Pablo Linares.

Desde el Ministerio de la Presidencia se le había asegurado al Excmo. y Rvdmo. Padre Abad de la Basílica Pontificia de la Santa Cruz en el Valle de los Caídos que, a partir del pasado uno de marzo, se abrirían las puertas de la Basílica para el culto de los fieles y a sus numerosos visitantes, recuperándose la normalidad que sin autorización ni consentimiento del Padre Abad ni de ninguna otra autoridad eclesiástica, había sido unilateral, ilegal y fraudulentamente alterada e interrumpida, todo ello por órdenes directas emanadas de la Subsecretaria del Ministerio de la Presidencia, vulnerándose de esta forma la inviolabilidad de un lugar de culto así como la libertad religiosa y de culto de los fieles.

He de transmitirles que no sólo no han cumplido su palabra sino que prosiguen con el

hostigamiento, persecución y deleznable intento de amedrentamiento del Padre Abad y

de su Reverenda Comunidad Benedictina, bajo cuya autoridad eclesiástica se encuentra

el mencionado lugar de culto que es el Valle de los Caídos y bajo cuya custodia se

encuentran sus bienes y diversas instalaciones.

Desde el Ministerio de la Presidencia y Patrimonio Nacional, posteriormente al

mencionado cierre se trató de justificar éste alegando un supuesto riesgo en la estructura

del interior de la Basílica que podría afectar la seguridad en su interior, falaz artimaña

que fue rotunda y rigurosamente desmontada, con el debido rigor técnico, en el informe

técnico solicitado por la comunidad benedictina a profesionales cualificados en la

materia, los cuales dejaron asentado en su informe que no se ha detectado riesgo alguno

respecto de su estabilidad y que, por lo tanto, no existe problema alguno para la

seguridad de nadie en el interior de la Basílica, sino todo lo contrario.

A la vista del mencionado informe, Patrimonio Nacional por órdenes de sus superiores

"trasladó" la supuesta inseguridad a la escultura religiosa "La Piedad" ubicada en la

entrada de la Basílica, escultura que había sido restaurada por ellos mismos unos meses

antes y a la que habían dejado protegida con una malla metálica protectora.

Ahora se le presionaba a la Comunidad Benedictina en el sentido de que debían aceptar

el desmontaje de "La Piedad" si querían que se reabriera al culto normal la Basílica, o

de lo contrario deberían atenerse a las consecuencias de no acceder a la nueva y singular

ocurrencia.

La Reverenda Comunidad Benedictina, habida cuenta el importante y profundo

significado religiosos de "La Piedad" y el bien artístico y cultural de que se trata, el

cual está bajo su custodia, encargó dos informes técnicos con respecto a "La Piedad",

uno de ellos elaborado y firmado por la "Fundación Juan de Ávalos" y el mismo

arquitecto Juan de Ávalos, propietarios intelectuales de la mencionada obra de arte,

informes de los cuales se desprende la absurdidad e innecesaridad técnica de tan

riesgosa como inexplicable operación.

No se trata, pues, sino de ocurrencias una detrás de otra, con un solo y exclusivo

objetivo: mantener cerrado al culto normal la Basílica Pontificia de la Santa Cruz;

alterada la normalidad de ese lugar sagrado; vulnerada la inviolabilidad de ese lugar de

culto; cercenado el derecho de los fieles a la libertad religiosa y de culto; afectado el

turismo y visitas a dicho lugar; así como manteniendo al Padre Abad y la Reverenda

Comunidad Benedictina allí asentada, así como a los cuarenta escolanos y a sus

familias, en un estado de creciente ansiedad y angustia emocional y presión psicológica,

donde no han faltado las vejaciones, groserías y ultrajes.

Todo ello en flagrante violación del Código Penal (Arts. 522, 523, 524, 525), de la Ley

Orgánica de Libertad Religiosa (Arts. Primero, Segundo, Tercero), de la Constitución

Española (Arts. 14, 16), de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art.

18), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 18, 20), de la Ley de

la memoria histórica (Art. 16), del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede

sobre asuntos jurídicos (Art. 1), así como otras leyes y reglamentos de la Comunidad

Autónoma de Madrid y del Ayuntamiento de El Escorial.

Y lo que es más sorprendente y ciertamente curioso, en flagrante violación con la Ley

de la memoria histórica, aprobada por las Cortes generales el 26 de diciembre de 2007,

cuyo Artículo 16.1 reproduzco:

"Artículo 16. Valle de los Caídos.

1.El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter

general a los lugares de culto y a los cementerios públicos."

¿Y ante esta lamentable y peligrosa situación qué podemos hacer los españoles que,

creyentes o no creyentes, amamos la libertad y el Estado de Derecho que se supone

impera en España?

En mi opinión, de momento, sólo seis cosas:

1º- Estricto respeto a la legalidad vigente.

2º- Confianza en las autoridades eclesiásticas que están trabajando sin descanso en que

se restaure la normalidad en la Basílica Pontificia de la Santa Cruz y en el conjunto de

ese lugar de culto denominado Valle de los Caídos.

3º Pedir al resto de la fuerzas parlamentarias, especialmente al partido de la oposición,

que no permitan bajo ninguna circunstancia que se vulnere, de forma tan burda como

ridícula, el inalienable derecho de los españoles a la libertad religiosa y de culto y la

inviolabilidad de los lugares de culto.

4º- Acudir todos los fines de semana a la Celebración Eucarística que se celebra todos

los días en la mencionada Basílica a las 11:00 horas de la mañana, aunque haya que

sufrir las molestias derivadas del injustificado y no autorizado cierre de la puerta

principal de la Basílica.

5º- Llegado el caso, exigir nuestro inalienable derecho a la libertad de culto y a la

inviolabilidad de los lugares de culto, en los Tribunales de Justicia Españoles así como

ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para lo cual se está preparando una

Plataforma Ciudadana que, -de no volver las cosas a la normalidad como es de justicia

y de puro sentido común-, se pondrá a disposición de los españoles que, católicos o no,

convengan en exigir a sus gobernantes el respeto a la Ley y al inalienable derecho de

todos a la libertad religiosa y de culto.

6º- Los creyentes, además y por encima de todo, rezar y poner toda la confianza en la

misericordia del Señor.
 

Pablo Linares. Asociación Para la Defensa del Valle de los Caídos.