Miguel Massanet Bosch. Francia, fiel a su autosatisfacción y orgullo característicos, proporcionó a Europa uno de los personajes más autosuficientes de la Historia. Luis XIV, el llamado Rey Sol, a caballo entre los siglos XVII y XVIII fue un ejemplo de lo que representa el absolutismo para un país. El reunió en su persona todos los poderes del Estado. Sus primeras medidas y también sobre las que basaría su enorme poder, fueron: rodearse de cortesanos sumamente dóciles a sus designios, reducir notablemente la nobleza, minimizar el poder del Parlamento y del clero y centralización de la administración a partir de un aparato burocrático que fue especialmente preparado por su ministro de finanzas Jean-Baptiste Colbert. Esto ocurrió entonces en nuestra vecina Francia, pero, en pleno siglo XXI y en nuestra nación, España, vemos con espanto como no un rey, no un gran estadista ni una eminencia política, se han atrevido a emular el absolutismo del rey Sol.

En esta ocasión, simplemente un gobernante ambicioso, una medianería intelectual, un personaje sin escrúpulos y un arribista dispuesto a mantenerse a cualquier precio en el poder, el señor Pedro Sánchez, líder del PSOE, está intentado que su gobierno deje de ser una democracia al estilo occidental para transformarse, siguiendo el ejemplo de la Venezuela de Maduro, en una dictadura absolutista regentada por un régimen de izquierdas, siguiendo la línea del comunismo soviético.
Estamos asistiendo, sin duda alguna, a lo que se podría calificar como la ruina del Estado de derecho, el desprecio por parte del gobierno y de algunos partidos políticos, por la Ley y la justicia. Montesquieu estableció, en vano, lo que debería ser el vademécum de toda democracia, en el que se fijaban las reglas del juego político mediante la separación de los poderes de una nación, de forma que cada uno de ellos podía ser vigilado y controlado por los dos restantes. El legislativo, el judicial y el ejecutivo las tres instituciones básicas de un estado democrático. En España la Justicia se ha convertido en lo que se podría entender como el derecho de todos los ciudadanos a acusar, juzgar y, en su caso, condenar a cualquiera sobre el que haya recaído una denuncia de haber cometido un delito. Creo que los abogados, los jueces, los magistrados y todos aquellos que estén relacionados con las leyes de un Estado, en el caso de España, sobran.
Se juzga a unos señores que intentaron la proeza de separar a Cataluña de España, se los condena a penas de prisión por intento de secesión, prevaricación y malversación de caudales públicos. Toda la purriela separatista monta en cólera, se suceden manifestaciones de apoyo a los condenados, los presuntos “juristas” se rasgan las vestiduras porque el TS no ha entendido que la democracia consiste en permitir a cualquiera declarar la independencia de un pedazo de España. Y ¿qué sucede? Pues que el Gobierno en lugar de apoyar sin fisuras a los jueces, lo que hace es buscarle una salida al problema porque, sin los votos de ERC, no puede aprobar los PGE. Y ya tenemos a unos señores, que siguen diciendo que volverán a las andadas en su intento de conseguir “una Cataluña libre”, a los que se les da un trato preferente, se les mima en cárceles de lujo y a la primera ocasión que se le presenta, se los indulta, dejando el prestigio del TS por los suelos.
Vara distinta de medir, cuando al PP se le achaca corrupción por hacerse con dinero para ayudar el partido, de una forma poco correcta. El caso Gürtel se convierte en la pesadilla de los populares durante 15 años, en los que han tenido que soportar, los culpables y aquellos que nada tuvieron que ver con aquel tema que, como si se tratase de un Guadiana cualquiera, en cada ocasión en la que a las izquierdas les haya convenido desautorizar al PP, volvieran a insistir en revivir aquellas sentencias condenatorias. Casos como el del señor Camps, de Valencia, que fue llevado a los tribunales por supuestos casos de corrupción y que lleva ganados 15 de ellos, se han quedado en el olvido, sin que nadie de los que lanzaron aquellas calumnias, haya tenido la valentía de pedirle perdón.
Pero veamos el reverso de la medalla. Todavía la cuestión está caliente y, aún antes de que la sentencia, que se ha filtrado del TS , sobre el tema de los EREs fraudulentos de Andalucía, (recuerden, aquellos que comenzó a instruir aquella juez incorruptible, Mercedes Alaya, que fue retirada del caso, de una forma ignominiosa, a instancias del socialismo imperante)por la que, al parecer, se confirma en todo lo básico la sentencia del TSJA por la que se condenaba a personalidades del PSOE, de la categoría de Griñán y Chaves, por delitos de prevaricación y, en el caso del primero, por malversación de caudales públicos;  junto a otros números caso de personajes que intervinieron en la comisión de aquellos delitos de corrupción o se beneficiaron de ello, un delito que ascendió a un monto que rondaba la cifra de los 700 millones de euros; ya toda la parafernalia socialista se ha puesto en marcha iniciando una campaña por la que se intenta desacreditar a los magistrados del TS que decidieron la condena, sin haberse leído los argumentos de la sentencia, ni atender al relato de los hechos probados que dieron lugar a dicha condena, simplemente porque no está redactada y no lo será hasta el mes de septiembre próximo.
No se entiende que un país que se considera una democracia, que sus dirigentes no paran de hablar del beneficio  para los ciudadanos de las decisiones que toman y que presumen en Europa de la forma con la que dirigen España, cuando estos mismos gobernantes resulten ser los que, a la vez, ponen en práctica métodos, como el de no tomar en consideración los argumentos de la oposición, formar un cinturón sanitario a su alrededor y buscar, cueste lo que cueste, evitar que la opinión pública, ante situaciones como la que estamos exponiendo, se escandalice, intentando extender la opinión de que los condenados han sido objeto de una injusticia por parte de los tribunales. Vergonzoso, lamentable y muestra de que el absolutismo al que nos hemos referido, se ha convertido en una práctica corriente entre los que no pueden consentir que, dentro de sus propias , alguien sea acusado de corrupto; naturalmente porque ellos se han proclamado siempre como ejemplos de buenas prácticas y, ahora, ante la evidencia de la gran corrupción que se ha destapado en Andalucía, no saben lo que hacer para intentar evitar, y no lo van a con seguir, el desgaste político que, para su partido, va a tener el tema de la corrupción del gobierno socialista de Andalucía. Y de nuevo ya se dice que el Gobierno va a preparar el indulto para
Y, nuevamente, estamos ante uno de estos casos en los que se demuestra que, el señor Pedro Sánchez y sus compadres, no se detienen ante nada cuando se trata de mantener el apoyo en las urnas de los separatistas vascos y catalanes. La famosa mesa de negociación, entre el “gobierno español” y, al mismo nivel señores, la “Generalitat catalana”, se están dedicando a ver como camuflan los 3.100 millones, en que han aumentado la financiación catalana y cómo defienden que se haya legislado en Cataluña una ley para intentar evitar cumplir con el porcentaje obligatorio de enseñanza en castellano, por supuesto inconstitucional, cuando el propio PSC la ha estado apoyando. Un paripé, previamente acordado entre las partes que, en lugar de mostrar una tirantez propia de la seriedad de lo que se está tratando, parece que lo que hacen en sentarse a hacer tertulia en lugar de estar perpetrando una infamia contra el castellano y, por ende, contra la unidad que proclama la Constitución de la nación española. Mientas, piden con insistencia que se les permita independizarse y, al propio tiempo, vienen exigiendo del gobierno más contribución económica para poder ir poniendo en marcha aquellas instituciones paralelas que precisan para cuando llegue su utópica independencia.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, mientras los separatistas catalanes se frotan las manos y el representante del gobierno español, señor Bolaños, desempeña el triste papel de tonto útil, el resto de los españoles estamos pensando en cuándo va a terminar esta pesadilla, que ya está durando más de lo debido y, al parecer, no tenemos los suficientes reaños para impedir que se siga destrozando España. ¿Será verdad que, el Ejército español ya no es más que otra ONG cualquiera?
Veamos ahora lo que Martin Luther King opinaba sobre la injusticia: “La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes.”