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EL CONSTITUCIONAL ADMITE A TRAMITE EL RECURSO DEL GOBIERNO CONTRA LA LEY DE CAJAS DE MADRID
Nuevo revés al Gobierno de Aguirre
Redacción Madrid. 22 de abril. El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado pro el Gobierno el 30 de marzo contra la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, lo que supone la suspensión cautelar de la Ley durante cinco meses y la paralización de facto del proceso electoral que se vive en Caja Madrid y que debería concluir en septiembre. Tras conocer la decisión, el Consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, anunció que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre está dispuesto a iniciar conversaciones con el Gobierno central para presentar una nueva Ley de Cajas, de forma que pueda reanudarse el proceso electoral en la segunda caja de ahorros del país, presidida por Miguel Blesa.
La decisión del Constitucional, que da un plazo de 15 días para formular alegaciones, supone una nuevo revés para el Gobierno de Aguirre, que está dispuesto a introducir modificaciones para desbloquear las elecciones en la entidad y que el proceso, iniciado en otoño del pasado año, pueda concluir antes de fin de año. Beteta señaló que, aunque el ejecutivo regional considera que la Ley es "constitucional", su objetivo es avanzar en el proceso electoral, por lo que "sin perjuicio de las iniciativas ante el Tribunal Constitucional", que tiene 5 meses de plazo para evaluar la suspensión o no definitiva de la norma, su intención es "iniciar conversaciones con el Gobierno en los diferentes foros de cooperación que existen, con el fin de alcanzar un acuerdo" y presentar un texto en la Asamblea de Madrid que se ajuste a la Ley de Organos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) y permita superar las "diferencias" con el Gobierno de Zapatero.
La intención del Ejecutivo madrileño de allanar el camino a un acuerdo con el Gobierno contrasta con las decalraciones realizadas por Esperanza Aguirre y el propio Beteta cuando el Ejecutivo anunció su intención de recurrir la norma. Entonces, Aguirre calificó el recurso como una "injerencia impresentable" y en ejemplo de como "matar moscas a cañonazos", utilizando el mismo instrumento legal que el que se usó para acabar con el Plan Ibarretxe.
El Gobierno central argumentó entonces que la presentación del recurso se realizó después de que el Consejo de Estado se pronunciara de forma "tajante" sobre la existencia de "fundamentos jurídicos suficientes para interponer un recurso de inconstitucionalidad" contra una norma que, entre otros aspectos, reduce el peso del ayuntamiento de la capital -partidario de la reelección de Blesa- en los órganos de Gobierno de Caja Madrid.
. En concreto, el Gobierno señaló que la Ley "altera frontalmente" el modelo participativo establecido en la legislación estatal de las Cajas de Ahorro subvirtiendo "el principio básico de igualdad territorial y de proporcionalidad a la cifra de depósitos en el establecimiento de los criterios de elección de los Consejeros Generales de Caja Madrid".
La LORCA establece que, cuando las Cajas de Ahorro tengan abiertas oficinas en más de una Comunidad Autónoma, la representación en la Asamblea General de los distintos grupos (entre ellos, las corporaciones locales y los impositores) deberá ser "proporcional a la cifra de depósitos entre las diferentes Comunidades Autónomas en que tengan abiertas oficinas".