Redacción Madrid. 15 de marzo. Caja Madrid vivirá mañana una nueva jornada de reuniones --un Consejo de Administración y una comisión de control-- que subrayarán la falta de acuerdo sobre el futuro de la entidad y el enfrentamiento, cada vez más encarnizado, entre los seguidores del presidente, Miguel Blesa, y los de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.

   El Consejo de Administración se reúne con un solo punto en el orden del día: "Acuerdo sobre el contenido de los Estatutos y Reglamento de Caja Madrid", que tiene por fin subrayar que la votación por unanimidad de estos textos en la última sesión se produjo "por imperativo legal", pero catorce de los 21 miembros de la dirección están en contra del fondo de los nuevos Estatutos reformados respecto a la Ley de Cajas de Aguirre.  

   Horas después de que se conociera la decisión del Ayuntamiento de Madrid de llevar los estatutos a los tribunales, el presidente 'aguirrista' de la Comisión de Control de Caja Madrid, Pablo Abejas, sorprendió el pasado viernes convocando además una nueva reunión de este órgano, paralizado desde el pasado 20 de enero por la decisión de sindicatos y PSOE de poner fin a la espiral de enfrentamiento.

   Aunque desde entonces lo único que se ha clarificado es la decisión inapelable del Gobierno regional de ir hasta el final para aplicar la nueva Ley de Cajas y la determinación del Ayuntamiento de Madrid y CC.OO. de acudir a los tribunales y al Defensor del Pueblo, respectivamente, PSOE y UGT --que se han mostrado proclives a cumplir con la normativa vigente-- todavía no se han pronunciado sobre si dan por rota la tregua, y si acudirán a la convocatoria de Blesa.

   El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, ha avalado, a través de un comunicado, la convocatoria de Abejas, argumentando que es el presidente legítimo del órgano y que los Estatutos de la entidad establecen que la comisión de control se reúna una vez cada dos meses.

   La dirección de Caja Madrid considera en cambio, y así lo hizo saber el viernes a través una carta remitida a todos los miembros de la comisión, "nula de pleno derecho" la convocatoria realizada por Pablo Abejas y asegura que "puede suponer una suplantación de funciones" que podría dar lugar a su cese. En el escrito, el secretario del Consejo de Administración hace saber a Abejas que "las reuniones de la Comisión de Control sólo podrán ser convocadas por su presidente" y recuerda a Abejas que "cesó como presidente de la comisión por acuerdo adoptado por la misma el pasado 16 de enero, del que se levantó acta notarial".

   El orden del día marcado por Abejas contempla la toma de conocimiento por parte de la comisión de la suspensión de dos de sus miembros, Fernando Serrano (PP, Ayuntamiento) y Juan Gómez-Castañeda (CC.OO-IU), decidida por la Consejería de Economía y Hacienda, y la fijación del quorum en estas nuevas circunstancias dentro del órgano.

   Precisamente, Gómez-Castañeda y Serrano han recibido de la Consejería de Economía y Hacienda la notificación de propuesta de inhabilitación por un año para el desempeño de cualquier cargo en entidades financieras, respecto a la cual tienen 15 días de plazo para recurrir. Posteriormente, la Consejería tiene un plazo de nueve meses como máximo para tomar una decisión definitiva. El escrito remitido a Serrano por parte de Beteta propone además una multa de 30.000 euros.  

   La Consejería suspendió "temporalmente" a Gómez-Castañeda como miembro de la Comisión por firmar la destitución de Abejas, un acto que consideró "nulo", y por realizar además labores de secretario en la reunión del 16 de enero que, a juicio del Gobierno regional, no fue convocada legalmente.

   Para la reunión de mañana, Abejas propone además la elección del nuevo secretario de la comisión en sustitución de Serrano, quien, por otra parte, es la persona que fue elegida para presidir el órgano en la tensa jornada del 16 de enero por parte de los 'gallardonistas' o fieles a Miguel Blesa. Esta situación, en la que Serrano era considerado por la entidad financiera como legítimo presidente del órgano, mientras Abejas lo era por la Consejería, desembocó a la postre en el bloqueo del órgano, todo ello derivado de la apertura de un expediente sancionador por incompatibilidad con su cargo como director del Contribuyente en el Ayuntamiento de Madrid.    

   Por otra parte, el orden del día señala la revisión de los acuerdos de gobierno de la caja y la aprobación de las actas del convulso 16 de enero, así como la comunicación al presidente de los acuerdos de ese día. Finalmente, prevé la convocatoria de la Comisión de Control para el lunes siguiente, 23 de marzo, a las 13:30 horas, coincidiendo con la Asamblea General de la entidad.  

   Con esta convocatoria sorpresa, podrían volver a presentarse los problemas, puesto que ahora UGT y PSOE deberán decidir si acudir o no. Además, para los defensores de las tesis de Alberto Ruiz-Gallardón, la suspensión de Gómez y Serrano no les elimina de la comisión en materia de contabilidad para el quorum necesario para llegar a acuerdos, a lo que se añade que no podría adoptarse resolución alguna porque la convocatoria no es del presidente Serrano, inscrito por la entidad en los registros del Banco de España y el Registro Mercantil.

   La Comisión constaba en un principio de 13 miembros y las decisiones debían tomarse por al menos 7, por lo que apartar a uno solo de los comisionados cambiaría el status quo dentro de este órgano fundamental para el desarrollo del proceso electoral.  

ASAMBLEA GENERAL

   Todas estas reuniones serán un botón de muestra de lo que, previsiblemente, ocurra el próximo 23 de marzo, durante la asamblea general extraordinaria que someterá a votación los Estatutos y el Reglamento electoral de Caja Madrid.

   La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, necesita un acuerdo con el alcalde, Alberto Ruiz Gallardón y los socialistas para sacar adelante el texto, pues la aprobación de ambos textos requieren el voto de dos tercios de los 230 vocales. El reparto de fuerzas deja en evidencia lo obstinado de las cifras, pues los miembros designados por el Partido Popular, tanto por parte del Ayuntamiento como de la Comunidad, suman 120 y los del PSOE 70.

  Una aprobación es, por tanto, a todas luces muy complicada en la situación actual, por lo que, diferentes fuentes políticas sitúan la pelota en el tejado del presidente del PP, Mariano Rajoy, quien tras designar a Cristóbal Montoro como negociador, no ha conseguido todavía poner orden en sus filas para lograr la cohesión del PP que resuelva el futuro de la entidad.

   El caso del PSOE también queda por definir pues, hasta ahora, se había posicionado a favor de la ley vigente, en la práctica, del bando de los 'aguirristas', pero todavía podría producirse un vuelco hacia el lado de la abstención. Esta posición sería coherente con la mantenida hasta ahora, y además, favorecería el fiasco de la votación, y por ende, una batalla perdida para Aguirre.

   No obstante, en el caso de que la Asamblea 'tumbe' los Estatutos podría ser utilizado por parte de la Consejería como una excusa loable para modificar si no la Ley, sí los Estatutos y el Reglamento, y buscar acomodo a las partes más reticentes. "Podría ser el caso de Comisiones Obreras, aunque el Ayuntamiento nunca conseguirá todo lo que pide", señalan fuentes aguirristas. Sin embargo, todo ello deberá derivar de un acuerdo político entre populares que, por el momento, no parece inminente