Miguel Massanet Bosch. Una vez más el señor Mas y sus independentistas han cogido a contrapié al gobierno del señor Rajoy. El diálogo, las concesiones pecuniarias, las humillaciones de Montoro y las rectificaciones a la fuerza, como era de esperar, no han servido para saciar a los nacionalistas catalanes que, después de que el presidente Artur Mas anunció, sin ambages ni contención alguna, su decisión de convocar una consulta en Catalunya, para que los ciudadanos catalanes pudieran expresar su opinión por medio de las siguientes preguntas: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado? Y, “en caso afirmativo, Independiente”, parecen más decididos que nunca a culminar el proceso separatista. El gobierno de Madrid ha errado en la valoración del problema catalán; ha intentado por todos los medios llevar el tema al aspecto crematístico sin apercibirse de que, el tiempo para tratar de estas cuestiones ya ha pasado y, en la actualidad, se ha entrado en una fase de enfrentamiento directo, en la que entran en juego las estrategias, los tanteos, las propagandas y las demagogias; en cuyos aspectos, aunque nos cueste tener que reconocerlo, están ganado por goleado los separatistas catalanes.

Es evidente que, el señor Mas, se equivocó lanzando un órdago a España, en un momento poco oportuno, pero también lo es que, el señor Rajoy, con el empeño de satisfacer a los miembros más timoratos de su partido, aparecer como una persona conciliadora y dispuesta a negociar y poco proclive a aplicar la ley cuando, en todo momento, la ha tenido a su favor; ha permitido que el problema catalán se haya enquistado, haya ido creciendo y que, muchas personas que no creían posible que las cosas llegaran al grado de tensión al que están llegando, poco a poco se van convenciendo de que la idea que, al principio les pareció descabellada, de una Catalunya independiente de España; se les vaya antojando más realizable, viendo la manera como el Gobierno de la nación va encajando, bofetada tras bofetada, los desplantes, amenazas, hechos consumados, y ahora, finalmente, la definitiva declaración de que, pese a quien pese y cueste lo que cueste, se va a celebrar un referéndum por el llamado “derecho a decidir”, para el que se ha fijado el día 9 de noviembre del 2014.

Los separatistas catalanes anuncian una campaña internacional para vender, al resto de países, las pretensiones de constituirse en una estado autónomo; al tiempo que hacen uso de su peculiar victimismo usando el lema “ dejadnos que votemos” y utilizando el término democracia como señuelo, sin que consigan explicarnos el por qué una parte de España puede adjudicarse el “derecho democrático a pedir la independencia” y, la mayoría de los españoles, no pueda opinar libremente y aplicar las leyes para impedirlo y meter en chirona, como secesionistas, a todos aquellos que intentan atentar contra la Constitución y la unidad del país; cuando fue, precisamente Catalunya, una de las regiones de España en la que se votó masivamente y con más convicción el “sí” a la Carta Magna (sin duda, debido a que las transferencias que en ellas se recogían nunca hubieran soñado que fueran tan amplias y que les favorecieran tanto).

¿Cómo reacciona el señor Rajoy? Pues… muy serenamente, demasiado, si tenemos en cuenta que, con esta jugada, el señor Mas ha ganado dos años en los que poder poner a parir a España, acabar de sangrarla en todo lo que le sea posible y disponer de un amplio periodo para, como ya ha anunciado, vender su propuesta a todo el mundo a base de irlo machacando una y otra vez. La táctica del herrero para trabajar el hierro: primero calentarlo al fuego y luego moldearlo a base de martillazos hasta conseguir que adquiera la forma que desea.

Ante la impasibilidad del Ejecutivo, se empieza a confeccionar un censo de todos los catalanes, asumiendo funciones propias del Estado; en Enero se ha anunciado que el Parlament aprobará la petición de consulta, a la vez que todos los partidos implicados en este contubernio para destrozar a España, van a presentar su propia petición de forma individualizada. Con ello van a dar paso a una Ley Catalana de Consultas, que también se saltará la legalidad. Todo ello representa enormes partidas de gastos que, al parecer, estarán incluidas en los PG de la Generalitat para el 2014 (se habla de más de 5 millones de euros o “los que fueren necesarios”). Y, señores, ¿quienes serán los paganos de todas estas aventuras independentistas? ¡Los españoles, naturalmente!, gracias a las ayudas de un gobierno que parece estar vendido a la fatalidad, sigue otorgando a la Generalitat para que cancele sus deudas, financie a estas organizaciones que han creado, específicamente, para montar las estructuras de las que se van a valer para su consulta independentista. Ya se han llevado, del FLA, un 40% del total destinado a toda España y si, el señor Rajoy y sus ministros, no cambian de táctica parece que van a seguir dándole más dinero a Catalunya para que pueda satisfacer, a costa del erario público, los costes de la prevista consulta por la independencia de la autonomía.

Es decir, hacen todo lo contrario a lo que debieran hacer. Si Catalunya está endeudada muy por encima de los 50.000 millones de euros; si son incapaces de pagar sus deudas a las farmacias, a las organizaciones de ayudas sociales y los incluidos en la Ley de Dependencia ¿cómo es posible que todavía pueda el Gobern permitirse detraer de sus finanzas importantes cantidades para las famosas embajadas, para estudios sobre la mejor forma de crear un gobierno catalán o hacer una consulta cuyo costo va a resultar una nueva carga para todos los catalanes, que ya vemos venir un aumento de impuestos para poder financiar semejante despilfarro.  La espita la tiene el Gobierno de la nación. Cada partida que se entregue a Catalunya debe estar específicamente asignada a un objetivo determinado y la inspección del Estado debe comprobar, euro por euro, que no se destine a ninguna otra partida que no sea la especificada. Todos los gastos superfluos; todos los que estén relacionados con la supuesta consulta, deben ser detraídos de las cantidades que destina el Estado a la financiación de la autonomía.

Cada acuerdo, cuya legalidad pueda ser dudosa, debiera ser recurrido al TC aunque, la extrema lentitud de funcionamiento de este organismo sea usada por los separatistas para seguir con sus locuras legislativas. Pero lo que más nos inquieta es la evidente prevención del señor Rajoy y su ejecutivo ante la, más que comprobada, actitud levantisca, de desobediencia a las normas estatales y a las sentencias de los tribunales, que vienen siendo práctica habitual del Gobern catalán, a utilizar los mecanismos constitucionales, como el Art. 155 y concordantes de la Carta Magna, establecidos para corregir las malas prácticas de las administraciones autonómicas. No olvidemos los artículos 506 y 506bis del CP sobre Usurpación de Atribuciones que, sin duda, serían aplicables de lleno a los mangoneos de los señores de la Generalitat catalana. ¿A qué se debe esta contención del Gobierno? Pues está muy claro, señores, ¡porque no tienen las narices para plantarle cara al independentismo! y piensan, seguramente, en pasarles la patata caliente al nuevo gobierno que surja (y mucho nos tememos que, de seguir por este derrotero, no vamos a tardar en poder comprobarlo) de unas nuevas elecciones generales.

El señor Mas sabe que no habrá consulta, pero el as que tiene en la mano es convocar unas nuevas elecciones que las va a convertir en un referéndum plebiscitario por la independencia. O este es, señores, el negro panorama del futuro de España.