de tres víctimas de conocido como feminicidio del Campo Algodonero, ocurrido en el año 2001. En total, fueron ocho los cadáveres encontrados en este lugar, una zona de trabajo situada a las afueras de Ciudad Juárez, pero cinco de los cuerpos no fueron identificados.

   En palabras de Ginés, el feminicidio que se comete día a día en esta localidad mexicana está dirigido contra mujeres jóvenes trabajadoras, pero no existe un patrón común en todos los asesinatos. Muchos cuerpos aparecen desfigurados a modo de ritual, otros parecen un mensaje de advertencia a las mujeres por el mero hecho de trabajar. En cualquier caso, se trata de una violencia brutal: normalmente las víctimas son torturadas y violadas y sus cuerpos son enterrados, por lo que muchos restos no aparecen nunca.

   En la mayoría de los casos, los asesinatos o desapariciones no se investigan, no se recogen pruebas, y las pruebas que pueden recabarse se pierden o son manipuladas. A juicio de Ginés, "existe un manto protector hacia los asesinos" y las familias no tienen "ninguna protección".

   "INGOBERNABILIDAD" Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

   Así lo manifiesta Marisela Ortiz Rivera, de la asociación 'Nuestras Hijas de Regreso a Casa'. En una carta remitida al Ginés, Ortiz asegura que "la ingobernabilidad y el terror han hecho presa de la población en todo el estado de Chihuahua".

   En este sentido, habla de "secuestros a empresarios, cierre de negocios, extorsiones a ciudadanos ordinarios, asaltos a mano armada, desapariciones de jóvenes mujeres, ejecuciones del crimen organizado y el pago de impuestos". "No existe una persona que no haya sufrido la acción del hampa (...) Nadie confía en las autoridades formales, mucho menos en los cuerpos policiacos", añade.

   El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), ONG con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), ha pedido también a la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos que ordene tomar las medidas necesarias para erradicar los estereotipos de género, "en concepto de inferioridad y subordinación", que son "la causa de la discriminación y la violencia contra las mujeres de Ciudad Juárez".

   Por todo ello, el abogado español consideró que aunque la CIDH juzgue al Estado de México por sólo tres casos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, "se juzga también todo un gran problema" cuya sentencia podría tener efecto en toda América Latina.

   Ante el incremento de la violencia y asesinatos a lo largo de 2008 en Ciudad Juárez, Ginés indicó que fue invitado el pasado agosto como experto a participar en una misión internacional de la Organización Mundial contra la Tortura. Las conclusiones de la misión fueron presentadas en septiembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.

   De acuerdo con estas conclusiones, en Ciudad Juárez se ha reanudado el feminicidio casi ritual que asoló la ciudad en años precedentes. Se calcula que más de 1.000 mujeres fueron violadas, torturadas, asesinadas y hechas desaparecer.

   Tras conocer el informe de la misión internacional, la Comisión envió el caso a la CIDH, que finalmente juzgará al Estado mexicano. La decisión de celebrar el juicio en Santiago y no en San José de Costa Rica, donde se encuentra la Corte, se debe, según explicó Ginés a Europa Press, al escaso espacio de que se dispone en la sede y a que los jueces han preferido alejar geográficamente este proceso del país donde ocurrieron los hechos ante posibles amenazas o injerencias.

   REPARACIÓN DE LAS FAMILIAS

   Ginés se mostró confiado en que la CIDH emitirá una sentencia condenatoria. La acusación pide una reparación total de las familias de las víctimas, pero no sólo económica, sino con la detención de los culpables. Para ello, reclama que la Procuraduría federal (Fiscalía) sea la que se encargue de estos casos, y no las procuradurías estatales, que pueden estar más influidas por el crimen organizado.

   La acusación insta a México a que investigue las denuncias existentes de las familias de las víctimas, que sufren amenazas, hostigamiento y persecución, y que proceda a la dignificación de la memoria de todas las mujeres asesinadas.

   Como jurista, el abogado español opina que "el juicio contra México está claro", por lo que pidió que el Ejecutivo de Felipe Calderón "se tome en serio" la sentencia. "El Gobierno tendrá que acometer un cambio estructural muy importante si hay sentencia condenatoria", añadió.

   Emilio Ginés, miembro del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), y Héctor Fáundez, catedrático de Derecho Internacional y abogado experto en materia de Derechos Humanos, serán los dos letrados que asesoren a Karla Micheel Salas y David Peña en el juicio.

   Este caso, destacó Ginés, ha generado una gran expectación en todo el mundo y ha atraído a numerosas organizaciones que estarán presentes en la sala. Así, asistirán representantes de la Unión de Abogados Europeos, el Colegio de Abogados de Europa, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), así como del Consejo General de la Abogacía Española, entre otros.

   Según Ginés, los crímenes que se cometen en Ciudad Juárez son, por sus características, son "crímenes de lesa Humanidad", por lo cual la sentencia de la CIDH constituirá un caso paradigmático que sentará un "precedente jurídico, afectando a toda la sociedad internacional y a sus tribunales". Así, afirmó que la sentencia tendrá efecto en toda Latinoamérica y también en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ya que existe "intercambio de jurisprudencia".