Fernando Z. Torres La indignación contra la llamada Ley de tasas (Ley 10/2012, de 20 de noviembre) del ministro Gallardón, ha dejado de ser una pataleta ciudadana para materializarse en un auténtico movimiento. Así, a últimos de marzo de este año, se hacía público el llamado Manifiesto por la Justicia #T, cuya repercusión en las redes sociales twitter y Facebook está siendo muy relevante.

La proclama se centra en dos cuestiones fundamentales: la escasez de medios de que dispone la administración de justicia y la falta de imparcialidad a la hora de gestionarla, insinuando cierta connivencia entre el poder político y el poder judicial, desvirtuándose de este modo la esencia de la aplicación de las leyes.

Lo primero, algunos lo hemos visto con nuestros propios ojos, comprobando el apilamiento de cientos de expedientes en cajas de productos de todo tipo, junto a los  ordenadores y mesas de los funcionarios, llegándote a plantear si aquellos sujetos, algunos de mirada huraña y trato displicente, conocían el contenido de aquellos embalajes. Sobre lo  segundo para muestra un botón: si atendemos al artículo 122.3 CE, después de treinta y seis años, aún comprobamos cómo el Congreso y el Senado intervienen en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Es objetivamente inevitable el tufo político que aún arrastra, la justicia en España.

Es obvio que las tasas judiciales fomentan la desigualdad entre quien dispone y quien no dispone de dinero para poder sufragar la interposición de recursos, en caso de no obtener una resolución favorable. Es evidente, por indiscutible, que se produce indefensión en el infortunado ciudadano que, por incapacidad económica, se ve imposibilitado en el ejercicio reivindicativo de sus derechos que el artículo 24 CE garantiza a todos los españoles. Y todo ello a pesar de lo que se sostiene en el preámbulo de la propia ley, en el que se establece: “la ley pone todo el cuidado en que la regulación de la tasa (…) no afecte al derecho a acceder a la justicia como componente básico del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución”. Materialmente falso cuando, por ejemplo, un trabajador dispone únicamente de una exención del 60% cuando pretenda interponer un recurso de suplicación o casación y la Administración, ya sea estatal, autonómica o local goza de exención total respecto de cualquier planteamiento jurisdiccional.

El bautizado como “tasazo” me sugiere una nueva forma de apisonadora respecto de aquellos que menos tienen. Una sumisión completa respecto del estamento empresarial y administrativo y un guiño al “tanto tienes tanto vales”, despreciando por completo al ciudadano de a pie. “No hay colores políticos a la sombra de #T” , como respalda el manifiesto. El PSOE dejó España hecha trizas y el PP pretende arreglarla a golpe de tributo en todo aquello que sea susceptible de generar un euro, exprimiendo al agonizante contribuyente hasta la última gota de su maltrecho sudor.
 
El manifiesto por la justicia exhibe sus dos armas: la voz y el voto. En este punto también compartimos. A lo largo de mis artículos en el blog http://detallesoriginalesferzt.blogspot.com.es/ he manifestado la obligatoriedad de defender las ideas desde la madurez democrática, lejos de estériles algaradas callejeras. Del mismo modo que he apoyado la necesidad de alejarnos del hooliganismo bipartidista imperante, que posibilite la apremiante apertura de miras propiciadora de la imperiosa reforma de todo aquello que el sistema imperante, mantiene apolillado desde hace treinta y seis años.
 

Por @lancistaz