Francisco Torres García.-  Un análisis ajustado de las elecciones del 20 de Noviembre obligaría a cambiar el orden de los titulares, porque la lectura básica de las mismas no es el triunfo cantado del Partido Popular, es la ominosa derrota que el PSOE y su candidato Pérez Rubalcaba, pues tanto monta, han sufrido en las urnas. El PP ha ganado las elecciones, consiguiendo superar su techo en algo más de medio millón de votos, pese a que sigue teniendo su talón de Aquiles en Cataluña y Vascongadas, pero su aplastante victoria en escaños es fruto de una debacle socialista de tal magnitud que ha sobrevalorado su victoria.

No sabemos qué sucederá en los próximos días, pero lo cierto es que hoy por hoy el PSOE está hundido y carece de norte. Hasta tal punto es así que su primera reacción como grupo ha sido intentar ganar tiempo y anunciar que realizarán un Congreso Ordinario, no Extraordinario, lo que tiene su importancia, para elegir un nuevo Secretario General. Un Congreso al que ninguno de los  postulantes de ayer (Rubalcaba, Chacón y López) podrá concurrir con otra mochila que no sea la de la derrota. Quién sabe si, por esas jugadas irónicas del destino, la debacle no tenga como vencedor al derrotado hace años por José Luis Rodríguez Zapatero, al ínclito José Bono que decidió no ligar su futuro político a unas listas que sólo tenían como horizonte la más dura de las derrotas. Y ahora bien podría transformarse en la esperanza blanco de un socialismo desliderardo.

La debacle socialista ha tenido como virtud hacer emerger a esa España, abstencionista o votante, que mira con desconfianza, desánimo y hasta desesperación la alternativa bipartidista que desde hace décadas tanto PP como PSOE sueñan con imponer. Globalmente el bipartidismo PP-PSOE continúa, elección tras elección, perdiendo apoyos, aunque hasta la fecha esa renovación política, esa adecuación entre la ideología real del representado y sus representantes, sólo se esté produciendo entre los votantes de izquierda. De ahí la emergencia de Unión Progreso y Democracia o Izquierda Unida, aunque esta última no haya conseguido alcanzar los resultados del PCE en los inicios de la Transición, mientras que Pérez Rubalcaba ha conducido al PSOE a sus resultados más pobres desde 1936.

Es evidente que para España estas elecciones, hasta para los que estallaron de júbilo por el fin de la pesadilla socialista y el cierre definitivo del zapaterismo, han tenido un sabor agridulce, una nota amarga, al transformarse la pestilente y nauseabunda atmósfera que se extendía desde el cubil proetarra en un “triunfo” electoral, el de la coalición política AMIUR, brazo político de la izquierda aberzale. Los proetarras han obtenido su mejor resultado superando los resultados de Herri Batasuna. A diferencia de entonces ahora los herederos de Batasuna sí parece que van a comparecer en un Parlamento, formando un grupo propio cuyo objetivo es reclamar el pretendido “derecho a la autodeterminación”. E igualmente preocupante es el peso político que una vez más obtienen los nacionalistas. Y Mariano Rajoy tendrá que decidir si se inclina por el “¡España unida jamás será vencida!” que gritaban los concentrados en la noche triunfal ante el balcón de Génova o volverá a hablar catalán-gallego-euskera-valenciano-mallorquín en la intimidad.

La victoria del Partido Popular no sólo queda puesta de manifiesto por la tremenda distancia existente entre el número de votantes populares y el de los votantes socialistas, sino también por el hecho de que el PP se ha impuesto en la mayor parte de las provincias españolas, reduciendo a la izquierda en algunos casos, como en Murcia, a los límites mínimos posibles, renovando y ampliando la victoria municipal y autonómica conseguida hace unos meses y que se incrementará con el anunciado triunfo en las próximas e inminentes elecciones autonómicas andaluzas. Así pues, Mariano Rajoy no sólo tendrá el poder de la mayoría absoluta sino que también gozará de un amplísimo poder territorial. Un poder más que suficiente para abordar los cambios estructurales que España demanda.

Mariano Rajoy tiene la posibilidad -siendo fundamental abordarlo- de reformar, reordenar, reorientar y reedificar el denominado Estado de las Autonomías, auténtico cáncer de España y rémora, por la fragmentación económica que supone y por la carga de déficit que representa, como paso previo para la recuperación económica desde acciones internas y no merced a imposiciones externas. Ahora bien, ello supone, como mínimo, por un lado reducir el peso de las administraciones autonómicas, reducir sus techos competenciales y, por otro, asumir que el Estado deber recuperar competencias. Algo que no está ni en el programa del Partido Popular ni en el pensamiento de Mariano Rajoy. Entre otras razones porque obligaría a poner fin a un sistema de clientelismo político que asegura el poder territorial de los barones autonómicos. En este caso la inmensa mayoría miembros del Partido Popular.

Mariano Rajoy, y es un hecho, es el presidente que mayor poder político va a tener en sus manos desde el primer gobierno democrático de Adolfo Suárez. La ironía o el capricho del destino ha escrito, sin embargo, los renglones de otro modo. Mariano Rajoy será, al mismo tiempo, el presidente de una España cada vez menos soberana. Una España que vivirá, en los próximos meses, bajo la sombra de una hipotética intervención. Una España esclava de unos mercados que nos continuarán imponiendo intereses onerosos ante la acuciante falta de financiación del país. Situación que de prolongarse acabará dañando irremediablemente nuestro futuro económico. Una España sin soberanía económica, porque depende de ese conjunto de instrumentos supranacionales que son la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, los mercados y las agencias de calificación, por no mencionar el vasallaje que como nación rendimos y rendiremos al eje franco-alemán que rige la Europa del Euro. Subordinación reconocida por el propio Mariano Rajoy en la noche electoral al anunciar que España cumplirá con la Unión Europea. Lo que tendrá, como única traslación posible al terreno de las medidas a adoptar: la implementación de un duro programa de ajustes/recortes y contención del gasto.