El principal imputado por la trama urbanística de la localidad malagueña de Estepona, Antonio Barrientos, declaró ayer ante la jueza que instruye el caso, Isabel Conejo, quien solicitó para el primer edil prisión sin fianza, que, tras conocer su sentencia, firmó un escrito dirigido al pleno del Consistorio en el que presenta su dimisión.

   La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se refirió a este tema durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y advirtió de "castigo sin paliativos" por parte del Ejecutivo ante casos como éste que, señaló, le producen "auténtica repugnancia".

   Hasta ahora, han sido 16 los imputados que han comparecido ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, y, a excepción de tres de ellos, todos están en libertad bajo fianza y con cargos. Esta tónica se rompe ahora después de que la instructora haya decretado prisión sin fianza para Barrientos, a quien acusa de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. La misma suerte ha corrido su jefe de gabinete, ya que ambos están acusados de los mismos delitos. Tras conocer la decisión de la magistrada, el primer edil de Estepona firmó un escrito dirigido al pleno en el que presenta su dimisión irrevocable, según fuentes cercanas a Barrientos.

   Según explicaron dichas fuentes, la misiva será presentada mañana en el registro del Ayuntamiento de Estepona y en ella solicita que se respete su derecho a la presunción de inocencia. Del mismo modo, el primer edil esteponero tiene previsto dirigir una carta abierta al pueblo de Estepona, que elaborará en los próximos días "con tranquilidad".

   Otro importante cargo de la corporación municipal que compareció hoy es Francisco Zamorano, concejal de Hacienda, para quien la magistrada solicitó libertad bajo fianza de 50.000 euros tras considerarle culpable de delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. Además, decretó una fianza de 300.000 euros para el abogado y militante del PSOE, Juan Simón, al que se le imputan los delitos de cohechos, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Ambos tendrán que presentarse en dependencias judiciales cada quince días.

   Son numerosos los miembros del partido socialista que han sido llamados como posibles implicados en esta trama urbanística, sin embargo, para varias concejalas de esta formación también imputadas la verdadera realidad en Estepona es que existe una "trama política". "Han cogido a las tres mujeres fuertes del PSOE en estos momentos. Esto es muy significativo", señaló Mariví López, edil de Educación y quien hoy acudía a los juzgados a dar apoyo a sus compañeros.