Rafael González. 9 de noviembre.

Un fusil y un botijo como memoria histórica

Lo que muchos sabíamos, y repetíamos con ocasión o sin ella, es lo que acaba de decir el prestigioso historiador norteamericano Stanley Payne, en el III Congreso Internacional “La otra memoria”, organizado por la Universidad San Pablo CEU: que lo que esta gente de las izquierdas llama memoria histórica es una “falsificación de la historia”, y que “lo peor son las intenciones políticas que encierra”. O sea, lo que veníamos diciendo quienes consideramos que todo eso de la memoria histórica es puro maniqueísmo estimulado por Rodríguez Zapatero. Y los objetivos de esa nefasta iniciativa son, en palabras del profesor Payne, “causar agitación social, reeditar el frentismo y provocar así una segunda transición”. Más o menos lo que con estas u otras palabras, veníamos diciendo.

¡Con lo satisfechos que estábamos  del resultado de la Transición! ¡Y la tranquilidad que nos daba saber que nos habíamos perdonado mutuamente las dos Españas! Creíamos olvidado aquel desgraciado episodio de nuestra historia. Habíamos creído, como ahora nos recuerda el profesor Payne, que la amnistía se ha mostrado históricamente como el medio más eficaz para superar este tipo de fracturas. Y votamos ilusionados una ley de amnistía.

Pues parece que no. Tengo escrito que el único recuerdo que conservo de la guerra civil es un fusil y un botijo. Ambos los enarbolaba mi padre con ambos brazos. Les estaba dando de beber a unos milicianos. Los habían interceptado cuando marchaban sobre Osuna con la intención de quemar la cárcel repleta de gente de derechas. Yo observaba desde un alto la escena, aferrado a la mano de mi madre. Se oían voces. Pero no oí entonces, ni durante toda la contienda, ni un solo disparo. En aquellas cortijadas donde mi crié imperaba la paz octaviana.

Estoy casi seguro de que los impulsores del proyecto de Ley de Memoria Histórica, sin duda mucho más jóvenes que yo, no tienen ni siquiera una vaporosa imagen parecida a la mía. Es más, seguramente ni siquiera experimentaron con toda su intensidad el inmenso placer que supuso para muchos de nosotros, que luchábamos en la clandestinidad, el advenimiento de la democracia en España. Cuarenta años de paciente espera. No dábamos crédito a que nos saliera tan redondo. Nadie apostaba un duro porque pudiera pasarse de un régimen autoritario a una democracia plena, sin graves incidentes. Fuimos todos, de todos los colores y sensibilidades, católicos o agnósticos, socialistas, liberales democristianos o mediopensionistas, los que facilitamos una transición fundada sobre el consenso y la reconciliación entre los españoles. La Iglesia y el Concilio Vaticano II ayudaron  mucho. Creíamos definitivamente superada la trágica división de la sociedad que nos había llevado al horror de la guerra civil, con su sarta de atrocidades. Y sobre ese espíritu y esas ilusiones fue posible la Constitución de 1978.

Pero, para los que ahora quieren una Ley de Memoria Histórica, todo esto ha perdido su sentido político, histórico y moral. Al parecer, quedan desconfianzas y reivindicaciones pendientes. Diríase que lejos de pertenecer a un pueblo que fue capaz de echar un velo generoso sobre el pasado y enterrar las barbaridades perpetradas por las dos Españas que se habían enfrentado, ahora, despreciando irresponsablemente ese patrimonio espiritual, cuya cocción conduró lentamente cuarenta años, pretenden engarzar nuestra democracia con viejas y más que dudosas legitimidades republicanas. Como si los dirigentes del bando republicano durante la Guerra Civil hubieran sido, como ironiza Payne, "un ejemplo de virtudes democráticas". Todo lo contrario, añade el historiador norteamericano: "los revolucionarios no fueron defensores de la democracia porque, de haberlo sido, nunca hubiera habido guerra civil".

Por eso, lo más leve que puede decirse de esa gente que ahora anda con lo de la memoria histórica es que no es más que un hatajo de advenedizos y arribistas que tratan de cobrar viejas facturas del pasado,  ni siquiera expedidas más a su favor que al de otros; y olvidan que la verdad histórica enseña que la democracia se instauró en España no porque se legalizaran los partidos políticos, sino porque el pueblo español recuperó el poder político que le había sido arrebatado. Ésa es la única y verdadera legitimidad, consolidada gracias a voluntad del Rey y a la valiente y patriótica determinación de Adolfo Suárez. Lo demás son paparruchas, como dicen en mi pueblo.

Todo eso, que está fomentando Zapatero, no sólo es lo más contrario a un verdadero progreso social. Es sobre todo una gran regresión cívica e histórica, y por tanto una alta traición al gran pacto de convivencia establecido por los españoles, que eso fue la Constitución, gracias a la cual España alumbró, sin violencias, un proceso de transición y desarrollo integral sin precedentes en muchos siglos.