Miguel Massanet Bosch. El tema del Estatut de Catalunya y de los partidos nacionalistas catalanes empieza a ser tan recurrente que llega a asquear a cualquier español bien nacido que tenga que contemplar, a diario, como se están disparando cargas de profundidad contra el Estado español y como sus cimientos empiezan a resquebrajarse sin que en este país, que ha sido cuna de miles de héroes que han dado sus vidas por España; encuentre entre sus ciudadanos, especialmente en aquellos que por su rango, responsabilidad y preparación debieran haber dado el paso al frente, uno solo que sea capaz de ponerle remedio a la situación caótica en la que se encuentra. Existe el peligro de que esta debilidad, si no complicidad, del Gobierno, no acabe por propiciar que, cada vez, sea mayor descaro y virulencia, de aquellos que muestran su predisposición a separar de España, partes importantes de su territorio nacional. El rico mosaico de costumbres, lenguas, hábitos y peculiaridades regionales, que nunca debieran ser obstáculo para que todos los ciudadanos españoles formáramos un bloque unido y solidario, en torno a nuestra bandera y a nuestras instituciones comunes, tal y como refrenda la Constitución de 1.978; parece que está a punto de ser destruido a causa de la negligencia y el olvido de los instrumentos que la Constitución española pone a disposición del Estado, para que ponga fin a estos escarceos separatistas; si fuere preciso, con la suspensión de la autonomía y su regreso a la tutela directa del Gobierno central de la nación..

Por desgracia, los acontecimientos no nos permiten olvidarnos de un tema tan espinoso y de tanta trascendencia para España y los españoles, cuando nos vemos obligados a contemplar, entre asombrados y enfurecidos como, desde las mismas instituciones y desde la propia Presidencia del Gobierno, se pretenden introducir palos de rebeldía, desacato y traición, entre las ruedas de lo que constituye la base de nuestro sistema jurídico, el Estado de Derecho; uno de los pilares básicos de toda nación civilizada y de toda democracia que se precie de serlo. Resulta tan inexplicable, una traición tan ostentosa al mandato que recibieron, al ser in vestidos y jurar o prometer defender la Constitución, el Presidente del gobierno o los miembros de su Ejecutivo; que resulta incomprensible como el propio Fiscal General del Estado, (si no fuera que ha dado ya cumplidas muestras de su poco respecto por las leyes cuando se trata de favorecer a los socialistas), debiera haber elevado tanto de culpa, por traición a la patria, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y es que, lo que debiera ser el respeto a las resoluciones y sentencias judiciales y preocupación para que las leyes se observaran por todos, incluso por quienes más responsabilidad tienen en hacer que se cumplan; a cauda de una inexplicable disfunción de nuestros gobernantes, se viene convirtiendo en un desprecio por la legalidad, un ataque sistemático a los miembros de la Justicia y un intento descarado de influir en ellos políticamente; de chantajearlos para pretender modificar el sentido de sus decisiones y acusarlos de no tener en cuenta los posibles efectos políticos de sus resoluciones, en una tergiversación malévolamente manipulada de los objetivos de los tribunales de Justicia. Un modo efectivo y sibilino de hacer creer a los ciudadanos que, quien interpone un recurso en contra de una ley estatal (como ha sido el caso del PP y el Defensor del Pueblo en sus recursos en contra del Estatut catalán), está cometiendo un acto de traición contra la comunidad, que pudiera verse afectada por la ley recurrida. Por el contrario, es misión fundamental del TC, atender a estas denuncias de posible inconstitucionalidad que, con anterioridad, estaban sujetas al recurso Previo de Inconstitucionalidad (posteriormente abolido), procedimiento que impedía que las leyes emanadas del Legislativo, cuando eran recurridas, entraran en vigor en tanto no hubiera superado la criba del Alto tribunal.

Uno se hace cruces de que, el señor Montilla, un personaje con poco bagaje intelectual y escasas luces, eso sí, con la pillería de un redomado “trepa” político (cuya definición popular es la de: “una persona interesada, sin escrúpulos, que desea ascender rápidamente en la escala social o profesional”), cuyo cuadro psicológico se ajusta al modelo robot que los describe como “la especie más común. Habla en voz baja y críptica. Nunca muestra sus emociones pero alardea ante los oídos adecuados ( El Semanal, 18-8-2002); haya tenido el atrevimiento, la desfachatez y la osadía de, al salir de la entrevista con el señor Rodriguez Zapatero, dejar caer “perlas” como la que dice que le ha espetado a su jefe de filas cuando le ha exigido, repito, exigido “una reparación de de los males morales y materiales” que la sentencia del TC sobre el Estatut catalán “ ha infligido el ataque a la dignidad de los catalanes”. ¡Tal como se lo digo! ¡Con todos los puntos y comas! Este insensato, no se le puede describir de otra manera; se ha creído que puede insultar al pueblo español, a sus instituciones y al más mínimo vestigio de sentido común, haciendo una proclama que no tiene más sentido que el hacer una demostración, ante el pueblo catalán, para que los nacionalistas lo voten en las próximas elecciones catalanas, por su “acendrado amor a Catalunya”. Y esto, señores, lo dice un señor de Iznájar, castellano parlante y que, hasta su ascenso a la presidencia del Tripartit, sus preocupaciones por lo catalán, su independencia y por la lengua catalana era nula. Por ello sus hijos frecuentan el Colegio Alemán de Barcelona donde cursan sus estudios.

Por un momento seamos sensatos y analicemos semejante cúmulo de barbaridades. ¿Cómo los catalanes se pueden sentir ofendidos por la sentencia del TC? En todo caso deberían sentirse furiosos con los que redactaron el Estatut, por no haber previsto, a tiempo, que una parte (para mí toda la Ley Orgánica lo es) del texto enviado al Parlamento español, atentaba directamente contra la Constitución española. O ¿por qué no se han irritado con sus representantes en las Cortes y los que votaron a favor del Estatut, por no haber previsto que el TC se lo iba a enmendar? O, ¿es que debemos suponer que se redactó el Estatut, en estos términos tan inaceptables, precisamente como un desafío al Estado de Derecho español? 0 ¿se buscaba esta confrontación que se ha producido para apretar las clavijas a un gobierno débil como es el del señor ZP?

¿Desde cuándo una sentencia tiene que contar con el beneplácito de todos los afectados por ella, para ser legítima? O ¿cuándo una sentencia influye en la dignidad de las partes? Podrá afectarlas pecuniariamente ¡ahí es donde les duele a los políticos catalanes, la parte que recorta sus privilegios!; o privarles de algunos derechos civiles o, incluso, coartar su libertad de movimientos, pero ¿afectar a la dignidad o la moral? Esto, señores separatistas, solo ocurre en los casos en los que un delito previo provoca la reacción de la justicia y se condena al culpable a prisión o cualquiera de las penas accesorias que afectan indirectamente a su dignidad lo que, por otra parte, sería muy relativo, porque cuando uno delinque, y tenemos ejemplos recientes en Catalunya de delincuentes económicos, se desprestigia a si mismo a causa del acto delictivo que ha cometido y pierde la consideración y el respeto de la sociedad. Si uno quiere que le aprueben una propuesta que contiene irregularidades o debe rectificarlas o debe aceptar que sea rechazada. Lo que no es admisible de ninguna manera es buscar, por medio de terceros, que las irregularidades sean respaldadas a través de procedimientos ilegales. Zapatero y Montilla ya han anunciado, públicamente, que los derechos que el TC ha recortado por inconstitucionales, se van a compensar por otros medios. La componenda esta servida, la ilegalidad anunciada y el Estado de Derecho, en el olvido. ¡Viva España!