Redacción Madrid. 14 de enero. El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez elevó hoy a definitiva su petición de 18 años de cárcel para la etarra Ana López Monge a la que acusa de un delito de colaboración con banda armada (10 años) y otro de depósito de explosivos (8 años).

  Durante el juicio, que hoy quedó visto para sentencia en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, el fiscal consideró probado que la acusada guardó en un piso de Bilbao el material con el que los etarras Hodei Galarraga y Egoitz Gurruchaga pretendían cometer atentados. Los dos terroristas fallecieron el 23 de septiembre de 2002 cuando hizo explosión un artefacto que se disponían a colocar en la capital vizcaína.

  Durante su declaración, Monge --detenida en Londres y entregada por Reino Unido a España en enero de 2008-- aseguró ante el tribunal, presidido por el magistrado Ángel Hurtado, que el domicilio no era suyo, que tan sólo lo visitaba "de vez en cuando" y que "nunca" vio explosivos en él.

  La primera sesión de este juicio tuvo lugar el pasado 18 de diciembre y estuvo marcada por la petición de la abogada de la etarra, quien solicitó la suspensión del juicio al entender que se ha vulnerado "el principio de especialidad" que, según dijo, "impide que una persona pueda ser juzgada por hechos motivados antes de que se cursase su Orden Europea de Detención (OED)", dictada en 2003.

  En ese sentido, la abogada --que hoy solicitó la libre absolución de su cliente-- explicó haber recibido un día antes de la vista la documentación sobre la entrega a España de López Monge, expedida por las autoridades británicas y que ésta se encontraba en inglés. Por estas razones, solicitó un aplazamiento del juicio "a la espera de que esa documentación sea traducida y estudiada en profundidad".

  El fiscal no se opuso a estas peticiones, pero el presidente del tribunal indicó que el juicio estaba señalado y, dado el amplió número de testigos desplazados hasta la Audiencia Nacional, optó por desarrollar al menos la prueba testifical "como mínimo", aplazando la prueba documental para hoy.

  Tras esta decisión, la letrada insistió en que, al no haber sido traducida la documentación remitida por la Justicia británica, no es posible conocer si su representada debe ser juzgada por estos hechos. "Si finalmente el juicio no debería haberse celebrado, el resultado del proceso será una sentencia absolutoria", zanjó el juez.