Información exclusiva publicada por The Objective. Este medio informa que se abre un nuevo frente judicial para la cadena de clínicas dentales y estéticas Vivanta, compañía que opta a 40 millones de euros de ayudas públicas de la SEPI. El Juzgado de Primera Instancia número 86 de Madrid ha aceptado a trámite la demanda de juicio ordinario presentada por un franquiciado que exige a la compañía 440.723 euros de indemnización en concepto de daños y perjuicios. El demandante, que posee una clínica en Vinaroz (Castellón), solicita la nulidad del contrato de franquicia suscrito entre las dos partes en enero de 2018 al entender que Vivanta lo ha «incumplido de forma sistemática», y que este incumplimiento «ha supuesto la ruina» de su negocio.
Iñigo Sánchez-Asiain

«El contrato de franquicia es nulo de pleno derecho porque se indujo a mi mandante con dolo y mala fe a firmarlo, haciéndole creer que Vivanta era lo que no es», afirma el escrito admitido a trámite por el juzgado, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El Grupo Vivanta fue conformado en 2017 por el fondo Portobello Capital mediante la adquisición de las marcas y clínicas de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent.

Siempre según The Objective, la firma de private equity presidida por Íñigo Sánchez Asiaín, que se proponía entonces crear el grupo dental líder de España, con 250 clínicas repartidas por todo el país, libra desde 2019 en los juzgados una guerra judicial contra sus antiguos socios minoritarios en Vivanta, con varios casos penales y mercantiles abiertos y otros archivados. Acusan a Portobello, entre otros delitos, de presunta estafa y falsedad documental.

Recordemos que según anunció recientemente DiarioYA, se anuncian futuras movilizaciones de danmificados.