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LOS ENFRENTAMIENTOS EN EL NORTE DEL PAIS QUE YA HA DEJADO 47 MUERTOS
Perú impone el toque de queda
Redacción Madrid. 7 de junio. El ejército en Perú estableció puntos de control e impuso un toque de queda en las provincias de Bagua y Utcubamba, en el Estado Amazonas, en el norte del país, después de los enfrentamientos entre policías e indígenas que protestaban contra una serie de decretos legislativos que consideran "lesivos" para sus comunidades y que ha dejado ya, al menos, 47 muertos.
Al menos 22 policías y nueve manifestantes murieron durante los disturbios, informaron las autoridades. Sin embargo, los indígenas sostienen que 30 indígenas perdieron la vida.
Los problemas comenzaron el viernes cerca de Bagua cuando los indígenas iniciaron sus protestas para oponerse a planes que autorizan la perforación en busca de petróleo y gas en tierra ancestral.
Los manifestantes tomaron como rehenes a 38 policías, al menos nueve de ellos murieron al tiempo que el ejército avanzaba para liberarlos.
Se trata de la peor ola de violencia en Perú desde el fin de la insurgencia del grupo Sendero Luminoso en la década de 1990 y el desafío más grande que debe enfrentar el presidente Alan García desde que asumió el poder en 2006.
El toque de queda, medida que se inicia a las 15:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente (20:00-11:00 GMT), tiene efecto inmediato, anunciaron las autoridades quienes revelaron que hay 72 personas arrestadas.
En un comunicado, el presidente García dijo que Perú estaba sufriendo "una agresión subversiva contra la democracia" y juró responder "con serenidad y firmeza". El mandatario indicó que como consecuencia de la "agresión irresponsable" de los manifestantes, "22 policías han sido asesinados en condiciones de salvajismo y barbarie y con métodos idénticos a los empleados por Sendero Luminoso, se procedió a degollar y herir con lanzas a humildes policías rendidos y sin armas". Sin embargo, los líderes de las protestas juran que continuarán las manifestaciones.
Al tiempo que el ejército se desplegaba en el área, miles de indígenas con lanzas de madera aseguraron que continuarían bloqueando las carreteras si las fuerzas gubernamentales no ponían fin a los esfuerzos para dispersar a los manifestantes. "Estamos luchando porque tememos que nos arrebaten nuestra tierra", declaró uno de los indígenas.
El bloqueo que ha interrumpido el transporte de combustible ha afectado a la región amazónica por al menos dos meses.
Las tribus indígenas quieren obligar al Congreso a que revoque las nuevas leyes que promueven la minería extranjera en el bosque tropical. "No nos vamos a rendir hasta que den marcha atrás a esas leyes dañinas para nosotros", señaló otro de los cabecillas de la insurrección.
LOS DECRETOS DE LA DISCORDIA
El peor estallido de violencia en Perú desde el fin de la lucha armada de las guerrillas -en los años 90-, ha sorprendido al Gobierno del presidente Alan García en pleno proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos. La cantidad de víctimas que dejaron los últimos incidentes terminaron por empañar la imagen de "eficiencia económica" exhibida por un país que logró cerrar el 2008 con un crecimiento récord del 9,8%.
Aunque eclipsadas por la recesión internacional, las perspectivas del Gobierno seguían siendo alentadoras para este año y lo eran más aún cuando proyectan sus miradas hacia 2010. Pero en ese contexto general, comenzó a gestarse una protesta en los distritos amazónicos del Perú que fue creciendo en intensidad en los últimos dos meses hasta desembocar en los choques de este viernes. Las comunidades originarias cuestionan una serie de decretos legislativos que fueron promulgados en 2008 por el presidente Alan García en uso de facultades conferidas por el Congreso. Los manifestantes consideran que la legislación autoriza la venta a privados de 45 millones de hectáreas de superficies boscosas que pertenecen al Estado y que son explotadas mediante un régimen de concesiones. Una de esas normas es el decreto 1.090 que establece las pautas para el manejo de los recursos forestales. La derogación de este texto iba a ser debatida en el Congreso este jueves, pero las deliberaciones se postergaron por iniciativa del oficialismo.
Los manifestantes consideran que la legislación autoriza la venta a privados de 45 millones de hectáreas de superficies boscosas que pertenecen al Estado y que son explotadas mediante un régimen de concesiones.
Desde el gobierno sostienen, en cambio, que se trata de "ordenar" la explotación forestal y argumentan que el país necesita de la llegada de inversiones extranjeras para poder crecer y desarrollarse. Se garantizan 12 millones de hectáreas para las etnias amazónicas más otros 15 millones destinados a reservas ecológicas, argumentan desde la presidencia del Perú. Desde el gobierno sostienen que se trata de "ordenar" la explotación forestal y argumentan que el país necesita de la llegada de inversiones extranjeras para poder crecer y desarrollarse. Otra de las normas rechazadas, faculta al gobierno central a otorgar permisos de extracción de los recursos naturales sin la necesidad de contar con la aprobación previa de las comunidades locales, según denuncian dirigentes indígenas y congresistas opositores. Las nuevas reglas para la gestión y distribución del agua contenidas en otro decreto cosecharon críticas de pequeños campesinos que temen un incremento de los costos y que se restrinja el acceso a los recursos hídricos para consumo y riego.
Tras los incidentes, desde el oficialismo acusan a la dirigencia indígena y a algunos partidos de la oposición de sembrar la confusión entre las comunidades. Desde los sectores contrarios a las normas aseguran, por su parte, que el gobierno no tiene reales intenciones de dialogar y exigen que se deroguen los cuestionados decretos