Por José Luis Orella
Ante las fake news de un polexit, una posible salida de Polonia de la UE, es una absurda mentira orquestada por la comisión europea con miembros de la oposición polaca, a la que se va sumando algún expolítico español que incluso tuvo el mal gusto de llamar borrachos a los representantes democráticos polacos. El ejecutivo polaco, como el resto de los países que conforman el Grupo de Visegrado, al cual se van sumando los ejecutivos del resto de los países del ámbito centroeuropeo y balcánico, no quieren salirse de la UE, por el contrario, quieren que la actual UE sea fiel a los principios fundacionales de 1957. En caso contrario, ante la agresiva ofensiva de la comisión europea que amenaza eliminar y sustituir las raíces cristianas europeas por unos principios divulgados por los institutos liberales de pensamiento estadounidense, las naciones centroeuropeas quieren preservar su soberanía moral dentro de la UE y proteger la identidad histórica de sus naciones.
El hecho ha sobresalido cuando el Tribunal Constitucional polaco se distinguió recientemente por impugnar la competencia del TJUE y la primacía del Derecho de la Unión, alegando que sus decisiones o determinadas disposiciones de los tratados eran contrarias a la Constitución nacional. El Tribunal Constitucional alemán había coqueteado durante un tiempo con el mismo razonamiento. En Francia, el acercamiento de las elecciones presidenciales desata la demagogia de quienes abogan por un “escudo constitucional” o la primacía del derecho nacional sobre el derecho europeo.
Si los tratados son superiores a las leyes, son inferiores a las constituciones. Respetan “la identidad constitucional de los estados”. Si un estado opta por firmar un tratado o dar su consentimiento a un texto europeo, debe comprometerse a aplicarlo y, si es necesario, a adaptar su constitución o su legislación. La primacía del derecho de la UE solo puede prevalecer en las áreas en las que la Unión Europea tiene competencia, cuyo marco está establecido en los Tratados de la Unión Europea, como escribieron. el debate no se trata de si la legislación de la UE tiene primacía sobre la legislación nacional, sino de los ámbitos en los que la tiene.
Las instituciones europeas están intentando malinterpretar la clara decisión dictada por el Tribunal Constitucional polaco. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que juzga el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos que entró en vigor en 1953 y que se aplica a los 47 estados miembros del Consejo de Europa, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), juzga la conformidad con los tratados europeos de los actos de las instituciones europeas y de los 27 estados miembros. Sin embargo, la presión ya venía de antes, cuando del Tribunal de Justicia de la UE ordenó el cese cautelar de la actividad de la explotación de lignito de las minas de Turow, imponiendo una multa diaria de 500.000 euros a Polonia hasta que cierre la mina, en plena alza del precio de la luz, y cuando Alemania esta aumentando la producción de lignito. A continuación, la Comisión Europea inició un recurso judicial contra Polonia por los derechos de la comunidad LGTB congelando la financiación de cinco regiones polacas, que se habían declarado zona libre de ideología LGTB y favorables al mantenimiento de la familia cristiana. El ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, tildó estas presiones de Bruselas de terrorismo económico.
En este momento, al Quo vadis Polonia? Siempre la respuesta será el Semper fidelis de su historia a la libertad y nunca al totalitarismo, venga de donde venga.