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Un supuesto empresario 'vendía' por 600 euros permisos de residencia a extranjeros en situación irregular
Nueve detenidos en Gran Canaria y Fuerteventura por tráfico de inmigrantes
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Redacción Madrid. 29 de mayo. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía procedieron hoy a la desarticulación de una trama formada por cuatro supuestos empresarios que se dedicaban a estafar a extranjeros indocumentados en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, así como a otras cuatro personas que actuaban como intermediarios entre los anteriores y estos últimos, y a una gestora que se encargaba de tramitar las solicitudes de trabajo y residencia.
La operación, según la policía, viene desarrollándose desde octubre de 2008 y sigue abierta a día de hoy. Las investigaciones se iniciaron tras detectar la Subdelegación del Gobierno de Las Palmas varias irregularidades en las ofertas de empleo a extranjeros, presentadas por el titular de una empresa del sector ganadero en el sur de Gran Canaria.
Ese empresario, Enrique A.L., de 56 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria, presentó en un corto periodo de tiempo hasta un total de 80 solicitudes de residencia y trabajo para extranjeros de varias nacionalidades que se encontraban tanto en territorio nacional como en sus países de origen, lo que hizo sospechar a la Subdelegación de que podía tratarse de una empresa 'pantalla' con el único objetivo de obtener permisos de residencia para extranjeros sin papeles.
Las sospechas se convirtieron en realidad, explica la policía, tras comenzar las investigaciones. Así, funcionarios adscritos a la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad (Ucrif), de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas, tras escuchar en declaración a varios de los extranjeros, averiguaron que estos debían pagar 600 euros a cambio de la oferta de empleo, abonando al "empresario" igualmente otros 200 euros más en concepto de alta a la Seguridad Social si la solicitud del permiso resultaba favorable.
Asimismo se pudo determinar que Enrique A. L. estaba haciendo uso de una serie de intermediarios de Mauritania, Sierra Leona, Ghana y Marruecos, residentes legales en España, que se encargaban de buscar personas de esas nacionalidades en sus respectivos países, dispuestas a pagar en torno a 3.000 euros por una oferta de empleo que les proporcionara la manera de acceder a España de una forma aparentemente legal.
Los agentes averiguaron también que los mismos empresarios estaban ultimando la presentación de una solicitud a gran escala de mano de obra extranjera para más de 150 personas provenientes de Marruecos y Senegal, para supuestamente trabajar en una finca inexistente de Gran Canaria. Para ello, ya tenían seleccionados a varios extranjeros y en muchos casos "cobrado" el precio de 5.000 euros por formar parte de esta solicitud.