Redacción Madrid. 6 de abril. Al final, terminarán pagando los platos rotos los dos policías que debían custodiar al detenido, Astrit Bushi, el albanokosovar responsable del asalto al chalet del productor de televisión José Luis Moreno. Ministerio de Interior y Juzgados, se lavan las manos y afirman no ser responsables de nada. En el caso del Ministerio es difícil poder afirmar tal cosa cuando el argumento utilizado para quitarse el muerto de encima es la inexperiencia de los dos agentes que llevaban a cabo la custodia. El juzgado de Alcobendas tiene más fácil defensa, pero todo el asunto nos recuerda mucho a lo acontecido no hace mucho con otro caso, el del asesino de la niña Mari Luz, y que provocó huelgas y manifestaciones por el precario estado de los juzgados, el desbordante trabajo y presión a los que se hallaban sometidos todos sus funcionarios y el deterioro que sufría la justicia en general.

En otro rocambolesco suceso que sería cómico si no fuese porque el “indultado” tenía más de una veintena de causas pendientes con la justicia española y es sumamente peligroso y violento como ha quedado demostrado, parece sacado de una película del inspector Clouseau. Al parecer, y tras declarar ante el juez de Alcobendas por un delito de asalto con violencia -perpetrado en la cercana urbanización de La Moraleja- el detenido fue puesto en libertad, ante el estupor del propio protagonista.

Parece ser que, tras tomarle declaración, el juez entendió que no tenía relación directa con los hechos y acordó, por esa causa, ponerle en libertad. Junto con el detenido, a los dos agentes se les entregó el auto de libertad. Expertos en custodias aseguran que los agentes debían haber llevado al detenido a la puerta de los juzgados donde debería estar esperándoles la patrulla de la Guardia Civil que sacó de prisión al delincuente albanokosovar. Los policías tenían que haber entregado al detenido y el auto dictado por el juez a la Guardia Civil, quien debía haber reintegrado a prisión a Bushi junto con el auto de libertad.

No fue así. Al parecer, los dos agentes, una vez leído el contenido del auto, entendieron que lo que el juez quería es que a ese hombre se le librase de sus esposas y se le pusiese en la calle.

Como decíamos, Bushi tiene abiertas una veintena de causas en España por asaltos con violencia. Además, en su país está acusado de asesinar a dos policías.

Lo que en realidad hubiese tenido que ocurrir, la secuencia de acontecimientos lógicos, pasa por que los presos que son trasladados por la Guardia Civil desde sus prisiones de origen hasta el juzgado en el que se les juzga, retornan de la mano de esos mismos guardias civiles a las cárceles de las que salieron una vez acabados los trámites ante el juez. La Policía se encarga de su custodia en el interior de los juzgados. A simple vista, y teniendo en cuenta el ajetreo diario que padecen nuestros juzgados, los dos policías protagonistas del error no debían ser inexpertos sino, más bien, encontrarse ante su primer traslado después de abandonar la Academia de Policía. Si hubiesen llevado algo más de tiempo en su destino, un día o dos, hubiesen sabido perfectamente lo que tenían que hacer.

Desde el Ministerio del Interior se guarda silencio. El sábado anunció que abría una investigación para esclarecer los hechos y ayer insistió en que no se pronunciará hasta que finalice esa investigación. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid también abrió una investigación pero, además, emitió una nota en la que descargaba la responsabilidad en los agentes policiales encargados de la custodia del detenido.

Ayer le tocó el turno al Consejo General del Poder Judicial. La alarma creada por la excarcelación de este peligroso delincuente ha obligado al órgano de gobierno de los jueces a salir a la palestra y anunciar también su propia investigación, en la que analizará si la actuación del juzgado de Alcobendas fue en todo momento correcta.