Pedro Sáez Martínez de Ubago. Quizá olvidando que, como dijo Vicenzo Gioberti, “los mayores enemigos de la libertad no son son aquéllos que la oprimen, sino los que la ensucian”, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha presididido la Conferencia Sectorial de Educación donde se ha adoptado la medida de retirar delos textos de la EPC o signatura que le sustituya el término “nacionalismos excluyentes”.
Esta decisión de la Conferencia Sectorial de Educación puede parecer inoportuna, fuera de lugar, incluso irrisoria, si pensamos que se ha adoptado en la Vispera de que el F. C. Barcelona y el Atletic Club de Bilbao compitan por la Copa del Rey de Fútbol, jaleados por unas aficiones predispuestas a abuchear a la Corona de España en la persona que la represente en el Palco del Vicente Calderón, ya casi con seguridad el Príncipe de Asturias, así como al Himno nacional, independientemente de tecnicismos como la versión en que se interprete.
Si nos atenemos a las cifras, los socios barcelonistas andan por los 180.000, es decir un 11,13% de los habitantes de la Ciudad Condal y el 3,25% de la provincia; A su vez, los socios del Atletic, unos 35.479, son el 10,01 % de la población de Bilbao y el 0,30 % de Vizcaya. Y sumados los de ambos equipos dan un total de 215.479 personas: es decir similar a un pueblo como Jerez de la Frontera y muy por debajo de los habitantes de otras localidades, que ni son capital de provincia ni de autonomía, como Vallecas, con 350.000 habitantes censados, o Vigo, con 297.000.
Por desgracia no es posible olvidar aquí la incomprensible sentencia del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en virtud de la cual pitar y silbar al rey durante la interpretación del himno nacional no constituye delito, ni se puede considerar ni injurias al rey, ni apología al odio nacional, ni ultraje a España. Mi impericia legal me impide rebatir al autor de la sentencia, pero mi sentido común me permite decir que me resulta repugnante y mi memoria me hace proclamar que no sería la primera sentencia contradicha, corregida, desestimada pertinente…
Lo incuestionable es que, si bien del delito de injurias al Himno o la Bandera sólo pueden ser reos quienes ostenten la condición de militares, el delito de injurias a la Corona se encuentra recogido en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su Título XXI, llamado Delitos contra la Constitución, cuyo Capítulo II en el artículo 490 establece que: “El que calumniare o injuriare al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son”. Y en el 491 se establece que: “1. Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa de cuatro a veinte meses”.
Sin embargo, lo anterior no es óbice para que pueda considerarse que aquellos grupos nacionalistas que ofenden al resto de la nación en sus símbolos y, como es el caso de vascos y catalanes anden fomentando un independentismo que les autoexcluiría de la unidad de la nación española, establecida en el artículo 2 de la Constitución, y como en el caso de vacos y catalanes hayan llegado a usar la violencia contra el estado y los ciudadanos por medio de las acciones de ETA o los más de 200 atentados de Terra Lliure, muchos de cuyos dirigentes y militantes en 1991 ingresaron en Esquerra Republicana de Catalunya, sí practican un “nacionalismo excluyente” del que no es nada oportuno mantener en la ignorancia a los jóvenes que, por ley natural, con su voto y su acción, están llamados a hacer la política del mañana.
Más plausible parecen las palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconociendo que el Gobierno prepara una nueva Ley de Protección y Seguridad Ciudadana para poder empezar a cobrar por la seguridad que se presta por grandes acontecimientos deportivos y culturales, donde todos los españoles, tenemos que pagar las atrocidades de una minoría. En este mismo sentido cabría imponer a los padres o tutores de los vándalos menores de edad ra responsabilidad de financiar, como ya se hace en la denominada “kaleborroka”.
Y también es plausible la actitud de Guardiola, que será el entrenador del equipo catalán en el partido y en su última rueda de prensa de en el Camp Nou dijo "No soy partidario de que se silbe un himno, pero me sabe mal que la Presidenta de la Comunidad no esté. Nos habría honrado su presencia, pero claro que puedo respetar su ausencia"; y que "las reivindicaciones se hacen en los parlamentos".
Respecto a la final de la Copa del Rey, que se jugará este viernes entre el Barcelona y el Athletic del Bilbao, el ministro precisó que se pondrá en marcha el despliegue de seguridad "necesario, conveniente y adecuado" para que todo se desarrolle con normalidad y sea una "fiesta del fútbol".
Quizá fuera mejor, partiendo de que quien juega la Copa del Rey lo hace desde el debido respeto a lo que su figura representa, haber obligado previamente a ambos club a responsabilizarse del mínimo civismo de sus hinchadas, como se requiere un servicio de orden a quien promueve una concentración o manifestación, y, de no haber asumido los clubs tal responsabilidad, haber llamado a jugar la final al tercero y cuarto clasificados. Porque dudo de lo que empieza con amenazas y que ha generado un alto grado de crispación pueda ser una fiesta para nadie salvo para los separatistas que la promueven y que van a tener el altavoz de cadenas de difusión nacional e internacional ¿Se cebarán contra estos 50.000 potenciales delincuentes los mismos que, tras su homilía del Viernes Santo hicieron objeto de mofa, escarnio y vilipendio a Monseñor Reig Pla, Obispo de Alcalá de Henares? Casi seguro que no. Que harán como los que el pasado agosto protestaban contra que el Estado financiara la Jornada Mundial de la Juventud y dos semanas después se sumaban al Festival de Ramadán, financiado en el madrileño Lavapiés con fondos del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.
Ya está bien que, bajo pretextos deportivos o culturales, se abuse de la tolerancia de la ley de un país que parece favorecer más al delincuente que a la víctima, que bajo el letrero de “discriminación positiva” da amparo a todo tipo de aberraciones, o que, bajo supuestos derechos, como una libertad de expresión mal entendida, permita que sólo se expresen un determinado tipo de sujetos sin importar el derecho de las mayorías a la libertad de expresión, de culto, de cátedra, a la propia vida e integridad personal, etc.
Los políticos hablan mucho, pero, a la hora de actuar, no lo hacen con autoridad, olvidando que como dijo Antonio Aparisi Guijarro: “en ningún país del mundo ha habido libertad donde la autoridad no haya sido profundamente respetada”.