La asociación profesional de la Guardia Civil, JUCIL y el sindicato policial JUPOL, han manifestado nuevamente su hartazgo por la situación de abandono que sufren en Cataluña por parte de la Generalitat y por parte del Gobierno de España.

Desde ambas organizaciones han mostrado su descontento y preocupación por la decisión de la Generalitat de Cataluña de dejar a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil de esta comunidad fuera del proceso de vacunación del COVID-19.

Motivo por el cual, desde JUPOL y JUCIL hacen un llamamiento al resto de Comunidades Autónomas de España para que respalden a los Guardias Civiles y Policías Nacionales destinados en Cataluña y colaboren en su vacunación.

Como ya es conocido, el pasado mes de febrero comenzaron las vacunaciones para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña, más concretamente a Mossos d’Esquadra y Policías Locales. Sin embargo, desde el departamento de Salud catalán, se vacunó a menos de 300 agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional de la provincia de Barcelona, cuando hay un total aproximado de 6.000 agentes de ambos cuerpos destinados en esta comunidad autónoma.

Por parte del sindicato policial y de la asociación profesional de la Benemérita, se han entregado varios escritos de urgencia a la Delegación del Gobierno en Cataluña, a la Comisión Interterritorial de Salud, al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Sanidad, exponiéndoles nuestras quejas, preocupación y situación límite en la que se encuentran los distintos agentes de ambos cuerpos, instándoles a que hicieran lo necesario para agilizar la inoculación de las vacunas.

No obstante, solo se ha obtenido el silencio por respuesta, por lo que la situación sigue siendo la misma, la no vacunación de guardias civiles y policías nacionales.

Ante la preocupación de los agentes y por los motivos expuestos, JUPOL y JUCIL  solicitan la ayuda del resto de comunidades españolas para que colaboren en poner fin a esta situación injusta y los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en Cataluña puedan ser inoculados, proporcionándoles seguridad y tranquilidad para su salud, las de sus familias y la de todos aquellos ciudadanos que interactúen con ellos en su servicio diario.

Desconocemos los motivos de la Generalitat para poner en peligro la salud de los agentes y no considerarlos como servicios esenciales. Queremos recordar que estos agentes también forman parte de la sociedad catalana trabajando con rigurosa profesionalidad y constancia, y lamentan profundamente que se les pretenda utilizar como arma política. Su deber reside en servir a la población con respeto y dignidad, palabras que parecen estar en desuso para algunos dirigentes políticos de Cataluña.