Con fecha de 14/10/2011, Alternativa Municipal Española presentó ante la Dirección General de Patrimonio Histórico y Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid una solicitud a fin de que se instruyera procedimiento para la declaración como Bien de Interés Cultural el conjunto monumental del Valle de los Caídos, dado que el referido monumento se encuentra en el término municipal de San Lorenzo de El Escorial y que el mismo tiene un innegable y excepcional valor arquitectónico y significado cultural que la Ley del Suelo de 1976 (Real Decreto 1346/1976, de 9 de Abril) ordena proteger.

Al silencio clamoroso de la Comunidad de Madrid ante dicha solicitud, prueba de que el Partido Popular prefiere dar por buena la Ley de Memoria Histórica promulgada por el anterior Gobierno socialista antes que plantear cualquier tipo de objeción a la misma, ahora hay que sumar una concatenación de hechos que resultan cuanto menos llamativos.

En primer lugar, después de que el flamante nuevo presidente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, D. José Rodríguez-Spiteli, anunciara públicamente y en fecha reciente la inminente apertura al turismo y el cobro de la correspondiente visita (2 millones de euros anuales), como había sido costumbre hasta que la Vicepresidencia de Gobierno socialista decidiera la clausura turística del recinto monumental, ahora se nos anuncia la postergación de la apertura en los términos y fechas previstos, sin que se justifique en modo alguno los fundamentos de la nueva decisión y se recrudezca el polémico estado de conservación del conjunto escultórico de La Piedad que preside la entrada de la Basílica.

Y en segundo lugar, el alcalde de San Lorenzo de El Escorial, D. José Luis Fernández-Quejo, copartícipe de la postergación de la apertura definitiva a las visitas turísticas del conjunto monumental del Valle de los Caídos por participar en tal decisión en calidad de Consejero de Patrimonio Nacional, ha permitido que continúen produciéndose enormes pérdidas económicas tanto para el comercio como para la hostelería de nuestro municipio. Con la grave crisis económica que padecemos, resulta intolerable que el alcalde de nuestro pueblo no sepa, quiera o pueda velar por los intereses económicos de los dos principales puntales de la maltrecha economía sanlorentina.

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