Manuel Parra Celaya.
    Muchos católicos españoles nos quedamos desagradablemente sorprendidos -y entristecidos a la vez- cuando fuimos testigos de la meliflua y claudicante postura de la jerarquía eclesiástica, incluido el propio Vaticano,  ante la profanación de la sepultura del Valle de los Caídos, y ello sin entrar en connotaciones políticas y exclusivamente atendiendo al Derecho y a la cualidad de lugar sagrado donde estaba enterrado Franco; no se cumplieron ninguna de las condiciones que establecen las leyes civiles y canónigas, pese a lo cual ningún obispo alzó la voz.
    Si en la intención del profanador privaban razones partidistas (y/o sectarias) y de oportunismo electoralista, podemos deducir que también pesaron argumentos políticos y no religiosos para que nuestros pastores agacharan la cerviz ante el ucase de Pedro Sánchez: a nadie se le escapaba el nada sutil chantaje del Gobierno acerca de la exención de impuestos, de la propiedad de bienes inmuebles en litigio y, más en concreto, de la enseñanza religiosa y los centros concertados; esta era la causa determinante de los silencios o los consentimientos tácitos o expresos. Acudiendo a Maquiavelo y no a criterios de eticidad, podía ser explicable, por más que aquello de que el fin no justifica los medios nunca ha sido admitido por la Moral Católica.
    Desde una prospectiva más lejana, otro tanto puede decirse de otro silencio apabullante, el de la Corona; tampoco aquí se nos escapan las explicaciones de tipo político, siempre y cuando hagamos abstracción de dos hechos históricos incuestionables: que esta institución debe su segunda restauración precisamente a aquel cuya tumba fue profanada y que fue un decreto con la firma de yo el rey quien decidió el lugar del enterramiento. De todas formas, tanto en un caso como el otro -el de la Iglesia y el de la Monarquía- se trata de hechos consumados y que ya han quedado inscritos en las páginas menos brillantes de sus respectivas trayectorias históricas.
    Pues bien, acudamos ahora el pasado inmediato de hace pocos días, porque en este se centra el revuelo causado por las palabras de la señora Celáa ante los representantes de la enseñanza concertada; menos importancia tiene que contraviniera de forma flagrante las evidencias legales e incluso el propio texto constitucional, como su claro tono de amenaza hacia los sorprendidos anfitriones. Ya es sabido que no se arriado nunca de los programas de la izquierda aquello tan manido de escuela pública, única y laica, que siempre penderá como espada de Damocles sobre familias, colegios y promotores de la concertada. Me sabe mal acudir a la cita histórica que preside estas líneas, posiblemente apócrifa pero muy expresiva, que nos refiere las palabras de Marco Pompilio cuando los generales de Viriato le exigieron el precio por el asesinato del caudillo lusitano, pero viene como anillo al dedo.
    Y tampoco está de más que nos adelantemos en el tiempo y ejerzamos de visionarios agoreros (pero realistas), con respecto a la segunda de las instituciones mencionadas: el más que probable aliado podemita de Sánchez para formar gobierno jamás se ha recatado de manifestar su rechazo frontal a la institución monárquica, así como sus también restauratorias ilusiones hacia aquel experimento nefasto que fue la II República española.
    Incluso, alambicando un poco más, no se nos quita de la cabeza aquel eslogan que era coreado en los mítines del PSOE allá por lo que ahora llaman la primera transición; ¿se acuerdan?: España, mañana, será republicana; posiblemente, persiste en la memoria de algunos de los que han votado al sanchismo. Creo que, por tanto, también se puede aplicar, en clave de vaticinio, la susodicha frase del cónsul romano…
    No pretendamos, sin embargo, apurar los extremos más agoreros del futuro que nos espera a los españoles y a los católicos. Quede, simplemente, aquí la advertencia. La historia nos enseña qué le ocurrió a la Iglesia española cuando los antepasados ideológicos de los actuales socios para la gobernabilidad tomaron las calles; por si acaso, se encargan de recordárnoslo con el ripio de arderéis como en el treinta y seis; y también nos enseña la misma historia qué le ocurrió a la Corona española cuando, tras unas elecciones municipales, en su defensa no acudió ni un piquete de alabarderos.