Ramiro Grau Morancho. Abogado, Profesor Universitario de Derecho y Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Soy un admirador de los médicos y de la encomiable labor que realizan. Y defensor de la sanidad pública, que funciona bastante bien, en términos generales, y ello a pesar de la clase política que tan mal la dirige. Por fortuna los médicos son los suficientemente buenos profesionales como para cumplir con su deber, por encima de las imposiciones y criterios políticos, partidistas y demagógicos.
            Me sorprende que en España un médico, con sus seis años de carrera, su examen –auténtica oposición- de MIR y los cuatro años de especialidad correspondiente, gane lo mismo que un bombero, quien además de un cuerpo musculoso, que hace las delicias de las señoras, además de las de muchos “entendidos”, escasamente tiene estudios medios. Es cierto que el bombero se juega la vida esporádicamente, pero es que nuestras vidas están habitualmente en manos de los médicos… Este desprecio de la preparación y esfuerzo intelectual que exige la obtención de una titulación universitaria evidencian el país que somos.
            Por razones que ignoro, la clase dirigente la tiene tomada con los médicos. Parece que ellos son los causantes del hundimiento de la economía en general, y de la sanidad, en particular. Se les rebajan notablemente las retribuciones, mientras que a otros sectores de la sociedad, que vegetan tranquilamente,  como los profesores universitarios, y cuya falta de producción científica es evidente –en muchos casos-, se les deja en paz, en nombre de esa famosa autonomía universitaria, que en el caso español es más independencia, que otra cosa. Son como Cataluña, quieren la independencia, pero subvencionada.
          El colectivo de profesores universitarios se ha visto incrementado notablemente, por otra y gracia de disposiciones transitorias de las leyes correspondientes, que permitieron la creación de un sinfín de plazas de catedráticos y profesores titulares, absolutamente innecesarios.
          Las universidades públicas, ninguna de las cuales está entre las doscientas mejores del mundo, son incapaces de ofrecer una buena formación a sus alumnos, pero no paran de crear plazas de funcionarios docentes, pese a que la ratio profesor/alumno es cada vez más reducida.
          ¿Es que el gobierno no piensa poner a las universidades en su sitio, limitando la autonomía universitaria a su simple gobierno interno, pero nada más?  Como establece la Constitución en su artículo 27, 10, “Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca”, es decir, puede regularse –y limitarse- legalmente. Al fin y al cabo somos la sociedad quienes mantenemos tan inútiles instituciones, ancladas en ideologías trasnochadas, y totalmente alejadas de la realidad social.
          Y lo mismo digo del PAS, personal de administración y servicios. En la Universidad de Zaragoza, de la que fui docente cerca de una década, todos los centros tenían funcionarios y personal laboral haciendo fotocopias, con servicios de reprografía propios, que funcionaban bastante deficientemente, en general. Pues bien, una Facultad de nueva creación, la de Económicas y Empresariales, siguiendo criterios propios de la economía de libre mercado, optó por privatizar el servicio, sacándolo a concurso. No solo se redujo el número de empleados públicos, sino que se obtenían ingresos por el canon correspondiente que pagaba una empresa privada. Por no hablar de que el servicio funcionaba mejor, al ser trabajadores, sujetos por tanto a sanciones, despidos, etc., en lugar de funcionarios públicos, inamovibles. ¿Tan difícil es reducir a la mínima expresión el PAS, e intentar privatizar todo lo que se pueda, para dar vida a la iniciativa privada, que al fin y al cabo es la que paga impuestos…?
          Termino estas reflexiones manifestando mi desacuerdo con la excesiva presión del gobierno sobre los médicos, y abogando por el cierre de una parte de las universidades públicas y la privatización de la mayoría de los servicios que se prestan en las que subsistan.
          Cada plaza de alumno en la enseñanza concertada, por ejemplo, le cuesta al Estado el sesenta por ciento de lo que vale el mismo puesto en la enseñanza pública. Ello se debe, en buena parte, a la mejor gestión de las empresas privadas, reduciendo costes innecesarios y optimizando los servicios, además de la menor presión sindical, los abusos del absentismo laboral –“casualmente” muchas las profesores cogen la baja por maternidad durante el curso lectivo, o causan baja por depresión cuando tienen que dar clases, recuperándose “milagrosamente” en el periodo estival-, o el efecto perverso de los trienios, que aumenta el coste de las nóminas como una gigantesca bola de nieve.
          Y, desde luego, el profesor funcionario debe pasar a la historia, y ser sustituido por el profesor contratado laboral, que puede ser promocionado, trasladado o despedido con mayor facilidad. ¿O es que es necesario ser funcionario para dar clases de arameo o de historia antigua…?