Redacción. Manifestación histórica este domingo en Madrid, que reunió miles de personas bajo el lema "SOS Discapacidad-Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo", en representación de las personas con discapacidad para denunciar la enorme deuda que mantienen las comunidades autónomas y ayuntamientos con las entidades que atienden a los discapacitados y la drástica reducción de apoyo público, situaciones que hacen peligrar su viabilidad.
La marcha fue convocada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en la víspera del ‘Día Internacional y Europeo de la Discapacidad’ y apoyada por más de sesenta entidades que representan la discapacidad en toda España. Se calcula que 300 autobuses se han desplazado a la capital durante este fin de semana para apoyar esta iniciativa.
Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del CERMI, ha declarado que el propósito de la concentración es la denuncia de "el recorte de derechos" que el colectivo ha sufrido con la crisis y "hacer ver a los gobiernos y a la ciudadanía que no se puede salir de esta crisis sin las personas con discapacidad y sin tener pleno respeto a sus derechos".
La drástica reducción de los apoyos públicos al colectivo de los discapacitados amenaza con la desaparición más de 60.000 empleos de los 2.000 centros especiales de empleo que hay en toda España.
El presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, ha avisado que "los derechos que se pierdan ahora no se van a volver a conseguir" y que “el Gobierno siempre ha tenido al colectivo de los discapacitados "a la cola" y ahora "lo ponen primero en los recortes". Para Carballeda, la movilización de este domingo era de gran importancia, "para que la clase política reflexione y sea consciente de priorizar y no poner a los colectivos más desfavorecidos en la diana de los recortes".
Por su parte, el comunicado del CERMI denunció que "si en los mejores momentos económicos, las personas con discapacidad y sus familias no logran disfrutar de un bienestar generalizado, en las épocas pésimas, como esta, sufren las consecuencias más devastadoras de la crisis".
“La discapacidad va a acabar siendo una 'zona catastrófica'" denuncia la CERMI, en referencia a la enorme deuda que mantienen las administraciones autonómicas y locales con respecto al sector y a las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que prestan servicios directos y apoyan a las personas con discapacidad. Existe una deuda acumulada durante meses e incluso años, en algunos casos, que “en lugar de reducirse, cada vez crece más”.
El Presidente del CERMI declaro que esta enorme deuda "asfixia a las estructuras de la discapacidad y está llevando al colapso a una enorme cantidad de recursos, dejando absolutamente desasistidas a decenas de miles de personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo".
"El incumplimiento sistemático de muchas leyes aprobadas para beneficiar sus derechos, el aumento de la pobreza y la exclusión, o el abandono de los apoyos a las familias", entre otros, así como la "situación de especial exclusión de mujeres y niñas con discapacidad o de las personas de este colectivo que viven en el medio rural" y que "tienen todavía más dificultades para acceder a los bienes sociales básicos", son situaciones que deben desaparecer, declaran representantes del CERMI.