Jorge Reyes Zapata. Abogado Pro-Vida. Con gran decepción y profunda preocupación hemos recibido el anuncio de Jaime Mañalich, futuro ministro de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, en orden a que la Píldora del Día Después seguirá disponible en los consultorios. Habría afirmado que: “Es un tema resuelto en diciembre y por el cual la cartera de Salud ha adquirido compromisos que están en la ley”, agregando: “Esa política está acordada, es parte de la ley y es algo que se va a respetar y no se va a cambiar”.

La ley y el compromiso que cita, al menos en lo que dice relación con la Píldora del Día Después, son totalmente subalternos al mandato constitucional sobre la defensa de la vida del que está por nacer. Es lamentable que un médico cirujano, a pocos días de jurar un cargo que impone el respeto al orden constitucional, se manifieste dispuesto a defraudarlo.

No está de más recordar que la Píldora del Día Después ha sido declarada inconstitucional en el año 2001 por la Corte Suprema, en el año 2008 por el Tribunal Constitucional y el año 2009 por la Contraloría General de la República; pues bien, si el vicio constatado por las máximas autoridades llamadas a cautelar la vigencia y respeto de los derechos humanos radica en transgredir la Constitución, no es posible subsanarlo por la ley; por tanto, ello no ha ocurrido. Tal vaciedad de contenido es incompatible con el ejercicio de una función pública que posee como exigencia inmediata el someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella (art. 6º de la Carta Fundamental). La ley, entonces, a la que desea someterse el futuro ministro no conlleva ningún mandato o compromiso relativo con la Píldora del Día Después, pues aquélla no ha podido dejar sin efecto los fallos judiciales y resoluciones administrativas antes citadas. Así, esta ley es también y en el mismo sentido y dirección, contraria a la Constitución.

Lo que esperamos de las nuevas autoridades es un compromiso real con la institucionalidad y el respeto irrestricto a la vigencia de los derechos fundamentales, erradicando toda convicción ideológica que en los últimos años ha regido el actuar de las autoridades de Salud principalmente. Por ello, el deber primero en este orden del futuro ministro es dar cumplimiento a los fallos jurisdiccionales dictados en esta materia, derogando entre otras las normas que obligan a las farmacias a distribuir la venenosa píldora, renunciando así a la política de acusar de falta de equidad por su distribución en las farmacias y no en los consultorios.

Finalmente, es de esperar que la declaración del futuro ministro sea debidamente rectificada y se actúe con mayor prudencia en el cumplimiento del Estado de Derecho, particularmente cuando está en juego el derecho a la vida.