Miguel Massanet Bosch. Es posible que nademos a contracorriente e, incluso, que nos expongamos a la crítica de muchas personas bien intencionadas; no obstante, tenemos la impresión de que, en Cataluña, una vez pasados los primeros momentos de espanto, las primeras horas de condena y rechazo hacia el acto de terrorismo cometido por estos yihadistas y los primeros días en los que se ha estado apelando por el Gobierno y las autoridades autonómicas, a la “unidad” de todas las fuerzas democráticas, a la cooperación de todas las fuerzas de seguridad autonómicas y del resto de la Administración pública del Estado; se han empezado a notar como, desde el gobierno de la Generalitat, de sus consejeros y, especialmente, por parte de la consejería de Interior y de los directivos de los mossos de escuadra, un ensayo de un cierto acaparamiento de protagonismo en la posterior operación de localización, detención y eliminación de los terroristas que perpetraron el acto de terrorismo en las Ramblas de Barcelona, al tiempo que aparecen los primeros síntomas de intento de aprovechamiento del atentado terrorista, por parte de los partidos catalanistas y de Ada Cola, para sacar rendimiento político y conseguir proselitismo de la población catalana de lo que, al parecer, consideran un mérito exclusivo del independentismo catalán, pretendiendo excluir, tanto a las autoridades del resto de España como al resto de policías nacionales y Guardia Civil que, evidentemente, han colaborado para conseguir el éxito de la operación de busca y captura de los criminales yihadistas..

Al mismo tiempo, han quedado en evidencia aquellos a los que, por su especial idiosincrasia, por su empeño en no coincidir, aún en casos tan evidentes, con el pensar del resto de partidos constitucionalistas o con el propio PP y el Rey, prefieren no condenar a quienes, en un acto de extrema locura y maldad, masacraron sin miramiento alguno a 15 personas e hirieron a más de un centenar. Entre ellos, la CUP, anarquistas irredentos y los de Podemos, comunistas bolivarianos, que se han agarrado al argumento ridículo de que adhiriéndose al acuerdo antiterroristas sería como favorecer los intereses de los autores del atentado. Absurdo y alejado de lo mínimamente razonable y, con toda seguridad, buscando sembrar cizaña que contribuya a distanciar más, si cabe, cualquier posible entendimiento entre el Estado español y los miembros de la Generalitat.

Algunas de las taras que han adquirido especial virulencia a partir del momento en que, en España, se han instalado, con insospechada virulencia y éxito, los comunistas de Podemos, han consistido en que, en las capitales en las que sus ayuntamientos están gobernados por sendas mujeres, ambas procedentes del partido de Pablo Iglesias, como es el caso de Barcelona con Ada Colau y Madrid con Manuela Carmena, determinados delitos, como es el caso de la ocupación ilegal de viviendas y de locales, algo que antes tenía sólo un carácter puntual, se ha convertido en una práctica habitual y, diríamos que, bien vista bajo el gobierno de las dos alcaldesas, que más que intentar evitar que estos hechos se repitieran, poniendo los medios oportunos para impedirlo; lo que han hecho ha sido favorecerlos e, incluso, apoyarlos sin tener en cuenta el perjuicio, las molestias, y la inseguridad que, todo ello, ha producido en los dueños legítimos que se han visto obligados a recurrir a los juzgados, iniciando un procedimiento largo y dificultoso, mientras los ocupantes se instalan cómodamente, usan de los servicios de agua, gas y electricidad y, en ocasiones, realquilan la vivienda ocupada a terceros, que ignoran la situación de anormalidad en la que se encuentra la vivienda.

Aunque no lo parezca, el permitir estas irregularidades y la falta de control que ello supone sobre la clase de habitantes que han entrado a vivir en ellas, puede llegar a producir que, como ha sucedido en la casa de Alcanar, ocupada ilegalmente por los terroristas, se favorezca la comisión de un grave atentando que, sin duda, hubiera podido ser de una dimensiones catastróficas si, en lugar de que les explotaran los intentos de mezclar explosivos mientras los manipulaban, acabando con sus proyectos criminales; hubieran logrado fabricar las bombas y las hubieran podido utilizar trasportándolas en la camioneta que se utilizó para el atentado, para explosionarla en el momento crucial.

La responsabilidad de la alcaldesa, dedicándose a mirar hacia otro lado, en el caso de los okupas, es más que evidente. Pero, señores, donde queda más nítida la intentona de los separatistas y de la alcaldía de Barcelona, de utilizar el atentado como arma política y de humillación contra las autoridades estatales, como es el caso del Rey, del Presidente del Gobierno y demás autoridades estatales; ha sido rompiendo el protocolo, en un intento de darles protagonismo a los representantes de las fuerzas de mossos, de la ciudadanía que contribuyó a atender a las víctimas, los sanitarios y todos los elementos como médicos, enfermeras y sanitarios, de manera que, en la manifestación prevista, para el sábado 26, figuren al frente de la manifestación, reservando la tercera fila para las autoridades que acudan al acto.

Lo entenderíamos si esta ruptura del protocolo hubiera salido de parte del mismo Rey o, conjuntamente con el resto de autoridades, se hubiera tomado la iniciativa de dar preferencia a los protagonistas de la detención o eliminación de los terroristas o de las personas que colaboraron activamente en trasportarlos a los hospitales; sin embargo aquí se trata de que, una mera alcaldesa, muy por debajo en cuanto a rango jerárquico respetos a autoridades como el Rey, el Presidente del Gobierno, sea capaz de decidir, atendiendo a las peticiones de la CUP y de los separatistas de PDEcat, sin haber consultado a los afectados, el lugar que deben ocupar en dicho acto.

Resulta impactante la imaginación, la habilidad, la manera de camuflar la manera de darle una bofetada a la monarquía y, a la vez, rebajar a las autoridades constitucionales españolas a un lugar que, simbólicamente, los degrada por detrás de unos ciudadanos que, con todos los méritos que se quiera, a los que se les hubiera podido premiar por otros medios que no implicaran un demérito para unas autoridades que, por otra parte, se han desvivido para conseguir que este atentado tuviera las mínimas consecuencias posibles para Cataluña y para el resto de España. Ya se han olvidado de las distinciones de algunos representantes del gobierno catalán hablando de las víctimas “catalanas y españolas”, descuidándose de mencionar a la Guardia Civil o a la policía nacional entre los que colaboraron a la detención de los terroristas y salvamente de heridos.

Ahora se trata de, ante la proximidad del día 1º de Octubre, fecha fijada para el referendo ilegal que se proponen hacer, crear el mejor ambiente posible, ensalzar a las fuerzas policiales catalanas (el meollo de un posible ejército de la nación catalana) y pintar, al resto de españoles, como meros espectadores de los cuales Cataluña se encuentra en condiciones de prescindir, cuando llegue el momento de la gran rebelión. Es muy difícil saber cómo va a responder la casa Real a este órdago que les ha echado la señora Colau y, tampoco sabemos, lo que decidirá hacer el señor Rajoy, aunque, conociéndole, no nos extrañaría nada que se aviniese a dejarse ningunear, con tal de no darles a los separatistas catalanes ningún motivo de queja que, después, pudieran airear para lanzarse a las calles para protestar contra los “españoles”.

Desde luego, si alguien tuviera un mínimo de orgullo, de dignidad y de responsabilidad por proteger el cargo que los españoles le otorgaron, precisamente para que mantuviera la unidad de la Nación, ninguna autoridad del resto de España debiera estar presente, y sí convocar una manifestación paralela, en Madrid, para que vieran estos sujetos que, el resto de España, también ha lamentado profundamente la muerte de estas 15 personas víctimas de este horrible atentado; pero que no comparte, en absoluto, los modos farisaicos de los que se valen aquellos que, como la CUP, los comunistas de la Colau y los del PDEcat, pretenden utilizar para promocionar su intento subversivo de romper con España.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, contemplamos con asombro inaudito los acontecimientos que se están produciendo en Cataluña mientras, nos admira el silencio de algunos partidos políticos que, a nuestro criterio, se debieran haber mostrado más beligerantes en apoyo del Gobierno y del Rey, ante una situación que amenaza con convertirse en la antesala de un golpe de Estado por parte de unos catalanes, que han decidido romper con la legalidad para lanzarse al monte del enfrentamiento y la desobediencia. Y, entretanto, el Ejército, mutis, aunque confiamos que, si llegara el momento, acabaría cumpliendo con su deber.