Manuel Parra Celaya. Sin apenas respetar el paréntesis obligado de sosiego navideño, volvemos los españoles a enfrentarnos con nuestro destino e incluso con la revisión de nuestro pasado. ¡Qué extraña maldición acarreamos sobre nuestras espaldas para que, a diferencia de otras naciones civilizadas, seamos siempre un borrador inseguro! Recapitulemos, pues, nuestras preocupaciones existenciales colectivas y no tengamos empacho de afirmarnos en una serie de conceptos básicos.
 No dudemos en estas afirmaciones, aunque puedan resultar reiterativas, porque la matraca separatista sigue, erre que erre, ante la presunta ataraxia de nuestros celadores legales de la unidad nacional; no es nuevo: el proceso que ha ido llevando ante la situación actual ha sido producto de la dejación y casi la ausencia del Estado español, a quien ni estaba ni se esperaba, fueran los gobiernos de izquierdas o de derechas.
 Ahora, la contraofensiva adopta líneas exclusivamente económicas, legalistas o diplomáticas, sin conseguir, en consecuencia, despertar la menor efusión de españolidad -que no de españolismo-  entre los ciudadanos de cualquier lugar de España. El primer tipo de razonamientos es insuficiente e inútil, porque choca con las simplistas consignas tipo “España nos roba”; como es chiste del extranjero, el separatista siempre termina diciendo “Yo de números no sabo, pero…”.
 Las segundas argumentaciones adolecen de un error de base, que intentaré resumir a continuación. En primer lugar, la Constitución vigente -como todas- está fundamentada en la unidad de España, no al revés; el abanderamiento constitucionalista no es previo a los consideraciones a favor de la unidad, sino que es consecuencia de ella; da igual que se trate de una Constitución republicana, monárquica, federal o centralizada: todas serán un traje cortado a la medida de la nación, que no es el objeto sobre el que opera el texto legal, sino el sujeto que ha adquirido esa prenda, y que, como todas, pueda quedarse estrecha o pasada de moda o precisada de remiendos.
 En segundo lugar, la unidad de tierras y hombres, que es previa -repetimos- a cualquier texto legal, se fundamenta en una razón histórica y, para los entendidos, metahistórica: una patria no es una propiedad en exclusiva de una generación de ciudadanos, sino que estos la reciben en usufructo: es una herencia y un legado. Herencia de las generaciones anteriores y legado para las que van a venir a continuación.  Aunque todos los españoles actuales estuviesen conformes en una segregación de parte de su territorio, haciendo abuso de su soberanía, ello constituiría un acto ilegítimo, aunque se considerase legal. El motivo es que no se trata de un contrato revisable, sino de una fundación, irrevocable en cuanto a su partición pero susceptible de integrarse en fundaciones más amplias (léase Europa).
 En cuanto a la contraofensiva diplomática, no dejan de presentarse síntomas de ridiculez casi tercermundista, porque el problema inicial es la permisividad ante el hecho de que los separatismos puedan acudir, como tales, a terceros Estados, lo que podría entrar dentro de la figura del delito de traición, dado que una Nación extranjera conspiraría contra una Nación amiga para dividirla y sacar ciertos beneficios con ello.
 Ahí tenemos argumentos para nuestro debate existencial colectivo: no los desaprovechemos. La lógica histórica, que es la tendencia a la universalidad, los respalda en todo momento. Ningún ciudadano, consciente de serlo, puede permanecer callado o ausente en este momento histórico. Independientemente de lo que hagan o digan los presuntos  celadores constitucionales.